El Gobierno argentino rechazó la decisión emitida por la Corte Suprema, el cual falló en contra de la presidenta Cristina Kirchner para hacer uso de las reservas del Banco Central, a esto se le suma la mayoría opositora que se obtuvo en el Congreso
El gobierno argentino se enfrascó en dura polémica con la justicia al considerarse perjudicado por fallos que impidieron el uso de reservas para el pago de la deuda, en un enfrentamiento que involucra al Congreso desde que este mes la oposición pasó a ser mayoría. El enfrentamiento se agravó este miércoles cuando salió a la luz que un diputado oficialista pidió averiguar la ideología y vida privada de los jueces. El diputado del gobernante peronismo Alejandro Rossi, propuso durante una reunión legislativa que el Congreso debe averiguar "qué ideología tienen (los jueces), cuántos están casados entre sí, cuántos son parientes, a qué clubes van, a qué colegios asisten sus hijos". Luego de la tormenta que levantaron sus dichos, Rossi negó este miércoles que su planteo tuviera la intención de investigar la vida privada de los jueces, para amedrentarlos. Dado que la política argentina, aun más en los gobiernos de los Kirchner, se ha mezclado con maniobras de tipo mafioso al usar piquetes al estilo montoneros, y sindicatos que han propagado la violencia armada contra los opositores al matrimonio Kirchner, las declaraciones del diputado oficialista, causaron estupor.
El martes, la Corte Suprema de Justicia pidió "mesura y equilibrio" al gobierno tras las críticas de la presidenta Cristina Kirchner, molesta porque varios fallos le impidieron usar las reservas del Banco Central para pagar deuda pública, un episodio que había generado una crisis institucional en enero. El pronunciamiento de la Corte, firmado por seis de sus siete jueces, fue calificado de "poco feliz" por la mandataria, quien además dijo que "la palabra mesura tiene mucho sonido a censura y no me parece lo más apropiado". El mensaje del máximo tribunal fue difundido luego de reiteradas críticas al funcionamiento de la justicia expresadas por la mandataria, que acusó de corrupción a jueces, sin identificarlos, y habló incluso de la existencia de un "partido judicial". En la ya conocida estrategia oficial de Fernandez, de desacreditar a jueces que hacen respetar e imperar el estado de derecho sobre las arremetidas anticonstitucionales de la "Señora Botox", como es llamada en Buenos Aires.
También por la utilización de las reservas del Banco Central, el Poder Ejecutivo mantiene una agria disputa con el Congreso, cuya nueva mayoría opositora le achacó al gobierno que haya evitado la instancia legislativa para intentar llevar a cabo la iniciativa. La designada titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, compareció el miércoles ante el Congreso para exponer sus antecedentes personales, pero se retiró sin que la oposición le formule preguntas. "Estoy tranquila porque el Banco Central actuó en la más absoluta legalidad", dijo la funcionaria. Los senadores opositores anticiparon que no la confirmarán en el cargo debido a que instrumentó un decreto de necesidad y urgencia de Kirchner por el que transfirió unos USD 4.380 millones de las reservas para un fondo destinado a pagar deuda con acreedores privados.
El Senado definirá el jueves en el recinto la situación de Marcó del Pont, quien aseguró que no permanecerá en el cargo si su nombramiento es rechazado. En la polémica intercedió este miércoles la influyente Iglesia Católica, el culto mayoritario de Argentina, en un documento en el que pidió que "los poderes del Estado, de acuerdo a su naturaleza, actúen respetando su legítima autonomía" y reclamó que se deje de lado la "confrontación permanente".
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