Con la cuestión Malvinas, por primera vez desde el conflicto de las papeleras, un tema de política exterior adquiere impacto interno.
Rosendo Fabrega
El gobierno argentino ve en el conflicto desatado por el inicio de la prospección petrolífera en torno a las islas, por parte de empresas británicas, la oportunidad de plantear como prioridad un tema de interés común a todas las fuerzas políticas y dejar en segundo plano las diferencias internas, en momentos que la situación política del oficialismo se ha tornado difícil, tanto en el Congreso como en la Justicia -las causas por corrupción abiertas contra el Gobierno superan ya el medio centenar- y la opinión pública. Por esta razón, el gobierno argentino esta dispuesto a escalar el conflicto en el plano diplomático, como lo muestra la presentación realizada ante la Cumbre de países de América Latina y el Caribe que se realiza en Cancún. Pero se trata de un conflicto riesgoso, dado que la historia muestra que las crisis suelen escalar por error de cálculo. El Decreto del gobierno argentino que impide el paso por aguas argentinas de buques que viajen a las islas, plantea una situación compleja. Si Argentina lo hace cumplir, utilizando para ello la Fuerza -la Prefectura en primer lugar y la Armada en segundo término-, corre el riesgo de militarizar el conflicto. Si no lo hace, puede terminar convalidando la situación de hecho generada por los británicos. Mientras tanto, el Reino Unido quiere dar señales claras de que se mantendrá firme, en momentos que el 58% de su opinión publica apoya el envío de más buques de la Royal Navy para reforzar la base militar de Malvinas.
En el Congreso se ha completado la pérdida del control por parte del oficialismo, lo que resulta lógico de acuerdo al resultado electoral del 28 de junio. Entre dicha fecha y el 10 de diciembre parecía que la fuerte derrota del kirchnerismo no tenía consecuencia alguna sobre el poder, dado el control del Congreso que mantenía el oficialismo. Ello fue consecuencia de la situación excepcional creada por el adelantamiento de la elección legislativa, que creó un espacio de cinco meses y doce días entre elección y asunción de los nuevos legisladores. Pero entre el 10 de diciembre y febrero se hicieron evidentes las consecuencias de la elección: el oficialismo ha perdido el control de las dos cámaras y la Justicia adopta decisiones en forma más independiente. En Diputados, la oposición tiene mayoría y el 2 de marzo reunirá la Cámara para rechazar el DNU que crea el Fondo del Bicentenario. Al mismo tiempo, trabaja en una convocatoria de emergencia para el caso de que un fallo de segunda instancia interrumpa la suspensión de dicho Decreto, lo que podría ser esta misma semana. En el Senado, la oposición parece haber logrado los 37 senadores necesarios para imponerse en la distribución de los cargos tanto en las autoridades de la Cámara como en las Comisiones, lo cual se define en la sesión del 24 de febrero. Incluso podría ser reemplazado el Presidente Provisional del Senado (Pampuro). Pese a ello, el oficialismo sigue intentando negociar con algunos gobernadores para que sus senadores no voten con la oposición al tratarse el DNU que crea el Fondo del Bicentenario.
La elección presidencial del 2011 comienza a dominar la política argentina, aunque falten 20 meses para ella. Tanto en el oficialismo como en la oposición empieza a considerarse la posibilidad de que finalmente el Ejecutivo no cumpla con la reforma política que establece las internas abiertas y simultáneas el mismo día para todos los partidos, que está prevista para agosto del año próximo. Un nuevo adelantamiento de la elección podría ser la justificación. Con realismo, en el oficialismo comienza a contemplarse la posibilidad de que Kirchner sea derrotado en esta interna, ya sea por Reutemann, Narváez o el mismo Duhalde, y se vuelve a ver a Scioli como el eventual candidato presidencial del oficialismo. Mientras tanto, en la oposición se recompone la relación de Cobos con la UCR, pero ambos se distancian de Carrió, quien sigue planteando su incompatibilidad con el Vicepresidente. Dentro del Acuerdo Cívico y Social, el Partido Socialista y el GEN -el partido de Stolbizer- asumen una posición crítica hacia la intransigencia de la líder de la Coalición Cívica. Narváez se muestra decidido a actuar dentro del PJ y ello lo aleja de Macri, que enfrenta diversos problemas -como las inundaciones- en su gestión al frente de la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras tanto la tensión social aumenta y la inflación juega un rol importante en ello. El aumento del básico docente otorgado por el gobierno nacional pone a muchas provincias frente a la imposibilidad de cumplir con el aumento. Además, ocho provincias -incluidas Buenos Aires, Capital y Córdoba- pueden no comenzar las clases, dado que no han logrado un acuerdo salarial con los gremios docentes. El titular de la CGT (Moyano) vuelve a tomar distancia del Gobierno, dando libertad de acción a los gremios para negociar salarios sin pautas, a la vez que presiona al Ejecutivo para la entrega de 1000 millones de pesos adeudados a las obras sociales. Los piqueteros oficialistas, liderados por D'Elía y Pérsico -enfrentados entre sí-, presionan por obtener más subsidios del Plan Argentina Trabaja, mientras que el primero viaja a Teherán junto con el líder de la agrupación Quebracho. Por su parte, los piqueteros anti-kirchneristas convocan nuevas marchas el miércoles 24 contra el uso clientelista de estos planes. En el campo, la Comisión de Enlace es criticada desde sus bases por no organizar una protesta nacional y Alfredo De Angeli anuncia que en marzo volverá a la ruta si no hay soluciones. Sobre este cuadro, la inflación del primer trimestre, y en especial la de alimentos, acentúa todas las tensiones.
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