La definición en el Código Penal Boliviano, establece que incurre en terrorismo “el que formare parte, actuare al servicio o colaborare con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, o la propiedad con la finalidad de subvertir el orden constitucional o mantener en zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella” (art. 133).
* Rafael D. Lopez M es Diputado Nacional.
Si se analiza este artículo lo ocurrido en el caso Rozsa en la ciudad de Santa Cruz, donde el supuesto terrorista y otros extranjeros que lo acompañaban en Hotel Las Américas, fueron brutalmente asesinados, como se ha llegado a comprobar, en el criterio de muchos juristas y penalistas fue para evitar que delaten el complot planificado por el gobierno contra las instituciones cruceñas, ya que este grupo caricaturesco reconocido por el propio gobierno tenía mucho que decir y el objetivo ya se había cumplido de estigmatizar a todas las personas que tuvieron contacto directo o indirecto con el fantasioso aventurero, sin darse cuenta que estaban cayendo en una trampa de terrorismo a la boliviana.
Sabemos que no era una organización armada, que no se atentó contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal o la propiedad; sabemos también que no se cometió ningún delito, salvo el asesinato o ejecución sumaria en el Hotel Las Américas. ¿Cómo podrían siquiera subvertir el orden constitucional sino pertenecían a facción política alguna ni reivindicaron el hecho que se le acusa como un hecho político? Esto hace más bien que el supuesto terrorismo se pueda tipificar como un delito imposible, porque el resultado no se produjo y los medios no eran idóneos, o por la impropiedad del objeto (artículo 10 Código Penal).
El supuesto terrorista Rozsa fue contactado en Hungría, para provocar más bien un terrorismo de Estado con el propósito de encarcelar a todos los que creyeron que era necesaria la preparación de una defensa de Santa Cruz, ante las amenazas reiteradas de los mal llamados movimientos sociales, liderizados por los Surco, los Torrico, los Martínez y demás hordas amenazantes, ¿acaso hemos olvidado el cerco de septiembre de 2008?.
Diputado denuncia ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el objetivo del Gobierno del MAS de querer eliminar a la posición, através de persecuciones políticas, extorsiones, actos montados de supuestos terrorismo, desconocer el resultado electoral que es el mandato del soberano, violando así los derechos humanos en Bolivia, y violando los tratados internacionales de derechos humanos.
Hoy los acusados carecen de mayores posibilidades de defensa, ya que el Estado de Derecho es inexistente en Bolivia, el gobierno se ha adueñado de todos los poderes propios de una nación libre y democrática que garantizaba al ciudadano común el no vivir aterrorizado, me pregunto ¿No es acaso el propio gobierno que mantiene en zozobra al pueblo cruceño? ¿No es el mismo gobierno el que atenta permanentemente contra el orden constitucional, la vida, la propiedad, la seguridad jurídica? Ellos, los del gobierno, al mando de Morales Ayma, andan causando alarma y pánico en un gran sector de la población boliviana, encarcelando y persiguiendo gente con la silenciosa complicidad de nuestros actuales y circunstanciales dirigentes que practican la política del avestruz o se dedican a cantar el “yo no fui … fue Teté.
Sin embargo, tengo la esperanza que tanto el pueblo cruceño como boliviano, recuperará su dignidad y saldremos de esta angustia para reencaminar al país a un buen destino común, acorde a una sociedad sana, sin odios paranoicos, con mejores líderes para reconducir la nave del Estado Boliviano, hoy vapuleado por un gobierno carente total de idoneidad, de un buen sentido común, manifiestamente contaminado e irresponsable, que ha castrado a los ciudadanos bolivianos impidiendo el desarrollo de nuestro país.
De otro lado, y no menos importantes, si se analiza estrictamente y ontológicamente el art. 133 del Cdgo. Penal sobre los elementos de convicción absoluta, fuera de toda duda razonable encontraremos que estamos frente a un terrorismo de Estado en todas sus formas y las más complejas, lamentablemente se tiene como objetivo la violación permanente de las garantías constitucionales y las convenciones internacionales, ya que no cabe duda que los bolivianos vivimos en zozobra e inseguridad jurídica, infundadamente inculpados como terroristas, cuando más bien sabemos que se asesinó a los supuestos Rozsa y Cía, con premeditación, alevosía, torturas, ensañamiento, y además que no se les prestó el auxilio necesario para evitar su muerte, de manera que en ambos hechos delictivos procede la imputación a los culpables que protagonizaron, planificaron y ejecutaron estos delitos de lesa humanidad.
Los bolivianos precisamos gozar de seguridad, y que es la seguridad? Es un sustantivo que traduce un estado institucional o personal que proviene del latín “securitas” que dice que sus componentes son propiedades de lo propio, a lo cierto y a lo confiable, a lo indemne a lo tranquilo, a lo amparado en la vivencia y convivencia en una sociedad justa en un Estado de Derecho, en el fiel cumplimiento de la Ley. Es un valor de derecho fundamental, de las garantías constitucionales, pilar sobre el cual se sustentan todos los valores y derechos que prevé nuestra constitución y a nuestra sociedad jurídica y democráticamente organizada.
Nadie está por encima de la Ley, ni gobernantes ni gobernados sin que se viole el primigenio derecho a la seguridad, sobre todo jurídica, con ciudadanos libres, dignos, con autoestima personal y colectiva, no castrados moral y mentalmente, viviendo temerosos de esgrimir un derecho inalienable como el de la libertad, la libre expresión, tanto política como religiosa, frente a un gobierno que practica el terrorismo a la boliviana.
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