«Primero utilizan el urbanismo y luego las empresas de servicios municipales (agua, limpieza, mantenimiento...), y éstas son un pozo sin fondo, como se ha visto en El Ejido o en Barcelona». Son palabras de un constructor de la Costa del Sol al que políticos de todos los colores llevan años pidiendo dinero: de cien mil a diez millones de euros, si es una recalificación de calado. «Malaya», «Astapa», «Gürtel», «Pretoria»... Son los nombres de las operaciones policiales que han marcado hitos en la lucha contra la corrupción urbanística, que se extiende a todos los partidos: socialistas y populares, nacionalistas e independientes. De ahí que en la opinón pública vaya cuajando la necesidad de poner coto, o al menos atajar en la medida de lo posible, esta lacra en fase expansiva. Voces cualificadas sugieren un pacto de Estado, con profundas reformas legales (administrativas y penales) al que se comprometan todos los partidos.
«Los corruptos no tienen ideología, por eso es absurdo que los partidos quieran ganar votos con el «ladrillazo»; están afectados por igual y sólo si hay financiación ilegal del partido -hasta ahora demostrada sólo en el «caso Filesa»- se puede decir que es la formación política la implicada», explican fuentes fiscales.
Todos corruptos
La «operación Pretoria» lo ejemplifica: dos ex altos cargos del Gobierno de Pujol, un ex diputado del PSC y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet. El dinero manda, como quedó claro tras la «Malaya» en Marbella, donde estaban implicados los concejales del GIL, del Partido Andalucista y del PSOE.
Descartado, por tanto, que unos partidos sean más corruptos que otros -en el futuro quizá se den cambios por las deficiencias de los sistemas de financiación-, sí que hay aspectos comunes en estos escándalos: los municipios afectados tienen entre manos importantes desarrollos urbanísticos, lo que conlleva recalificaciones de suelo y un aumento importante de población.
«El ladrillo ha hecho millonarios a muchos y también llevará a muchos a la cárcel», aseguran las fuentes consultadas por ABC. El sistema de financiación de las corporaciones locales es el caldo de cultivo. «Los ayuntamientos se financian a través de los convenios urbanísticos, y esa es una vía de penetración perfecta para la corrupción. Si no se soluciona la primera, con eso que algunos han llamado la segunda descentralización, no se acabará con la segunda», señalan los expertos.
Al calor del desarrollo urbanístico surgen los protagonistas del cohecho: de un lado, miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento o la comunidad de turno, que llevan mucho tiempo en sus cargos y han tejido una tupida red de intereses alrededor; se sienten cómodos, impunes -el «caso Gürtel», con los ayuntamientos y cargos implicados sería un buen ejemplo-; de otro, empresarios que aspiran a repartirse el pastel, con abogados que asesoran, sacan tajada y disponen además de relaciones privilegiadas en despachos influyentes. El Ejido o Estepona son claros exponentes.
Si a estos elementos se une que el municipio esté en una zona costera, en especial la mediterránea de norte a sur -Costa del Sol, de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña-, el cóctel explosivo de la corrupción estaría servido. Y es que sólo con la intención de recalificar un terreno rústico y convertirlo en urbano comienza a moverse mucho dinero -de nuevo la «operación Pretoria», esta semana en Cataluña, es ejemplo de ello-. Guardia Civil y Policía mantienen abiertas una docena de operaciones y hay varias más que comienzan a dar sus primeros pasos porque la crisis de la construcción aún no afecta a los corruptos.
Empresarios sin escrúpulos
El funcionamiento de las tramas sigue un mismo patrón. Se necesita a un alcalde, un concejal de urbanismo o bien técnicos municipales de ese sector dispuestos a llenarse los bolsillos; alguien ajeno a ellos -aunque puede ser la misma persona, como Juan Antonio Roca en Marbella- que conozca las interioridades de la localidad, en especial posibles recalificaciones; y, empresarios con pocos escrúpulos en unas ocasiones o, en otras, financieros hastiados de no conseguir ni una sola obra de forma legal.
Los promotores compran los terrenos cuando aún no se puede edificar a un precio muy bajo. Buena parte de ese «ahorro» lo dedican a pagar los favores del conseguidor y de los corruptos del ayuntamiento implicado. El resto de su ganancia la consiguen con una nueva venta del solar, ya a un precio mucho más elevado, o bien con la venta de los inmuebles que construye. Dinero fácil para todos y posibilidad de repetir la operación casi hasta el infinito.
No existe patrón sobre quién toma la iniciativa del cohecho: el político -como parece que sucedió en Estepona- o el empresario, consciente de que tiene que depositar una «mordida» si quiere trabajar en un pueblo determinado. El elemento común es el ladrillo y el dineral que lleva aparejado.
La corrupción urbanística produce más dinero que la droga, según fuentes policiales, y tiene la ventaja de que las penas son menores. Un ejemplo es Julián Muñoz, condenado en un buen número de causas y en libertad a la espera de que se celebre el juicio por la «operación Malaya», la primera que se saldó con la disolución de un Ayuntamiento por corrupción.
La «Malaya» es por «reiteración, alevosía» y monto del trinque el mayor caso de corrupción urbanística destapado. No es casualidad que se diera en Marbella. Málaga es una de las provincias con más denuncias. Desde 2006 han sido detenidos siete alcaldes y más de 300 personas serán juzgadas en 2010 por corruptelas de todo tipo. En Andalucía los casos son legión. No se libra ni una sola provincia, aunque como es lógico existen grados de voracidad económica. En los últimos años han sido investigados medio centenar de alcaldes andaluces, buena parte del PSOE, casi siempre por construir en terrenos no urbanizables. El Ejido es el último episodio y ha acabado con su regidor, ex PP, en prisión.
En Canarias, otro de los feudos apetitosos, se ha dado en los tres últimos años un desfile de alcaldes, ex alcaldes y responsables de urbanismo por los juzgados. El caso de más relumbrón ha sido el del regidor de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), a raíz de una operación millonaria para urbanizar parte del frente de la playa de Las Teresitas. Las corruptelas salpican tanto a la formación nacionalista como a la grancanaria Nueva Canarias, así como a los dos grandes partidos, PP y PSOE. El último gran caso ha sido la «operación Unión», con una treintena de detenidos en Lanzarote y que afecta especialmente al PIL de Dimas Martín y a su socio habitual, el PSOE.
Ex presidentes a la cabeza
Baleares es la comunidad que apunta más alto desde el punto de vista político, dado que están imputados por presunta corrupción el ex presidente del Gobierno autonómico, Jaume Matas (PP) -caso «Palma Arena»- y la presidenta del Parlamento balear, María Antonia Munar (UM) por una venta irregular de terrenos. Otro ex presidente, Gabriel Cañellas (PP), es investigado por la Fiscalía en relación con el ayuntamiento de Andratx, y el ex alcalde de ese municipio mallorquín fue condenado a prisión.
En Murcia se instruyen nueve casos: seis afectan a municipios gobernados por el PP y el resto al PSOE o vinculados a anteriores ediles socialistas. Hay ocho alcaldes y ex alcaldes de ambas formaciones imputados por tramas de corrupción, y dos diputados regionales, uno de cada partido. Cierran la lista el senador socialista Manuel Hurtado, cuyo aforamiento está pendiente de la decisión del TS, y el ex consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués, detenido en marzo en relación con la recalificación de una finca protegida para una urbanización de lujo.
La Comunidad Valenciana, donde la Gürtel ha extendido sus tentáculos pero no en el urbanismo, tiene también una decena de alcaldes y ex alcaldes imputados, así como una ex diputada socialista en el Congreso, a quien la Fiscalía acusa de vivir en un chalé «regalado» por una constructora.
El caso Ciempozuelos de Madrid, los alcaldes populares de esta comunidad imputados en la Gürtel... no son municipios costeros, pero las apetencias urbanísticas en zonas como Boadilla, Majadahonda o Pozuelo resultan aún mayores y la posibilidad de hacer caja, también. En la memoria colectiva está el caso del macroproyecto de Seseña, promovido por el constructor Francisco Hernando, «El Pocero», con la recalificación de dos millones de metros cuadrados para construir 13.500 viviendas -sólo hay construidas 5.600 y las obras se han paralizado-. Anticorrupción sigue investigando la que se considera la mayor operación especulativa de vivienda.
«Si no hay un enriquecimiento o algún componente penal, son conductas asumibles por la sociedad. Es frecuente encontrarte a gente que te dice sin rubor que prefiere que se lo lleven los suyos (a quienes votan), a que se beneficien los contrarios; o que te suelten que antes lo han hecho todos los que han pasado por allí», señalan los investigadores.
En cuanto a los denunciantes, las Fuerzas de Seguridad reciben informaciones anónimas y otras con nombres y apellidos: una parte nada desdeñable procede de empresarios que se sienten agraviados por el reparto del pastel. Otros, denuncian cuando fracasan en los procedimientos legales que plantean y creen que tienen razón.
«La corrupción es un problema de todos que tenemos que erradicar» (Soraya Sáenz de Santamaría esta semana), pero la proclamada «tolerancia cero» es aún más que una utopía para todos los partidos políticos.
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