CHILE: ASMAR REINICIA OPERACIONES Y SE PREPARA A FIRMAR CONTRATO POR US$140 MILL.

Este 1° de julio los astilleros de la Armada reiniciarán sus funciones en una primera etapa: en construcción de buques, preparación de diques y prestando servicios a la marina nacional. Así lo anunció ayer el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, quien afirmó que pudo constatar en terreno que “en estos últimos dos meses ha habido un avance notable en materia de reconstrucción, de limpieza y podemos decir que ASMAR se ha puesto de pie”.

Tras una inspección a la Base Naval de Talcahuano y a los astilleros de la Armada, el ministro informó que también se está avanzando en el área presupuestaria para poder empezar los trabajos de reconstrucción.

“En el día de ayer se ha firmado el contrato de ingeniería básica para hacer el diseño de lo que va a ser la reconstrucción de los muelles y los molos de ASMAR y esperamos en el mes de noviembre estar licitando el contrato de más menos 140 millones de dólares, y que significa recuperar ASMAR en su capacidad de reparar y mantener los buques de la Armada”, afirmó el secretario de Estado.

El ministro Ravinet también se refirió al interés de Chile por buscar un socio estratégico que permita potenciar el área comercial de ASMAR. “La labor de prestación de servicios a terceros y construcción marítima es algo que vamos a estudiar durante el próximo año, de una forma muy transparente, para estudiar el objetivo del negocio, y ver la conveniencia de incorporar un socio estratégico en sólo esta parte de ASMAR”, sostuvo.

Al respecto, dijo que ya hay conversaciones con inversionistas europeos y asiáticos, interesados en el trabajo naviero.

Además, el ministro Ravinet también abordó el tema de los despidos que producto del terremoto y tsunami se producirán en la empresa naval.

El secretario de Estado, junto al senador Hosain Sabag y al diputado Cristián Campos, participó en una reunión con la administración y los directivos sindicales de la empresa en la que se acordó mantener en sus puestos a cerca de 2.500 trabajadores. Cerca de 500 serán reubicados y no más de 400 desvinculados. Sin embargo, ellos tendrán prioridad para reincorporarse cuando se inicien las tareas de reconstrucción de los astilleros y de la Base Naval.

EJERCITO DE CHILE ALISTA CAPACIDADES COMUNICACIONALES DE VI DIVISIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS NATURALES

En el marco de los preparativos del simulacro de emergencias, que se realizará el próximo miércoles 30 de junio en la ciudad de Iquique, la Intendenta de la Región de Tarapacá, Luz Ebensperger Orrego, conoció las capacidades de comunicaciones con que cuenta la VI División de Ejército para el apoyo de las autoridades, en caso de ocurrir una catástrofe natural en la zona.

La autoridad regional, en compañía del Comandante en Jefe de la mencionada División, General Sergio Béjares Von Chrismar, se trasladó a la Escuela de Caballería Blindada, donde presenció una exposición y recorrido que incluyó, entre otros elementos, sistemas móviles de telecomunicaciones instalados en carros mowag y radioperadores, ambos de dotación del Regimiento de Telecomunicaciones N° 6 “Tarapacá”.

Éstos –que fueron probados en terreno- son los elementos más relevantes del sistema de apoyo de comunicaciones, pues le otorgarán al Gobierno una eficaz cobertura en situación de emergencia, que le permitirá realizar las primeras coordinaciones y misiones para ir en ayuda de la población.

Al final de la actividad, que consideró, además, conocer las cualidades y equipamiento de los vehículos y al personal de Telecomunicaciones que conforman el puesto de mando móvil, la Intendenta destacó que el Ejército permite tener en servicio todo un sistema, como opción complementaria al de la Onemi Regional, y valoró su autonomía en la transmisión de datos, imagen y audio dentro de la Región y con el resto del país.

ABJASÍA Y OSETIA DEL SUR LLEGAN ACUBA, NICARAGUA Y VENEZUELA BUSCANDO RECONOCIMIENTO

Los líderes de Abjasia, Serguéi Bagapsh, y Osetia del Sur, Eduard Kokoiti, viajarán en julio a Cuba, Nicaragua y Venezuela para impulsar el reconocimiento de ambas regiones separatistas como estados independientes, detonado desde Moscú.

Hugo Chávez y Vladimir Putin en su ultima visita a Venezuela 

"Planeamos visitar Cuba, así como Nicaragua y Venezuela. Estamos preparando un paquete de documentos que serán firmados en el curso de estas visitas y que apuntan a desarrollar las relaciones bilaterales", declaró Kokoiti a la agencia rusa Interfax.

Un portavoz de la Cancillería de Abjasia precisó por su parte que la visita de ambos dirigentes a La Habana, Managua y Caracas tendrá lugar en la segunda mitad de julio".

Tras la guerra ruso-georgiana de agosto de 2008 por el control de Osetia del Sur, Rusia estratégica y rápidamente reconoció la independencia de ambas regiones georgianas, en cuyos territorios instaló además sus bases militares.

Ese paso de Rusia fue automáticamente secundado por los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y la isla micronesia de Nauru, mientras que los aliados más estrechos de Moscú en la post-soviética Comunidad de Estados Independientes todavía se niegan a darlo.

Medios rusos han apuntado que Rusia logró que Nicaragua y Nauru reconocieran la independencia de los separatistas georgianos a cambio de promesas de créditos, mientras que Venezuela lo hizo por llevar la contraria a su enemigo, Estados Unidos, aliado de Georgia y lograr una ampliación para Venezuela de su linea de crédito en Rosboronexport.,el gigante exportador de armamento ruso.

El líder nicaragüense por su parte, Daniel Ortega, reconoció la independencia de Abjasia y Osetia en septiembre de 2008, poco después de que lo hiciera el presidente ruso, Dmitri Medvédev.

En septiembre de 2009 hizo lo mismo Hugo Chávez, lo que infundió esperanzas a las regiones separatistas de que también Cuba y otros países latinoamericanos reconocieran su independencia. Una reconocimiento forzado para un movimiento geopolíticamente estratégico separado de las causas democraticas.

"Creemos que los países que respetan la autoridad de Chávez como líder regional seguirán su ejemplo"(!!!), aseguró entonces a Efe Serguéi Shamba, en aquel momento jefe de la diplomacia abjasa y ahora primer ministro.

Shamba subrayó que Cuba y Bolivia, como integrantes de la alianza bolivariana, podrían ser los próximos en respaldar diplomáticamente a Abjasia y a Osetia del Sur.

"Parece que todos estaban esperando que Chávez diera el primer paso. Ahora, todo será más fácil para los países con una política exterior más independiente", dijo.

CHILE-ECONOMÍA: IMPUESTO A LAS MINERAS

En el cobro de un impuesto temporal a las empresas mineras se concentra la primera gran batalla entre el Gobierno de derecha del presidente de Chile, Sebastián Piñera y la oposición de centroizquierda, que recién se está acomodando en este papel tras pasar 20 años en La Moneda.

El presidente Piñera durante las transmisiones del mundial de football junto a los damnificados del tsunami y terremeto del 27-F

El royalty minero es un impuesto a la extracción de minerales establecido en 2005 y su modificación es el único artículo del proyecto de ley de financiación de la reconstrucción del país después del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero que ha sido rechazado por la oposición en el Senado. La ley fue propuesta por el Gobierno de Piñera para reparar los daños por cerca de 30.000 millones de dólares que dejó el sísmo.

El debate sobre qué impuesto se cobrará y durante cuánto tiempo se librará la próxima semana en una comisión mixta del Congreso, de senadores y diputados. La polémica ha adquirido tintes dramáticos, sólo opacados en la agenda pública por las actuaciones de la selección chilena en el Mundial de fútbol de Sudáfrica. Las mineras son las empresas más rentables del país. El Gobierno propone aplicarles un impuesto que oscile entre el 4% y el 9%, durante dos años, y ampliar a estas empresas la invariabilidad tributaria desde 2017 a 2025. Esto permitiría recaudar unos 700 millones de dólares para aportar a la reconstrucción.

Piñera demandó a la oposición que apruebe el proyecto y no dé la espalda a los damnificados que dejó el terremoto. "Cuando un presidente pide por Chile no se humilla. Pido con mucha humildad al Congreso que apruebe el proyecto de financiamiento", afirmó Piñera.

El ministro de Minería, Laurence Golborne, sostuvo que rechazar el royalty significará no contar con un monto que, por ejemplo, permitirá construir los 12 hospitales que derrumbó el terremoto, o entregar 50.000 viviendas a los damnificados. La oposición, tras criticar varios aspectos del proyecto de financiación, concentró su rechazo en el impuesto a las mineras y aprobó las propuestas de aumento transitorio de impuestos a las empresas y viviendas más lujosos, y otros permanentes al tabaco. Finalmente, pidió al Gobierno que no presione con las necesidades de las víctimas.

La centroizquierda pide que se elimine el royalty del proyecto de financiamiento porque, de ser aprobado, significa comprometer a este Gobierno y a los tres siguientes con la invariabilidad de impuestos a las mineras, sin considerar la oportunidad única de lograr una imposición tributaria al rentable sector minero. La oposición de centro izquierda piensa que podría volver luego de la administración Piñera. 

La mineras extraen un recurso no renovable y a pesar de que otros países están subiendo este gravamen, es la propia izquierda chilena increíblemente la que protagoniza y encarna el sector más duro que obstaculiza la tendencia mundial. Desde el Gobierno replican que la invariabilidad tributaria a las mineras fue establecida por el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006) hasta el 2017 por un royalty de 4%. Chile tiene recursos en caja como para solventar los 700 millones de dólares, y por la solidez de sus finanzas, también puede solicitar un préstamo externo, pero su gobierno, al parecer, lo que no desea es recargar la cuenta de sus pasivos en el extranjero. Por ello, y para asegurar recursos frescos que no gravan sus cuentas fiscales que irán en directo beneficio de los siniestrados, ha propuesto imponer una carga tributaria a la gran minería privada. La izquierda chilena, parece seguir sin rumbo y echa mano a lo que sea, con tal de torpedear el trauma de haber perdido el poder.

EFECTOS DE PENETRACIÓN IRANI : MIEMBRO DE HIZBULLAH ES DETENIDO EN PARAGUAY

Un elemento del pro iraní Hizbullah requerido por Estados Unidos fue capturado ayer en una operación efectuada en Ciudad del Este por agentes de Interpol. Lo acusan de integrar la estructura de financiamiento del terrorismo islámico a partir de actividades desarrolladas en varias ciudades de Norteamérica.

*ABC.com.py

Moussa Ali Hamdan, conocido también como Moussa Hamden, capturado ayer en Ciudad del Este.

El detenido es Moussa Ali Hamdan (38), conocido también como Moussa Hamden, reportó ayer la oficina de Interpol filial Paraguay. El arresto de Hamdan es producto de una petición formulada por la Embajada de Estados Unidos, en respuesta a una solicitud de las autoridades judiciales del distrito este de Pennsylvania. Un seguimiento del servicio antiterrorista de Washington detectó actividades sospechosas de Moussa en territorio de los Estados Unidos. Según los datos, el libanés es investigado desde enero del 2008 cuando estableció contactos en Philadelphia para armar una red que obtuviera recursos económicos a partir de actividades como la falsificación de billetes y la venta de pasaportes estadounidenses a individuos que se encontraban en ese país.

Las investigaciones pudieron determinar que estas operaciones buscaban en realidad, obtener recursos para sostener financieramente la lucha que del Hizbullah en Medio Oriente.

Provisión de fondos

La alerta remitida a la filial de Interpol Paraguay y que fue adjuntada al oficio de captura de Moussa establece detalladamente las actividades que el ciudadano libanés desarrolló en Estados Unidos durante todo el 2008 hasta noviembre de 2009.

“Desde el 1 de enero del 2008 hasta el 21 de noviembre del 2009, en Philadelphia, Pennsylvania y más allá, Moussa Ali Hamdan y otros participaron en un plan delictivo para beneficiar a las designadas organizaciones terroristas (como el Hizbullah), beneficiándose de la venta de dinero falsificado y pasaportes”, dice la petición judicial que permitió que el juez Hugo Sosa Pasmor dictara una orden de captura en contra de Moussa, en el marco de un pedido de arresto provisional con propósito de extradición a Estados Unidos.

Para la investigación, Moussa integra una red de logística del Hizbullah, responsable de los procedimientos de obtención de fondos para sustentar la causa islámica.

En un edificio en la capital del Alto Paraná

Moussa Ali Hamdan residía en un apartamento del edificio Panorama II, ubicado sobre la calle Carlos Antonio López esquina Coronel Franco, en cuyas inmediaciones fue detenido. Tras su arresto, fue derivado directamente a la base de Interpol, en Asunción. El procedimiento fue secundado por agentes de la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (Seprinte). Desde que ingresó a Ciudad del Este, Moussa se movía permanente en la zona de la Triple Frontera entre el Brasil, Paraguay y Argentina. Las fuentes, que no saben cuál fue el objetivo de Moussa en la región, indicaron que una sólida organización está detrás del libanés en la ya famosa zona de la triple frontera, conocida por ser un nido de agentes pro musulmanes.

Usaba autos para enviar armas

Moussa Ali Hamdan es sospechoso de dirigir una organización que captaba autos robados en Estados Unidos para enviar dentro de los vehículos armamento hacia Medio Oriente. “Las investigaciones detectaron envíos a Cotonou, Benin, Líbano. Son seguimientos que se hicieron en los últimos dos años dentro del territorio de los Estados Unidos”, explicó ayer un agente de Interpol al detallar la operación. Hamdan aguardará ahora el resultado de un proceso de extradición.

OPINION: CHILE Y AMERICA LATINA ¿A QUE LE TEME SEBASTIAN PIÑERA?

* Paola Molina es dirigente regional de Primero Justicia.

La administración Piñera cumple sus primeros cien días de gestión en Chile, lo que nos llama a hacer un balance de los resultados obtenidos hasta el momento. Estamos de acuerdo que en tan corto tiempo no es fácil realizar grandes cambios internos y menos aún cuando se recibe un país en estado de emergencia, producto del catastrófico terremoto que lo azotó recientemente y de 20 largos años de la Concertación en el poder. Enfoquémonos entonces en el desenvolvimiento en materia de política exterior hacia la región latinoamericana que Chile ha tenido hasta el momento.

En su primera rueda de prensa, Piñera fue muy enfático al expresar su enorme desacuerdo en relación al régimen político y al modelo económico que nos impone el presidente Chávez a los venezolanos. Al respecto y fiel a su estilo confrontacional, Chávez no tardó en retrucar dichas declaraciones, llamando a su homólogo chileno a que se dedicara a gobernar su país, manifestando su desacuerdo con el hecho de que “un empresario tan rico sea Presidente”, y finalmente formulando una advertencia: “espero que Chile no se convirtiera en plataforma de ataque a Venezuela”. Piñera pareciera haber acatado las órdenes del Teniente Coronel Chávez y hoy en día, que en mi país se ha agudizado la violación de las libertades y los derechos fundamentales, no se ha escuchado el menor pronunciamiento por parte del mandatario chileno.

Por otra parte despierta una enorme curiosidad entender por qué la administración Piñera no manifestó oposición alguna a la reelección de José Miguel Insulza como secretario de la OEA; a sabiendas de las reiteradas violaciones de la Carta Democrática Interamericana por parte de dicho organismo internacional y la manifiesta complicidad del Insulza, ex funcionario de Salvador Allende, con gobiernos que violan los derechos fundamentales de sus pueblos, tales como Cuba y Venezuela.

Otro asunto al que no le encontramos explicación, es por que el presidente Piñera no ha reconocido aún a Porfirio Lobo como primer mandatario legítimo de Honduras, luego que éste haya resultado electo por el voto popular en elecciones de comprobada transparencia. Este hecho le permite a Manuel Zelaya, también discípulo del mandatario venezolano, continuar vengándose del pueblo catracho por no haberle permitido perpetuarse en el poder, llegando a complicarles la existencia hasta un punto exasperante.

Finalmente, y entre todos estos detalles de manejo de la política exterior hacia la región, resulta imposible obviar que el premier chileno se haya venido mostrado tan condescendiente con el gobierno de Argentina. Permitiendo en primer lugar que Néstor Kirchner, acusado de enriquecimiento ilícito y de impulsar enormes negociados junto al gobierno de Venezuela, fuera electo secretario general de la UNASUR; y en segundo lugar permitiendo que los Kirchner provocaran la renuncia del embajador Miguel Otero, representante diplomático del pueblo chileno en Argentina, a través de un sucio y cuestionable operativo de prensa.

Las expectativas que sembró Piñera en la región fueron enormes. Quienes en este lado del mundo, víctimas de la catástrofe institucional conocida como socialismo del siglo XXI, continuamos defendiendo la libertad y la democracia, vimos en el flamante presidente de Chile a un buen amigo de la libertad. Cien días después de comenzado su gobierno nos preguntamos ¿A que le teme Sebastián Piñera?

ARGENTINA: CASO COIMAS EN NEGOCIOS CON VENEZUELA - UNA MATERIA PRIMA DE LA DIPLOMACIA

*Colaboración enviada por Andres Cisneros, Buenos Aires, Argentina. Abogado. Universidad del Salvador. Cursó la carrera de Ciencia Política. Secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (1996-1999). Secretario General y de Coordinación. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (1992-1996). Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. Jefe de Gabinete del Ministro Guido Di Tella. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (1992-1996). Jefe de Gabinete del Ministro. Ministerio de Defensa. (1991). Vicepresidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), desde 1994. Miembro del Directorio de la CONAE desde 1991.Ademas es autor de Política Exterior Argentina 1989-1999: Historia de un éxito. Compilador (1998).

La ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación, en el juego de sus artículos 21, 23, 24 y concordantes, dispone que los diplomáticos no podrán revelar información de carácter confidencial. Todos los que hemos revestido rango diplomático, nos encontramos alcanzados por el debido juramento que, para ello, dispone el decreto reglamentario 1.973/86.

Infortunadamente, la norma no prevé a quién corresponde determinar cuál información es reservada y cuál no. Por ende, debemos seguir al sentido común y a la interpretación general de las leyes, para concluir que esa responsabilidad no le corresponde al diplomático sino a la más alta autoridad de ese Ministerio : para cometer una falta, hace falta conocer de antemano la decisión política, no diplomática, de a qué cosas alcanza una restricción legal. En efecto, en ausencia de un mecanismo objetivo de adjudicación de la confidencialidad, ésta debe ser efectuada por quien ostenta la autoridad legal en el área. Una vez hecho, la comunica a su subordinado y asume la responsabilidad de lo que ha decidido.

En mi opinión, la Cancillería debió convocar a Sadous, requerirle que transcriba por escrito toda la información en su poder y, luego de analizarla, instruirlo de cuáles tramos de ella, si alguno, deben permanecer reservados. De tal suerte, el funcionario se encuentra habilitado para comparecer donde se lo cite y, preguntado por determinada información, contestará que ya la elevó a sus superiores, a quienes pueden dirigirse para obtener los datos que correspondan. En la historia reciente, es lo que hizo, por ejemplo, el canciller Di Tella respecto de varios de sus funcionarios, entre los que me cuento, oportunamente citados por el Poder Legislativo.

Tampoco aparece redundante que, habiendo ya depuesto ante la Justicia, se cite a Sadous para que, presumiblemente, diga exactamente lo mismo en la Cámara de Diputados. Se trata de ámbitos diferentes donde lo que se persigue son fines distintos. Los jueces procuran establecer si se cometieron daños o delitos. Los legisladores, si se afectó el interés nacional en el exterior. Por ende, lo que jueces y legisladores puedan repreguntar, seguramente será distinto.

La confidencialidad es una materia prima muy presente en el trabajo diplomático, pero las restricciones a las que las autoridades tienen derecho, deben ser aplicadas con mucha prudencia, dada la legítima aspiración de los argentinos a vivir en un ámbito de transparencia.

FUERZA AEREA PARAGUAYA NO PERMITE INVESTIGACIÓN POR IRREGULARIDADES CON EMPRESA ESPAÑOLA

La Inspectoría de las Fuerzas Armadas (FA) no pudo auditar la unidad. No se le permitió el acceso a todos los documentos, posiblemente para tapar una posible irregularidad en las compras.

*ABC.com

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Adicionalmente, La Cámara Baja aprobó hoy el pedido de interpelación al ministro de Defensa Nacional, Luis Bareiro Spaini, quien deberá concurrir a la sede parlamentaria para explicar el exabrupto que significó el envío de una carta en tono de reproche a la Embajada de EEUU.

En dicha  interpelación que se llevara a cabo el día jueves, los diputados solicitaran que Spaini explique otros asuntos no aclarados por la cartera de Defensa como la situación del hospital militar y él ingreso no autorizado de un  avión venezolano al país con personal militar ligado a los servicios de inteligencia venezolana, entre otras cosas.

 

LA INVESTIGACIÓN QUE FUE BLOQUEDA 

El 11 de junio del 2010 el coronel Heriberto Insaurralde Amarilla, director de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas, envió una nota al ministro de Defensa nacional, Luis Bareiro Spaini, en la cual informa el corte de auditoría en el Centro Financiero Número 4-Comando de la FA. El corte de auditoría se realizaba en razón “de la no provisión de los documentos requeridos para realizar nuestro trabajo conforme al programa anual de auditoría”.

La FA, a cargo del general Hugo Aranda Chamarro, entregó materiales sueltos que no pueden ser analizados pues “los mismos deben ser estudiados en su conjunto”. La FA tan siquiera respondió a los requerimientos por escrito sobre entrevistas solicitadas al comandante de la unidad y otras autoridades administrativas.

La resolución número 312 del Ministerio de Defensa por la cual se dispone la inspección para “ejercer el control de los procedimientos, metas, proyectos y objetivos de cada centro financiero” establecía una aclaración determinante: “Todos los procesos de adquisición de equipos militares, de seguridad y de servicios que se realicen por la vía de la excepción se contratarán únicamente con los propios fabricantes de cada uno de los bienes, a los fines de seguridad, economía y racionalidad en la inversión del presupuesto previsto por la misma...”.

En la FA se había contratado, nuevamente, con una empresa que, de acuerdo con nuestras informaciones, no reunía estos requisitos y que la misma Contraloría, en un dictamen anterior, cuestionó. Se trata de la empresa española Proiberica.  Específicamente, había cuestionado el incumplimiento del contrato anterior con esta empresa por G. 726.868.129. Hasta el cierre del año fiscal 2009 (el contrato se definió el 25 de mayo) Proibérica no cumplió con la entrega de repuestos y accesorios adjudicados.

 Sin embargo, el Ministerio del Interior paraguayo  no comunico la adjudicación hasta septiembre del 2009 de la compra de los tres helicópteros ‘Robinson Raven II’ para la Policía Nacional de Paraguay. Cuatro meses después. La firma española Proibérica fue la adjudicataria para la provisión de las aeronaves. En una licitación pública, la empresa presento una oferta de 2,6 millones de euros, además de la prestación de servicios técnicos y de adiestramiento del personal policial en España. Las dos primeras unidades se supone que llegarían al país en los próximos cuatro meses. Plazo que no se cumplió.

 El paquete inicial incluía dos pilotos con experiencia en trabajos policiales, equipos de mecánicos y mantenimiento, además de un grupo de instructores para capacitar a futuros oficiales pilotos y mecánicos de la Policía Nacional por parte de la empresa adjudicataria. El paquete también contemplaba todas las prestaciones propias de un helicóptero policial, incluyendo equipamiento óptico, tanto para visión nocturna y visión infrarroja, juego de cinturones de seguridad, equipos de sirena y altavoz, sistema de enlace microondas para la transmisión de imágenes, etc.

 El programa previa cuatro cursos de operadores policiales, seis cursos de mecánica, seis talleres de pilotos de helicópteros especializados en operaciones policiales y diez cursos de capacitación en territorio español, así como software de gestión de flota y capacitación, y los seguros de responsabilidad civil para las aeronaves. Nada de eso se cumplió.

ARGENTINA SE QUERELLARA CONTRA FERROSTAL Y HAWKER DE EEUU

Argentina quiere presentarse como querellante en un proceso judicial que investiga en Múnich un caso de sobornos en contratos del astillero alemán Ferrostaal, anunció hoy la ministra argentina de Defensa, Nilda Garré.

*Terra.com.ar

"Hemos pedido a nuestra embajada en Alemania que inicie las gestiones porque nos interesaría mucho ser querellantes en este expediente", aseguró Garré en una rueda de prensa.

La ministra adelantó también que solicitó a la embajada alemana en Buenos Aires que "facilite la información" de la causa porque la intención del Gobierno es "investigar a fondo la cadena de responsabilidades" que ha tenido este escándalo.

La semana pasada, el Ministerio de Defensa denunció penalmente a miembros de la Armada argentina, empresarios y abogados por un presunto caso de sobornos en contratos con el astillero alemán.

La denuncia por delitos de cohecho, tráfico de influencias y soborno trasnacional alcanzó al vicealmirante Gustavo Lepron y al contraalmirante Alejandro Uberti -ambos retirados-, así como al contraalmirante Juan Carlos Palma y al abogado de la Armada Osvaldo Parrinella.

La demanda también incluyó a los empresarios alemanes Matthias Mitscherlich, presidente de Ferrostaal hasta el 1 de junio pasado, Peter Fischer-Hollweg y al abogado Helmut Cristian Graf.

Según indicó la cartera de Defensa, todos los denunciados "habrían tenido participación" en el pago de sobornos a miembros de la Armada argentina para la adjudicación de una contratación de patrullas guardacostas.

Hoy, Nilda Garré ratificó que el Ministerio a su cargo entiende que las irregularidades son "serias".

La demanda se produjo tras una "investigación interna" derivada de la denuncia publicada el pasado día 10 por el diario La Capital, de la ciudad argentina de Rosario.

El diario recogió la versión de un testigo de identidad reservada, ex empleado de Ferrostaal, que declaró ante la Fiscalía de Múnich que el plan original de la compra de patrullas guardacostas involucraba un contrato por entre 230 y 250 millones de euros (entre 280 y 305 millones de dólares).

Pero, finalmente Argentina compró un diseño por 3,5 millones de euros (unos 4,2 millones de dólares).

Por ese trabajo, de acuerdo con el testigo, se pagó entre el 6 al 6,5 por ciento de sobornos, es decir unos 218.750 euros (267.000 dólares) y Graf actuó como intermediario entre Ferrostaal y miembros de la Armada argentina para negociar los contratos y las coimas.

La Justicia alemana investiga a Ferrostaal y otras firmas por el presunto pago de sobornos en contratos con funcionarios de varios países, entre ellos Colombia, Portugal y Argentina, donde, según el semanario Der Spiegel, se pagó en 2006 una suma millonaria en un caso en el que aparece también involucrado el astillero alemán Fassmer.

La denuncia del Ministerio sucedió a otra hecha un día antes por la Oficina Anticorrupción de Argentina para que se investigue si funcionarios de esa cartera y de la Armada cobraron sobornos en contratos con Ferrostaal.

Además de la investigación por el caso de las patrullas, el Ministerio de Defensa detectó irregularidades en otro contrato entre la Armada y Ferrostaal, rubricado en 2004, para la adquisición de una planta propulsora para la Fragata "Libertad" de la Marina argentina.

En este caso, Defensa denunció penalmente el pasado día 7 a Gustavo Lepron, a los capitanes Alberto Pérez, Eduardo Harris, Gerardo Bellino y Mario Pontello, entre otros funcionarios de la Armada.

La ministra indicó, asimismo, que ha abierto una auditoría "que puede derivar en otra denuncia penal" por un contrato entre la Armada y la empresa estadounidense Hawker para la renovación de baterías de un submarino.