Mientras expertos jurídicos declaran que la medida es "abiertamente inconstitucional", otros sectores sostienen que generará una aguda polarización en la sociedad.
El sorpresivo fallo emitido el lunes por la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró "inaplicable" el artículo 147 de la Constitución, que impide la reelección presidencial continua y limita a dos el máximo de mandatos, cayó como una verdadera "bomba" en la sociedad nicaragüense.
Con esta sentencia, que fue reconocida por el Tribunal Electoral, se da luz verde a la pretensión del Presidente sandinista Daniel Ortega para buscar un nuevo período de gobierno en 2011 y, según los expertos, reforma de facto la Carta Magna.
Los cuestionados fallos, que se aprobaron con el voto de los magistrados sandinistas que controlan ambos poderes del Estado, generaron un nuevo conflicto político en Nicaragua, que amenaza con trasladarse a las calles.
Ayer, organizaciones civiles y políticas opositoras llamaron a una "amplia resistencia cívica" en rechazo a la sentencia judicial. Líderes del Movimiento por Nicaragua (MPN), la Coordinadora Civil (CC) y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAJ), entre otros, convocaron a una "gran movilización nacional ante lo que llamaron un "acto de barbarie jurídica".
La oposición política, en tanto, anunció que boicoteará las leyes económicas del gobierno de Daniel Ortega, en rechazo a la sentencia, mientras que la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) que aglutina a empresarios nicaragüenses y norteamericanos, dijo que se opone a esta medida, que pone en riesgo la inversión y las posibilidades de desarrollo económico.
Ortega minimizó la reacción de sus adversarios. Dijo que el fallo es "inapelable" y que los diputados y los magistrados electorales y judiciales también tienen el privilegio de reelegirse. "¿Por qué querer negarle el derecho al pueblo a elegir o no a una persona a cualquier cargo?", preguntó.
Añadió que el Presidente y los alcaldes habían sido "los únicos castigados" por una reforma constitucional que en 1995 prohibió la reelección continua.
"¿Acaso en Costa Rica, el Presidente Óscar Arias no fue reelecto de la misma forma? No veo por qué tanto escándalo", señaló a periódico "El Mercurio" el diputado sandinista Edwin Castro, antes de cortar abruptamente la conversación telefónica.
Mientras, sectores políticos independientes puntualizaron que la medida adoptada es "total y absolutamente ilegal" y abre un incierto escenario de consecuencias políticas imprevisibles.
El ex presidente de la Corte Suprema Alejandro Serraño explicó a ese diario que la Corte no tiene potestad para declarar inconstitucional a la Carta Magna en virtud de un recurso judicial.
"Nadie puede declarar la inconstitucionalidad de la Carta Magna, ni siquiera la Asamblea Legislativa. Ésta sólo podría derogar el texto constitucional, reformarlo y sustituirlo por otro. Lo que ha ocurrido es demoledor para el estado de derecho en Nicaragua y los efectos, al derrumbarse la institucionalidad, serán muy graves", señala.
Luis Sánchez Sancho, editorialista del diario La Prensa de Managua, prevé que en lo sucesivo habrá una profundización de la crisis política en Nicaragua, puesto que esta medida ahondará la polarización en la sociedad.
Añade que, a modo de protesta, la oposición va a boicotear en la Asamblea Nacional la aprobación de leyes urgentes, como la reforma tributaria que ha presentado el gobierno para cubrir su gran déficit fiscal, y la ley del presupuesto para el próximo año, entre otras importantes iniciativas.
"Se inicia una etapa de gran incertidumbre, porque el hecho de que Ortega abra el camino hacia su reelección significa que el fraude de noviembre del año pasado en las elecciones municipales se va a repetir en los comicios presidenciales de 2011. Entonces, de hecho las elecciones dejan de ser en Nicaragua un camino confiable para garantizar la continuidad de la democracia", sostiene.
Una obsesión
La reelección presidencial ha estado presente en la agenda de Daniel Ortega desde que asumió la Jefatura de Estado de Nicaragua el 10 de enero de 2007.
El día de su investidura Ortega anunció que promovería "profundas reformas" a la Constitución para cambiar el régimen institucional que rige en el país centroamericano, pero sin precisar si los cambios en la Carta Magna incluirían la reelección presidencial.
Fue con una reforma constitucional, en 1995, que se estableció la prohibición de la reelección presidencial continua y sólo está permitida la reelección alterna.
Pero el 15 de enero de 2007 el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista René Núñez, declaró a la prensa que estaba de acuerdo con la reelección presidencial sucesiva de Ortega.
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