Desaparecieron de la pluma presidencial Lidia y Osvaldo Papaleo. El testimonio judicial y notarial de Isidoro Graiver es un hecho que no sucedió. Las intensas presiones de Montoneros a la familia Graiver son simples y supuestas "vinculaciones" con "agrupaciones subversivas" que no se nombran. Nunca un presidente democrático firmó un decreto tan vacío de contenido y, a la vez, tan cargado de prejuicios y ofuscaciones como el que Cristina Kirchner les disparó ayer a los dos diarios más importantes de la Argentina, LA NACION y Clarín .
Joaquín Morales Solá
Ese decreto, que instruyó a los funcionarios para hacerles juicios diversos a los diarios, es una simple continuidad escrita de la arenga verbal de la Presidenta de hace una semana. Si aquello mostró una devaluación de la palabra presidencial, el decreto de ahora es una prueba cabal del atropello del Estado a la prensa libre. El juicio político está terminado para los que gobiernan y los diarios deben ser, por lo tanto, condenados.
Lidia y Osvaldo Papaleo no se pueden mostrar porque fueron desautorizados por Isidoro Graiver y por María Sol Graiver, hija de la pareja formada en su momento por Lidia y David Graiver. Nadie, ni Lidia Papaleo, habló de "agrupaciones subversivas". Por el contrario, la propia viuda de Graiver señaló ante la Justicia y ante la prensa que la peor amenaza que sufrió, previa al tormento concreto de los militares, fue la de la agrupación guerrillera Montoneros, que reclamaba el pago de 17 millones de dólares que había puesto en manos del banquero David Graiver.
La omisión es comprensible: la insistencia en la mención de Montoneros convertiría a los Kirchner más parecidos a López Rega (que persiguió con métodos criminales a esa guerrilla peronista) que a líderes del peronismo de izquierda que nunca fueron. Una justicia justa debería comenzar, entonces, por investigar las duras presiones de Montoneros (que llegaron hasta amenazar de muerte a los Graiver) y no a los diarios que hicieron una compra pública de acciones, mucho antes de la prisión ilegítima de esa familia caída en desgracia. Sólo ahora los Kirchner parecen haberse dado cuenta del berenjenal en el que se metieron y, sobre todo, en el que metieron a algunos amigos muy cercanos.
La obsesión por la venganza es ciertamente cegadora. Hay en el decreto menciones de "los diarios apropiadores", que es una denominación arbitraria que le quita al Poder Ejecutivo cualquier sentido del necesario equilibrio. El desorden intelectual y moral que refleja la escritura de ese documento oficial (el más importante que puede firmar un presidente de la Nación) muestra como prueba de la supuesta "connivencia" entre el gobierno militar y los diarios un acto formal y público de inauguración de la planta de Papel Prensa, en 1978, con la asistencia de Jorge Rafael Videla.
¿Tan pocas pruebas existen sobre esa supuesta "connivencia" que el Gobierno no tuvo más argumentos que aferrarse a las imágenes color sepia de una antigua ceremonia pública, divulgada por todos los medios de la época? Hasta ahora, esas armas de descalificación eran livianamente usadas en los programas de calumnias de la televisión pública, pero nunca en un decreto firmado por la máxima autoridad del Estado. Ya sabemos, así las cosas, quiénes son los productores de esos programas más injuriosamente humorísticos que rigurosamente periodísticos.
Los prejuicios no se quedan en la historia. El decreto menciona también el rol "monopólico" de Papel Prensa en la producción de papel para diarios y, cómo no, en el control del periodismo. Pura ideología. Demasiado prejuzgamiento. La industria nacional del papel para diarios es una de las pocas que compiten sin protección con la importación, que tiene arancel cero. El papel para diarios sobra en el mundo en un tiempo en que los lectores se fugan hacia la versión de los periódicos en Internet. ¿Dónde está el monopolio? ¿Dónde, sino en los preconceptos tan rígidos como antiguos de los gobernantes argentinos?
Nuevos testigos podrían aparecer desautorizando gravemente la falsa historia que el oficialismo enhebró sobre Papel Prensa. Algunos de ellos habrían tomado contacto ya con la dirigente opositora Elisa Carrió y se manifestaron dispuestos a declarar ante los jueces. Consultada Carrió, sólo respondió que antes de su pública posición en defensa de la libertad de prensa chequeó todos los datos que existían. "He hablado con testigos presenciales de todo y sólo hubo un enorme apriete de los Montoneros a los Graiver", se limitó a responder.
El otro sendero que intenta abrir el oficialismo, en el Congreso, mediante un inexplicable proyecto de ley declarando de interés público la producción de papel, está condenado a no terminar en ninguna parte. La oposición se unió en la decisión de no tratar ese tema. "Pero el oficialismo insistirá en eso cada vez que pueda", aseguró un líder opositor. El cajoneo de ese proyecto no es malo, pero es insuficiente. La prensa tendrá siempre la amenaza latente de la intromisión oficial mientras ese proyecto tenga vida, aunque sea vegetativa, en la Cámara de Diputados. Un gobierno controlando la producción nacional de papel y la importación de ese insumo básico, al mismo tiempo, podría desembocar sí en el control del periodismo. Cuando no pueden concretar sus castigos, los Kirchner optan por sembrar el temor. La existencia por sí sola de ese proyecto es ciertamente atemorizante.
Reacción internacional
Las consecuencias de la última y más letal ofensiva del kirchnerismo contra el periodismo independiente han sido muy malas. Obligó a la prensa, en primer lugar, a perder energías y tiempo en responder preguntas que nunca le hicieron (porque no había razones para que se las hicieran) en un país estragado por el delito, la inflación y el descontrol del espacio público. Contar esas tragedias sociales es la obligación del periodismo, más que responder qué hacía cada cual hace casi 35 años.
En la última semana el país sufrió también la peor golpiza internacional desde la gran crisis de 2001 y 2002. Ni siquiera la crisis con el campo, en 2008, llevó a la Argentina a los niveles actuales de crítica y descrédito en los países centrales del mundo. Desde el progresista diario español El País hasta el liberal diario norteamericano The W all Street Journal han denunciado el autoritarismo de la pareja gobernante argentina y la eventual regresión del país hacia una "dictadura". ¿El motivo? La ciega agresión oficial contra LA NACION y Clarín . ¿Se equivocan? Francisco Franco también amenazaba a los diarios con la provisión de papel, que entonces España importaba. El propio Franco manipulaba el pasado de sus adversarios de acuerdo con sus intereses políticos. Hugo Chávez metió presos a dueños de medios audiovisuales, les quitó ilegalmente las concesiones y sometió recientemente a la prensa escrita a la más ramplona censura. Uno pertenecía a la más rancia derecha y el otro se hace llamar socialista.
No hay que dar tantas vueltas: las prácticas del autoritarismo tienen un molde común desde que el hombre y su historia existen.
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