PARADA MILITAR BICENTENARIO EJERCITO DE CHILE 2010

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BICENTENNIAL MILITARY ARMY OF CHILE 2010

REPORTAJES ESPECIALES E INFORMACIÓN ADICIONAL

viernes, 7 de agosto de 2009

BOLIVIA : LA NARCO CAMPAÑA ELECTORAL DE EVO MORALES


Los cocaleros del Chapare aportarán 20.430 kilos de coca a la campaña del presidente Evo Morales para las elecciones generales del 6 de diciembre, en las que el mandatario buscará su reelección, es decir el equivalente a 5 toneladas de cocaina.

El diputado boliviano Alterio Romero, que también es dirigente cocalero, aseguró que el pasado sábado se decidió en una reunión de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que cada afiliado aporte una libra (equivalente a 0,45 kilogramos) de su cosecha para promocionar la candidatura de Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera.

"Los cocaleros no podíamos simplemente apoyar la campaña de estos dos compañeros para las elecciones generales, sino también apoyar de una u otra manera", declaró el diputado.

Según el partido de gobierno, esas 20 toneladas de coca representarían unos modestos 83.000 dólares, pero esto sólo sería realidad si la coca se vendiera como tal. Solo hoja de coca.
Teniendo en cuenta que más del 90% de la coca producida en El Chapare va a la fabricación de cocaína, podemos tener una cifra muy distinta sobre ese aporte a la campaña electoral de Evo Morales:

* Con 20 toneladas de hoja de coca se pueden fabricar 5 toneladas de cocaína.
* El kilo de cocaína vendido en El Chapare cuesta 1.500 dólares.
* Multiplicando 1.500 dólares por 5.000 kilos, llegamos a la cifra de 7 millones y medio de dólares, que podría ser el aporte de los cocaleros a la campaña del MAS si la coca se transforma en cocaína.
* Si los 5.000 kilos son puestos en la frontera con Brasil, la cifra debería multiplicarse por tres, es decir, más de 20 millones de dólares.


VENEZUELA: GENERAL DE INTELIGENCIA ACUSADO POR EEUU DE SER CABECIILLA DEL NARCOTRAFICO


El general venezolano Hugo Armando Carvajal es el único jefe de servicios de Inteligencia Militar de América Latina a quien Estados Unidos decidió aplicarle la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de la Droga (1999), conocida como Ley Kingpin. Además, figura desde hace 11 meses en la famosa "lista Clinton" y como consecuencia de esto tiene congeladas sus propiedades y cuenta en Estados Unidos y no puede celebrar negocios comerciales ni transacción financiera alguna con entidades de ese país en ninguna parte del mundo.

Funcionarios de los departamentos del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos no solo confirmaron la existencia de un expediente en su contra, sino que la semana pasada decidieron ampliar su contenido con nueva evidencia, a raíz de un editorial del diario The Washington Post en el que le pide al gobierno de Obama no asumir una actitud pasiva frente al gobierno del presidente Hugo Chávez por el riesgo que representa para la seguridad regional su supuesto apoyo a las Farc. "El Departamento de Estado (...) debería poner su atención en los que en este hemisferio han tratado de derrocar a un gobierno democrático mediante el suministro de armas a terroristas", dice el editorial publicado después de que fuera confirmada la noticia de que lanzacohetes que Suecia había vendido al Ejército de Venezuela en 1998, terminaron en poder de las Farc.

Oficiales de los servicios de seguridad colombianos que vienen indagando sobre el presunto apoyo de Venezuela a las Farc y que tuvieron acceso a la información que tienen las autoridades estadounidenses, le dijeron que no solo es cierto que el general Carvajal, director de Inteligencia Militar de Venezuela, ha tenido que ver con la entrega de armas y pertrechos a las Farc, sino que ha estado involucrado en operaciones hechas desde suelo venezolano por narcotraficantes asociados a la guerrilla.

Por la misma razón figuran en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, otros dos ex funcionarios del gobierno de Chávez: Henry de Jesús Rangel, ex director de la Policía Política, Disip, y el capitán de navío (r) Ramón Emilio Rodríguez Chacín, ex ministro de Justicia y del Interior.

Fuentes estadounidenses y colombianas coinciden en que tanto Carvajal como Rangel y Rodríguez, favorecieron el tráfico de armas y drogas mediante un contacto con un cartel de narcotraficantes en Arauca, conocido como el "clan de los hermanos Ríos". Se trata de una organización que, desde la segunda mitad de la década del noventa, se hizo parte del flanco financiero del frente décimo de la guerrilla, entonces al mando de Tomás Medida Caracas, 'el negro Acacio'.

Una de las fuentes que ha ayudado a documentar las denuncias, es Germán Arturo Rodríguez Ataya, un piloto que fue capturado a finales de 2005 cuando trabajaba con los Ríos y con las Farc en el transporte de droga y de guerrilleros heridos en operaciones militares. Rodríguez Ataya dio las coordenadas de las bases de la guerrilla en territorio venezolano y entregó fotografías de los contactos hechos con oficiales de la Guardia Venezolana que, por orden de Carvajal, habrían entregado el armamento.

Según uno de los oficiales que trabaja en la validación y organización del material, "esa información hace parte de una especie de dossier preparado por organismos colombianos para cuando se presente la ocasión de demostrar ante la comunidad internacional, que las únicas pruebas sobre la relación de miembros del Gobierno con Venezuela no están en la memoria del computador de 'Raúl Reyes' ".

Pero los episodios relacionados con la entrega de armas y el tráfico de drogas no son los únicos que figuran en ese dossier. También aparece documentada la forma en que, cuando el Gobierno adelantaba conversaciones con las Farc en el Caguán, Rodríguez Chacín, enviado por Chávez, estableció contactos con la guerilla y visitó clandestinamente a 'Tirofijo'. Videos y fotografías de seguimiento hechos por el DAS así lo demuestran.

Desde entonces y en por lo menos ocho ocasiones, Rodríguez Chacín no solo habría llevado a jefes de las Farc a reuniones en el Palacio de Miraflores, sino que habría gestionado a finales de 2007 un préstamo por 250 millones de dólares del Gobierno venezolano a las Farc, según uno de los documentos que sirvió de soporte para su inclusión en la lista de la OFAC.

De vieja data
La información que analizan las autoridades colombianas también compromete a funcionarios y ex asesores de confianza del presidente ecuatoriano Rafael Correa, que habrían tenido nexos con las Farc. Parte importante del material probatorio fue entregado por oficiales de las Fuerzas Armadas de Ecuador, que rechazan las presiones y los intentos de algunos altos mandos de ocultar y borrar evidencias.

Uno de ellos es el mayor Manuel Silva, ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía, quien confirmó la existencia de encuentros del ex ministro del Interior Gustavo Larrea con las Farc, cuyos pormenores quedaron registrados en las agendas y relatorías de las reuniones que hizo Ignacio Chauvín, mano derecha de Larrea. Estos documentos podrían servir para enjuiciar a Larrea, si el presidente Correa cumple con lo que dijo en la entrevista con María Cristina Uribe de Noticias Uno el sábado pasado: "Si me prueban que Larrea se reunió con las Farc, yo mismo le promoveré un juicio por traición a la patria".

La información aportada por Silva coincide con la que entregaron miembros del alto mando militar quiteño el 2 de marzo de 2008, un día después del bombardeo al campamento de 'Raúl Reyes'. En una reunión con corresponsales extranjeros, miembros de la cúpula que poco días después fue objeto de una purga por su presunta relación con la CIA, dijeron: "Chauvín le agenda varias reuniones a Larrea con las Farc".

El resentimiento no ha sido la única causa por la cual militares y policías retirados decidieron entregar información reservada. También ha sido determinante el desencanto de algunos por la decisión del magistrado de la Sala Penal de la Corte de Ecuador, Julio Logroño, de archivar un auto para seguirle un juicio político a Larrea.

Colombia tendría cómo demostrar también que, aparte del contenido del computador de 'Reyes', existe copiosa evidencia de que las "acciones sistemáticas" de Correa y su círculo cercano contra Colombia, empezaron antes de llegar al poder y en varias ocasiones a instancias de las Farc.

Entre los ejemplos a mano está el papel que jugaron Larrea y Chauvín -también comprometido con un cartel de narcotraficantes que trabajaban con las Farc- cuando en 1998 la Aldhu, una organización ecuatoriana de derechos humanos, presentó denuncias contra Colombia en tribunales internacionales por el uso del glifosato y por supuestas desapariciones y maltratos a campesinos de frontera atribuidos a miembros de las Fuerzas Militares colombianas. Unidades de contraguerrilla del Ejército colombiano encontraron varios documentos preparados durante operaciones realizadas en la frontera con Ecuador.

Por lo pronto, hay 17 casos probados de milicianos de las Farc con antecedentes en Colombia, que participaron en los llamados "Comités de la Revolución Ciudadana" que fueron unas de las bases de la campaña de Correa. Quizá por mucho más que una simple coincidencia, un asesor colombiano de esos comités aportó a la Justicia ecuatoriana información significativa que llevó a que Larrea fuera vinculado a un proceso penal por narcotráfico en enero de 2009.

Las pruebas dieron lugar a la captura de Ignacio Chauvín durante la operación 'Huracán de la Frontera', que lo conectó con la organización de narcotraficantes de los Astaiza que, al igual que el "clan de los Ríos", alimentaban las finanzas de las Farc.

Información hay de sobra para demostrar las relaciones de funcionarios y ex funcionarios de los gobiernos vecinos con las Farc. Y todo indica que no precisamente se trata de contactos por razones humanitarias.

El 'lapsus' de Chávez
"Amo a Colombia", dijo Hugo Chávez en la rueda de prensa con corresponsales extranjeros que acudieron el martes al Palacio de Miraflores. Sin embargo, soltó una diatriba en la que llamó 'irresponsable' a Álvaro Uribe, aseguró que la presencia de militares estadounidenses en bases colombianas marcaría el comienzo de una guerra en Suramérica y buscó minimizar el hallazgo de lanzacohetes comprados por Venezuela a Suecia que terminaron en poder de las Farc.
En un escenario 'decorado' con lanzacohetes de última generación, Chávez mostró un documento que el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, le entregó al venezolano, Nicolás Maduro, el 2 de junio en Honduras, durante la cumbre de la OEA. La intención de Bermúdez era pedirle en privado a Venezuela explicación sobre lo que habría podido ocurrir para que el material de guerra comprado en 1998 hubiera ido a parar a manos de la guerrilla. Chávez aseguró que detrás de la historia de los lanzacohetes no hay nada oscuro y dijo que el material fue robado durante un ataque de las Farc a la base naval venezolana de Cararabo, región fronteriza de Apure, el 26 de febrero de 1995.
Lo que el mandatario olvidó es que ese ataque, en el que murieron ocho infantes de Marina, no fue obra de las Farc sino del Eln, como lo admitieron en escenarios judiciales sus protagonistas. Mentira o error, el dato de Chávez no sería válido como explicación. Chávez calificó como una nimiedad el reclamo de Colombia, que contrastó con la actitud de su Gobierno de no haber hecho escándalo al hallar armamento con marquillas colombianas en poder de un paramilitar capturado en Venezuela.



BACHELET: LA CARENCIA DE PESO REGIONAL

Pese a tener dos actores que podían ser clave en la resolución del conflicto en Honduras –el secretario general de la OEA y la presidenta más popular de la región– Chile no tiene un papel relevante en ese proceso.

Pese a ser una de las experiencias democráticas y de desarrollo más exitosas en la región, Chile pesa poco en la arena internacional, especialmente en nuestra propia América Latina. Aunque es ampliamente reconocida y admirada, la presidenta Michelle Bachelet tiene poca influencia regional. Ya sea porque ha optado por mantener un liderazgo de bajo perfil –que raya en la ausencia de liderazgo– o porque el respeto que provoca no es suficiente para que otros líderes se interesen en saber qué piensa, la voz de Bachelet, y por lo tanto la de Chile, no se escucha en temas relevantes para el desarrollo y la consolidación democrática del continente.


Ocasionalmente, Bachelet ha logrado poner temas en la agenda regional. Después de la exitosa liberación de Ingrid Betancourt, irreflexivamente nuestra mandataria candidateó a la ex rehén de las FARC al Nobel de la Paz. En parte, porque la ex aspirante presidencial colombiana fue agente pasiva en el proceso de su liberación, la sorpresiva nominación –que no fue consultada con la cancillería chilena– pronto pasó al olvido. En asuntos internacionales, Bachelet parece preferir los golpes mediáticos al liderazgo sistemático. En diciembre de 2005, la entonces candidata de la Concertación invitó a Cristina Kirchner a su cierre de campaña. Un accidente mortal que afectó a la caravana juvenil del comando obligó a cancelar el evento. Pero lo que se presagiaba como una relación especialmente cercana entre el Chile de Bachelet y la Argentina de los Kirchner terminó intoxicada por el gas. Al final, Argentina cortó el gas y La Moneda se olvidó de la Casa Rosada.


Al asumir casi simultáneamente con Evo Morales, el primer indígena en llegar a la presidencia de Bolivia, Bachelet alimentó las expectativas de avances significativos en la relación bilateral. Tres años después, la normalización de relaciones con Bolivia avanza a paso de tortuga y la integración comercial todavía es un sueño lejano. Cuando viajó a la toma de posesión de Alan García en julio de 2006, Bachelet seguramente no pensaba que bajo su gobierno las relaciones con Perú terminarían por caer a su peor nivel desde el retorno de la democracia. Pese a las insistencias del Canciller Foxley, Bachelet nunca se animó a consolidar una relación más cercana con los centro-derechistas presidentes de México y Colombia. La iniciativa de Foxley implicaba costos, pero al menos era una hoja de ruta. Bachelet prefirió la indecisión.


Pese a ser una de las presidentas más reconocidas y admiradas del continente, Bachelet nunca supo usar su capital político internacional. Los problemas se hicieron evidentes desde el primer día. La agenda de relaciones exteriores estuvo consumida durante buena parte de 2006 por la polémica sobre el potencial apoyo de Chile a Venezuela para integrar por dos años el Consejo de Seguridad de la ONU. Al final, usando la mala excusa de que Chile quería consenso regional, el gobierno de Bachelet optó por abstenerse. Si el objetivo de Chile hubiese sido el consenso, el gobierno habría explicitado esa postura desde el primer día. Después de ese chascarro de indecisión –que por cierto no fue un tema político más allá de Chile, y no ha vuelto a serlo tampoco en nuestro país– Bachelet se quedó sin agenda de integración regional.


La reciente crisis política de Honduras confirma lo poco que pesa Chile en América Latina. Chile no ha tomado una postura firme y clara en defensa de la democracia en Honduras en buena medida porque no tiene autoridad moral para hacerlo. ¿Qué sentido tiene retirar al embajador en Honduras como señal de repudio al golpe militar si la propia Bachelet entusiasmada viajó a Cuba para departir con los jerarcas de esa dictadura que ha durado por más de 50 años? Aunque somos la democracia más consolidada en la región, nuestra influencia en el continente es mínima. Por eso, cuando Bachelet fue a Washington a visitar a Obama, la agenda tenía esencialmente temas bilaterales. Resultó ser un mejor uso del tiempo para Obama tomarse fotos con la prensa chilena que pedirle a Bachelet consejo sobre los problemas que enfrenta Estados Unidos en la región o solicitar ayuda para abordar alguna iniciativa regional.


Por cierto, la presencia de un chileno en la secretaria general de la OEA tampoco parece contribuir mucho a aumentar nuestra influencia regional. José Miguel Insulza, el hombre que otrora llegara a la cima del poder político en Chile producto de la frialdad y habilidad con que manejó el arresto de Pinochet en Londres, rápidamente quedó fuera de juego en la crisis de Honduras. Al tomar partido abiertamente por el depuesto presidente Zelaya –que bien poco respeto había demostrado por las instituciones democráticas y pusilánimemente había celebrado el fin de la exclusión de la dictadura de Cuba en la Asamblea General de la OEA unas semanas antes en Tegucigalpa– Insulza demostró que había olvidado la regla de oro que le permitió su ascenso político en 1998. En vez de defender el principio de la democracia, Insulza pareció empecinado en defender personas. Es cierto que hábilmente evitó ir a Honduras acompañado del depuesto Zelaya, pero no pudo evitar el espectáculo de acompañar a tres presidentes democráticamente electos hasta El Salvador para apoyar el frustrado regreso de Zelaya a su país.


En medio de una comedia de errores y equivocaciones de actores débilmente comprometidos con la democracia en Honduras, Insulza actuó motivado más por las emociones de su historia personal y de la traumática experiencia dictatorial chilena que con la frialdad que la situación demandaba. Al aceptar tácitamente la mediación de Oscar Arias, que deberá buscar concesiones de ambas partes en conflicto, la OEA demuestra que sus resoluciones sólo son declaraciones de intención y palabras de buena costumbre. Porque la propia OEA fue poco clara al condicionar la reintegración de Cuba al sistema interamericano a que hubiera democracia en la isla, la Carta Democrática de la OEA ya estaba debilitada varias semanas antes de que los golpistas hondureños torpemente sacaran al presidente democráticamente electo a las 4 de la mañana de su casa para ponerlo en un avión hacia Costa Rica. Si efectivamente había razones suficientes para sacarlo legalmente del poder, debieron hacer juicio político. Si había un delito infraganti, debieron arrestarlo. Pero la torpeza de la oposición a Zelaya no excusaba a la OEA para olvidar que se deben defender los principios y no personas.


Pese a tener dos actores que potencialmente podían jugar un rol clave en la resolución del conflicto en Honduras –el Secretario General de la OEA y la presidenta más popular de la región– Chile no tiene un papel relevante en el proceso que debiera terminar con la restauración de la democracia en Honduras. Esta irrelevancia puntual es sintomática de lo que ha sido la política exterior de nuestro país bajo la administración Bachelet. Hemos sido incapaces de transformar la buena reputación en un activo que permita general valor a la marca país. No hemos podido ser lo suficientemente convincentes en compartir las lecciones que hemos aprendido y que nos han permitido convertirnos en la democracia que más se ha desarrollado en América Latina en estos últimos veinte años. No somos paladines de la democracia ni del modelo social de mercado que tanto éxito nos han dado. Es cierto que regularmente nos felicitan y alaban desde todos los rincones del mundo, pero nuestra presencia internacional es muchas flores y pocas nueces.

Patricio Navia en PODER 360° Pincha aquí



EEUU BLOQUE COMPRA DE CAZAS CHECOS A BOLIVIA

El presidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó que Estados Unidos vetó la compra de aviones de combate de fabricación checa que La Paz pretende utilizar supuestamente en la lucha contra el narcotráfico.

El mandatario recordó hoy, durante un acto en la ciudad andina de Oruro por el aniversario de las Fuerzas Armadas, que su Gobierno cuenta con un presupuesto para la compra de seis aviones checos del tipo L-159 ALCA (sigla en inglés de avión ligero de combate).

"Hemos esperado seis, siete meses sin resultados, y los que nos tenían que vender los aviones nos dicen ahora que tenían que consultar a EE.UU. y EE.UU. dice no", reveló Morales.

En marzo pasado, el Gobierno boliviano reveló que tramitaba ante el Departamento de Estado de EE.UU. la autorización para adquirir a la República Checa seis cazas. Ante la negativa estadounidense, el mandatario pidió hoy a los jefes de las Fuerzas Armadas que acudan a industrias rusas o chinas para comprar aviones con características similares.

Las relaciones entre Bolivia y EEUU., caracterizadas por la tensión desde que llegó al poder el izquierdista Evo Morales, se agravaron en septiembre de 2008 con la expulsión mutua de embajadores.