ACTIVIDADES DE LAS FARC EN PERÚ : TOMA DE POBLADOS, ASESINATOS Y NARCOTERRORISMO

Lo que era un secreto a voces se confirmó. Las redes del narcoterrorismo que financia al grupo terrorista autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han incursionado en el Perú. Donde se han registrado asesinatos y secuestros sistemáticamente contra los pobladores de la localidad de Loreto, fronteriza con Colombia. Según medios de prensa peruanos, la Policía Nacional no tiene efectivos, presupuesto o alimentos básicos en los puestos fronterizos.

En el Informe 02-2010-V Dirtepol-Iquitos/SEC, el jefe de la Dirección Territorial de Iquitos, general PNP Luis Sánchez Vigil, comunica al alto mando por lo menos 33 muertes desde que comenzó el gobierno de Alan García. La mayoría de éstas habían sido ocultadas a los medios de comunicación desde entonces, pero ahora están aumentando los atentados y se están tomando poblados enteros.

Se menciona la denuncia de un teniente gobernador, respecto a que el 31 de marzo, “aproximadamente 20 personas uniformadas portando armamento automático” ingresaron violentamente en varios domicilios de la comunidad de Mario Rivera, Río Amazonas, donde secuestraron a Mario Pizango Tenazoa (30), Jesús Arirama Murayuri (67), Jorge Arirama Pérez (23) y Hugo Marín Arirama (26). Todos ellos habrían sido asesinados por colaborar con la Policía Nacional de Perú al informar sobre los cargamentos de droga que se mueven por el poblado.

Según información de inteligencia, “debido al reducido número del personal policial en los puestos de vigilancia fronteriza, ello motiva la infiltración e incursión a las comunidades nativas peruanas y a la Policía Nacional por parte de organizaciones de tráfico ilícito de droga y por la organización narcoterrorista FARC”.

El general Sánchez Vigil alerta que en el presente año ya ha habido tres incursiones en los poblados de Mario Rivera, Gamboa y en la quebrada Callarú de la comunidad Dos de Mayo. La más reciente muestra del avance de las FARC en territorio peruano fue el 12 de abril, cuando 25 sujetos vestidos de negro con fusiles tomaron Gamboa. Sacaron a los 87 habitantes y los llevaron a un campo deportivo. Allí encañonaron a todos y amenazaron con matarlos y destruir el poblado si no colaboraban con ellos, para luego cruzar la frontera hacia Colombia.

Por ello, se ha paralizado la actividad comercial en varias comunidades, e incluso este poblado y el de Mario Rivera se convirtieron en “pueblos fantasmas” porque las personas están migrando a la ciudad más cercana.

Son 2.886 kilómetros los que tiene que vigilar la Policía Nacional, en las fronteras con Brasil y Colombia que constituyen este trapecio amazónico, pero los 20 puestos de vigilancia fronteriza están sin personal la mayor parte del tiempo, por la escasa cantidad de éste.

Ante ello, el jefe de la Dirtepol Iquitos señala la “insuficiente dotación de personal PNP” para esta labor, los narcoterroristas están llegando a “obtener hegemonía en las zonas de fronteras”. Aunque reafirma su voluntad de seguir combatiendo, el general Sánchez Vigil prácticamente hace un clamor de ayuda ante el poco apoyo desde el gobierno central.

“Solicito a la superioridad incrementar en el más breve plazo con el carácter de URGENTE la dotación de personal policial (...) con ocho efectivos policiales en cada uno de los puestos, resultando un total de 32 efectivos”, dice textualmente. Asimismo, pide la dotación mínima de “alimentos mensuales” para el personal destinado a los puestos fronterizos.

CHILE: ESCUCHAS TELEFONICAS DE LA FISCALIA NACIONAL

*Andrea Lodeiro Encina

 La central autónoma de escuchas telefónicas, que se encuentra en funcionamiento desde febrero de este año en la Fiscalía Nacional, es una medida, sin duda, innovadora dentro de las funciones del Ministerio Público, pero es también controversial, desde el punto de vista de la legislación vigente sobre las funciones de Inteligencia y las actividades intrusivas en la persecución de delitos.

Hasta el momento, las operaciones de interceptación de comunicaciones eran de entera responsabilidad y competencia de las policías, aun cuando, de acuerdo al artículo N°222 de la Ley 19.696 CPP, sobre interceptaciones de comunicaciones, no establece la exclusividad de las policías en esta materia. Sin embargo, ello sí queda especificado en el caso de la Ley 19.974 (Art. 27), del Sistema de Inteligencia Nacional, cuyas normas se aplican a todas las actividades de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integren dicho Sistema. Vale decir: la Agencia Nacional de Inteligencia, las unidades de inteligencia de las policías y las unidades de inteligencia de las FF.AA. En este caso, por ejemplo, la ANI puede solicitar autorización para este procedimiento a un juez exclusivo, pero la medida debe ser ejecutada por las policías.

Considerando que la nueva unidad de recolección de información por métodos “especiales”, implementada por el Ministerio Público, no integra el Sistema de Inteligencia Nacional y, que no existe en la legislación la figura para someter al Fiscal Nacional al régimen de acusación constitucional, en caso de configurarse un delito a partir de las nuevas facultades auto asignadas por el Ministerio Público, habida cuenta que hace tan solo unos días el diputado de la UDI Giovanni Calderón solicitó al ministro de Justicia dar urgencia al proyecto de reforma constitucional presentado en julio de 2009 por los diputados Jorge Ulloa y Felipe Ward, para someter al fiscal nacional, como figura constitucional, al régimen de acusación constitucional, no queda otra que insistir en la pronta revisión de esta medida y en la adopción de controles internos y externos que preserven los derechos de las personas frente a tales actividades.

La alerta sobre esta materia no es antojadiza, los servicios de inteligencia realizan un trabajo extraordinario en la prevención y persecución de delitos en todos los niveles de la seguridad nacional, no obstante, los alcances de sus actividades están celosamente resguardados en la legislación, sobre todo, para proteger a la ciudadanía del uso inescrupuloso de sus facultades.

En el caso de la Fiscalía Nacional, lo que está ocurriendo es que por un lado, se ha acordado con las empresas de telecomunicaciones la adopción de un procedimiento centralizado en materia de interceptación de distintas formas de comunicación entre imputados, según lo indicado en la Cuenta Pública de la Fiscalía Nacional presentada el pasado mes de abril. Esto quiere decir, que de algún modo, habrá un nuevo orden de prioridades en el abultado volumen de solicitudes a los jueces de la Corte de Apelaciones para interceptar las comunicaciones en un caso determinado. Para lo cual, cabe preguntarse: ¿serán privilegiadas las solicitudes del Ministerio Público por sobre las demandas de los servicios de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública? ¿Podrán las compañías de telecomunicaciones cumplir con todos? ¿Qué ocurre con la ANI, cuyas funciones incluyen la coordinación de los aparatos de inteligencia para recabar información sobre crimen organizado, terrorismo, etc.? ¿Bajo qué protocolo o procedimiento la fiscalía podrá brindar información para los objetivos de la ANI?

Por otro lado, la fiscalía considera para estos fines la adquisición de sofisticada tecnología de interceptación de comunicaciones, para acelerar algunas diligencias, previa autorización judicial. Pero ¿quién manejará dicho sistema? ¿Fiscales, policías? ¿Bajo qué estamento jurídico se regularizará su uso o abuso?

Fuera de estas inquietudes, algunos parlamentarios ya han hecho un llamado de atención, entre otros, acerca de los argumentos del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, para incorporar estas facultades en las funciones del Ministerio Público; en este contexto, el fiscal fue citado a la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, para explicar fundamentalmente dos cosas: por qué existe una negativa a que el Ministerio público sea sometido a una auditoría externa, acto por el cual podrían conocerse el procedimiento de la adquisición del sistema de interceptación de comunicaciones y, cuáles son las metas cumplidas hasta ahora por el sistema de escuchas telefónicas.

Quizás desde la fiscalía, la última medida está plenamente justificada en el grado de sofisticación en la comisión de delitos de corrupción, en la participación de actores estratégicos y la necesidad de contribuir a su represión en forma rigurosa y eficiente. Asimismo, se puede argumentar que la medida será aplicada en casos excepcionales, sin afectar el grueso de las operaciones ordenadas por los tribunales que ejecutan las policías. No obstante, todo lo que se indique tiene más de un trasfondo. Por el momento, lo que estamos observando es que las policías parecen ser insuficientes para apoyar la labor de la Fiscalía Nacional, lo cual amerita análisis y, por otra parte, el Ministerio Público decidió ampliar sus facultades y desarrollar actividades intrusivas, debido a vacíos legales, independientemente de las buenas intenciones que existan. Lo cual también debiera ser profundamente estudiado.

ASMAR TALCAHUANO RECUPERA DIQUE SECO N°2

El sábado 15 de mayo, las empresas Ultratug Ltda. y Titan Salvage, realizaron las maniobras de salvataje para reflotar el Buque Mercante "Laurel", propiedad de la Empresa Naviera Chilena del Pacífico (NACHIPA), que se encontraba varado en el interior del dique seco Nº2, en las dependencias de ASMAR Talcahuano.

Cabe recordar que al momento de la emergencia, la madrugada del 27 de febrero, el mercante estaba en seco al interior del dique, siendo azotado por una ola que lo levantó, dejándolo apoyado a la altura de su cuaderna 188 sobre la proa del dique y su bulbo ubicado en el techo de uno de los talleres del astillero.

A través de una licitación internacional, la aseguradora contrató las empresas para realizar estas maniobras, las que tuvieron un mes y medio para organizar el proyecto de salvataje, que incluyó inspecciones submarinas, de superficie, los cálculos de ingeniería, obturación averías, achique de las bodegas y de todo lo necesario para reflotar este buque de 5.700 toneladas y paralelamente evitar provocar daños mayores a la estructura del dique seco Nº2, que tiene capacidad para operar con unidades de hasta 96 mil toneladas.

El "Laurel" espera ahora poder volver definitvamente al mar.

Carlos Bastías, encargado de las operaciones de salvataje de la empresa Ultratug señaló que el trabajo estaba planificado para 21 días, el que fue concluido en 19. "De acuerdo a las primeras inspecciones el casco presenta averías mínimas, sin embargo, los mayores daños se registran en la máquina y en el servomotor (maquinaría del timón), las que quedaron totalmente inundadas".

Está programado que el "Laurel" sea devuelto al mar definitivamente el próximo miércoles 19 de mayo, a partir de las 08.00 horas, luego de lo cual quedará a la gira en la bahía de Concepción en un lugar a determinar.

Con el avance del programa de rescate y salvataje, ASMAR Talcahuano paulatinamente comienza a recuperar sus artefactos navales e instalaciones para reanudar lo antes posible sus actividades productivas. A la fecha se ha recuperado el centenario dique seco Nº1 "Almirante Bannen", que ya se encuentra operativo y los diques flotantes "Mutilla" y "Mery", que se encontraban hundidos en medio de la dársena, a lo que ahora se suma el dique seco Nº2. Estos tres últimos, luego de un período de trabajo para recuperar sus capacidades operativas podrán estar en funcionamiento, quedando a disposición de ASMAR.