El escándalo de 2009 fue el de las interceptaciones ilegales del DAS a magistrados, políticos de oposición, periodistas y ONG. Un caso al que todavía le falta mucha tela por cortar.
Durante todo este año fueron muy pocas las semanas en las que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) no ocupó algún titular. Y no era para menos. Ese organismo de inteligencia, adscrito a la Presidencia de la República, atravesó por la peor crisis de sus 56 años de historia. A lo largo de todo 2008 esa institución fue protagonista de uno de los más graves escándalos judiciales y políticos de las últimas décadas. El 22 de febrero de este año SEMANA reveló el primer artículo, de varios, con los resultados de meses de investigación en los que quedaba en evidencia, entre otras cosas, que desde el DAS se estaba 'chuzando' ilegalmente las conversaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos de partidos de oposición, miembros de ONG, entidades internacionales de derechos humanos y periodistas.
Las voces de indignación y protesta no se hicieron esperar. Aunque el DAS había pasado por otra seria crisis al comienzo del gobierno de Álvaro Uribe, a raíz de las investigaciones que en su momento hizo SEMANA sobre la infiltración de los paramilitares durante la era de Jorge Noguera, el nuevo escándalo fue considerado mucho peor. Entre otras razones porque uno de los principales objetivos de las interceptaciones era la Corte Suprema, y en especial aquellos magistrados que, como Iván Velásquez, eran los principales investigadores de los procesos de la para-política.
Cuando estalló el escándalo, el entonces fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, designó a dos fiscales delegados ante la Corte Suprema, Julio César Martínez y Yesid Lozano, para liderar el caso junto con un numeroso grupo de investigadores del CTI. Para ese momento el gobierno acababa de nombrar al frente del DAS a Felipe Muñoz, quien escasamente llevaba un mes al frente de la entidad cuando se desató la tormenta.
La primera reacción del gobierno fue minimizar la gravedad de las denuncias e intentar presentarlo como actos cometidos por "algunas manzanas podridas" y "una guerra de ex detectives de esa entidad que querían hacerle daño al DAS". Entre marzo y abril SEMANA publicó otra serie de artículos que revelaban memorandos y órdenes ilegales de seguimiento a magistrados de la Corte Suprema, así como transcripciones de conversaciones y correos electrónicos de periodistas y políticos 'chuzados'. A pesar de las revelaciones periodísticas, el gobierno -por medio del DAS- empezó a insinuar que otras entidades del Estado podían ser las responsables de las 'chuzadas'.
A finales de abril, la Fiscalía reveló los primeros resultados de la investigación y confirmó no sólo que el DAS sí tenía equipos para interceptar correos electrónicos y lo había hecho con centenares de mails. Pilas de documentos con las órdenes y las transcripciones de las 'chuzadas' fueron encontradas por los investigadores del CTI. También se hallaron informes elaborados por el DAS sobre varios magistrados con completa información biográfica suya y de sus familias.
Esos reportes incluían 'análisis' sobre cada uno de ellos, los cuales tenían datos que van desde 'filiación política' hasta aspectos muy íntimos de su vida personal. De igual forma, la Fiscalía halló información confidencial entregada al DAS por la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf) con reportes detallados de los bienes y cuentas bancarias de magistrados, políticos y periodistas.
Vinculados
No menos grave fue que la Fiscalía también corroboró, en su primer informe, que funcionarios del DAS destruyeron y sacaron de las oficinas de inteligencia y contrainteligencia decenas de documentos, discos duros de computador y memorias extraíbles, entre otros elementos, con el fin de borrar cualquier huella.
Con estas primeras evidencias los fiscales Martínez y Lozano vincularon un gran número de funcionarios del DAS y se abrió investigación contra tres ex directores de la entidad: Jorge Noguera, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado. Frente a las pruebas halladas por los fiscales, las cuales no dejaban duda de las 'chuzadas', el gobierno anunció una serie de medidas, que incluía una reestructuración profunda de la entidad.
El 31 de julio, en un tiempo récord, los fiscales Lozano y Martínez dictaron 11 órdenes de capturas contra altos funcionarios del DAS por el caso, entre los que estaban los jefes de Inteligencia y Contrainteligencia, Fernando Tabares y Jorge Lagos; la directora operativa, Luz Marina Rodríguez, y el ex subdirector de esa entidad, José Miguel Narváez, entre otros. De igual forma quedaron vinculados al caso los ex directores Noguera, Peñate y Hurtado.
Si bien la investigación avanzaba a paso firme, la opinión pública nacional e internacional seguía preguntándose quién estaba detrás de las órdenes de las 'chuzadas' ilegales. Aunque una docena de funcionarios estaban tras las rejas, a la investigación todavía le faltaba mucha tela por cortar para despejar esas incógnitas.
Investigación torpedeada
A comienzos de agosto, Iguarán terminó su período como fiscal, y el vicefiscal, Guillermo Mendoza, fue encargado mientras la Corte Suprema elegía el titular. A los fiscales Martínez y Lozano les fue aceptada la renuncia protocolaria en un momento crucial de la investigación. Más de medio centenar de pruebas técnicas y diligencias judiciales ordenadas por ellos, muchas de las cuales aún están por conocerse, estaban siendo practicadas por los investigadores.
Con la designación de Fernando Pareja como vicefiscal encargado, dos reconocidas magistradas del Tribunal Superior de Bogotá, María Consuelo Rincón y Patricia Rodríguez, llegaron a la Fiscalía para continuar con la compleja investigación. Lo que no sabían es que aparte de las dificultades propias del caso, tendrían que enfrentar adicionalmente una compleja operación para torpedear y desviar la investigación.
A las pocas semanas de asumir el caso, a las dos fiscales les empezaron a aparecer de la noche a la mañana denuncias sobre equipos con los que supuestamente se 'chuzaba', para incluirlos como parte de la investigación: de la Procuraduría, el Inpec, el Ejército, entre otros.
El asunto llegó a tal extremo, que un medio de comunicación afirmó que en 2005 la Embajada de Estados Unidos había rematado electrodomésticos y entre ellos se encontraban 32 equipos de interceptación telefónica que se encontraban en las calles, algo claramente absurdo.
La última revelación hecha por SEMANA, a finales de septiembre, en la que se divulgaron algunos audios de interceptaciones ilegales contra el investigador estrella de la para-política, el magistrado auxiliar Iván Velásquez, hizo que el presidente Álvaro Uribe anunciara la liquidación del DAS.
Hasta el momento, la investigación ha tenido todo tipo de tropiezos. Los fiscales presionados, investigadores amenazados, o funcionarios que utilizan a la prensa para desviar la atención, como el caso de una fiscal delegada ante el DAS, Claudia Esther Pérez, que salió a decir que "el DAS nunca había 'chuzado'".
Aun así, las pruebas recogidas no sólo son contundentes, sino voluminosas. Muchas pruebas técnicas que fueron obtenidas y ordenadas desde la primera etapa de la investigación aún faltaban por conocerse por dificultades técnicas.
Por ejemplo, desde hace varios meses expertos en informática forense están desencriptando 1.000 gigas de información, incluidos audios, que fueron encontrados en las salas de interceptación 'Vino' y 'Plata' del DAS. También están siendo examinados 236 números que fueron 'chuzados' ilegalmente desde las salas de ese organismo de inteligencia con el fin de establecer a quiénes pertenecían.
Mientras la justicia determina quiénes son los responsables y, sobre todo, resuelve la gran pregunta que se hacen todos los colombianos de quién dio la orden, este escándalo de las 'chuzadas' ha golpeado la credibilidad del gobierno no sólo nacional, sino internacionalmente. Por ahora, la respuesta está en manos de la justicia.
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