¿Qué hay detrás de la tibia respuesta del Presidente español a Caracas en caso de las Farc-ETA?
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La opinión de los expertos es unánime: la falta de firmeza hacia Chávez, señalado por el Juzgado Central español por su alegada complacencia hacia activistas de miembros de Eta y de las Farc, tiene un interés puramente económico, pues busca proteger más de 4.000 millones de euros que el país ibérico tiene comprometidos en la economía venezolana.
"Lo dijo el propio canciller Moratinos hace un par de semanas, que las relaciones con Venezuela eran pragmáticas, que ponen los intereses económicos por encima de cualquier otra consideración (queda claro que las violaciones a los DDHH y las dictaduras no cuentan para el gobierno socialista español), incluso de índole moral", explica a EL TIEMPO el internacionalista Adolfo Taylhardat. Agrega: "Es obvio que España está protegiendo sus intereses, no sólo de cambios inesperados del gobierno venezolano, sino de la lengua explosiva del presidente Chávez".
Desde el año 1999 hasta el año 2007, la inversión española sumó 1.800 millones de euros, con participación, sobre todo, en las áreas energética (extracción de crudo y gas), bancaria y telefónica. El año pasado, en una "refrescante" visita, como la calificó el caudillo venezolano, el canciller español, Miguel Angel Moratinos, firmó acuerdos por inversiones que a la larga sumarían otros 2.300 millones de euros.
Los intereses económicos españoles no se limitan sólo a desembolsos. También Venezuela ha puesto algo más que un grano de arena. Tan sólo en el año 2005, Caracas se comprometió a pagar 1.200 millones de euros a la española Navantia para la construcción de 8 navieros de vigilancia costera y para la zona económica exclusiva. El proyecto representa más de 2.000 empleos, entre directos e indirectos.
Sobre esos números, la internacionalista Ana Julia Jatar explica que el gobierno español actuó "temiendo una bravuconada". "Desafortunadamente mi opinión es que España está más guiado por miedo que por las verdaderas exigencias de investigación que requiere el caso. Como ocurrió con el '¿por qué no te callas?' del Rey, España tuvo rápidamente que mostrar intención de hacer las paces, porque el presidente Chávez entonces amenazó con congelar las relaciones", dijo.
"Aunque suene exagerado, esos temores no son infundados", planteó a EL TIEMPO el ex embajador e internacionalista Fernando Gerbasi. "Ya en el pasado, el presidente Chávez amenazó con nacionalizar las empresas españolas y eso, para un gobierno débil como es hoy el de Rodríguez Zapatero, es de extremo cuidado. A pesar de cierta afinidad política con el gobierno venezolano, Madrid no puede poner en peligro la disminuida confianza del pueblo español y por eso manejó el asunto muy mal; se encontró entre la espada y la pared".
Críticas de la oposición
En España, el manejo que el gobierno socialista dio al tema Venezuela ha sido el motivo de una lluvia de cuestionamientos de parte de la oposición, para quienes todo el episodio es una muestra de "debilidad".
El portavoz de la comisión de Exteriores del Senado, Alejandro Muñoz-Alonso, dijo que la administración de José Luis Rodríguez Zapatero practica, con relación a ciertos países, "una política exterior de una complacencia absoluta, hagan lo que hagan".
La oposición española resiente, en particular, que tras conocerse el auto en el que el juez español Eloy Velasco procesó a 13 miembros de Eta y de las FARC y estableció que la colaboración entre la organización terrorista armada vasca y la guerrilla colombiana contó con "cooperación gubernamental" venezolana, bastara que Caracas se limitara a negar los hechos para que Madrid saliera presurosa a pedir la colaboración de Venezuela en la lucha antiterrorista, intención que quedó consagrada días después en un comunicado conjunto, destinado a subrayar las "excelentes relaciones".
De hecho, en declaraciones a la prensa en Madrid, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó el viernes que España cuenta con la colaboración de Venezuela en la lucha contra Eta, al igual que sucede con otros países como Francia o Portugal. "Estamos cooperando y actuando en cooperación con todos los países, con Portugal, como se ha demostrado, pero también con Venezuela", subrayó. El texto del comunicado de los dos países fue calificado de "disparatado" por el portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, Gustavo de Arístegui. En semejante clima, nada contribuyeron las palabras del canciller venezolano, Nicolás Maduro, quien declaró que el juez Velasco está "asociado a la mafia del ex presidente José María Aznar y a lo peor del Partido Popular ".
Aunque Zapatero estimó "inaceptables" tales declaraciones -y recordó que también en 2007 defendió a Aznar de las críticas de Chávez en la Cumbre Iberoamericana- las palabras de Maduro llevaron al líder del PP, Mariano Rajoy, a pedirle que convocara al embajador venezolano para expresarle su "más enérgica protesta", ya que "si no, se puede transmitir la sensación de que insultar a España o a su gobierno es gratis".
"El gobierno español está haciendo una muestra de debilidad, y la debilidad en política internacional siempre tiene muy mala retribución", estimó Muñoz Alonso. No todos creen que Madrid esté obrando mal. Ángeles Sánchez Díaz, coordinadora del Observatorio de Política Exterior (Opex), recordó que "la política de Venezuela puede ser muy errática en cuanto a los intereses extranjeros", por eso, dijo, el Gobierno hace bien en capotear el vendaval sin entrar en choques con Chávez. Por su parte, Marcelino Sexmero, juez y portavoz de la Asociación de jueces Francisco de Vitoria, apuntó: "Una resolución de la Audiencia Nacional puede producir efectos en las relaciones diplomáticas entre dos países. Es lógico que el Gobierno esté incómodo. Por eso es explicable la prudencia, para no liar más la situación".