PARADA MILITAR BICENTENARIO EJERCITO DE CHILE 2010

PARADA MILITAR BICENTENARIO EJERCITO DE CHILE 2010
BICENTENNIAL MILITARY ARMY OF CHILE 2010

REPORTAJES ESPECIALES E INFORMACIÓN ADICIONAL

lunes, 4 de octubre de 2010

ALGO HUELE MAL EN ARGENTINA (I): EL DESMANTELAMIENTO DE SUS FUERZAS ARMADAS, SEGURIDAD CIUDADANA EN CRISIS Y POLÍTICA EN LA ERA KIRCHNER

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Ignacio García - Intelligence, Defense and Security
La situación politica interna en la Argentina, ha pasado un tanto desapercibida para el grueso de los chilenos, también de analistas, gobierno y medios, solo prestando atención a  situaciones muy puntuales, sin realizar el ejercicio de poner las dinámicas suscitadas en el vecino país en una adecuada perspectiva. Los hechos acontecidos desde el 2009 a la fecha. en Chile,  campaña presidencial, segunda vuelta electoral, impacto de la Concertacion al perder el poder tras 20 años de gobierno, terremoto del 27 F, reconstrucción post terremoto, 33 mineros atrapados en el norte del país, huelga de hambre de los 34 comuneros mapuches, etc. Hicieron que la atencíon se abocara mirándonos el ombligo. Craso error. 
En este articulo, intentare exponer la percepción sobre la realidad actual político argentina  y de como dicho proceso, afecto la seguridad nacional de dicho país, y por ende regional. Loque derivo en el desmantelamiento de las capacidades de sus FFAA., seguridad ciudadana y proyección de las problemáticas internas.

CAUSAS BASALES DEL DETERIORO POLITICO ARGENTINO, DESDE EL PLANO HEMISFERICO. 
La descomposición y degradación de las instituciones y el quehacer democrático en la Nación Argentina, el quiebre institucional y constitucional interno, la imposición confrontacional del ejecutivo por sobre los demás poderes de la República , tiene una lógica operatoria en consecuencia a la planificación de implementación de un gobierno autoritario de izquierda, y a su vez, enlazada a una expansión ideológica, geo-estratégica antagónica y en ruta de colisión con los macro intereses e intereses geo políticos estratégicos de Chile.

La interrelación de los procesos expansivos ideológicos de izquierda en el cono sur en los comienzos de este siglo, evidencian directa concomitancia  con el proceso de deterioro de la democracia y la seguridad en el Continente. Siendo confluyentes, retro alimentativos, de objetivos políticamente comunes y, aunque por diversos medios, en vías de consolidación.
Me refiero al expansionismo de una plataforma política de izquierda continental. Concebida, planificada e implementada con el mismo modus operandi en cada país en donde las condiciones internas, sociales, económicas y políticas le ha permitido el utilizar dinámicas internas propicias para constituir plataformas de lucha,  y levantar propuestas estratégicas y objetivamente coincidentes con el pleno ejercicio de la democracia, para luego y una vez en el poder, socavar institucionalemnte las bases de esa misma democracia que se utilizo electoralmente en un principio, imponiendo, defendiendo y consolidando,  esquemas de gobierno de corte totalitario, anti sistemicos y coincidentes y en abierta alianza, con avanzadas político-estratégicas extra continentales de corte aun mas radical, como la penetración en el continente de movimientos políticos religiosos opuestos a nuestros esquemas políticos occidentales.
Una de las herramientas de consolidación del esquema totalitario de izquierda continental gobernante en A.L, dentro del proceso de destrucción de la institucionalidad, es la progresiva descomposición del elemento  FFAA. Vía supresión de mandos, cambio radical en los programas formativos de los Altos Cuadros y los institutos castrenses de formación, cambio de rol de estas, pasando del rol básico de defensa disuasiva a meramente operativa como elemento auxiliar de otras instituciones civiles. O bien, la ideologización extrema de ellas, acompañada de un fuerte equipamiento ofensivo defensivo.
Para el caso de la Argentina, la extrema y violenta polarizacion de la conviencia del poder ejecutivo con el poder judicial y legislativo y la destrucción de las capacidades de sus FFAA,  junto a otros factores, es un claro ejemplo de la implementacion de la plataforma politica de la izquierda latinoamericana y mencionadas en las bases de este articulo.
Dicha plataforma politica, via descomposición o re adcotrinamiento de las FFAA, les asegura eliminar el riesgo siempre latente que ante una situación de quiebre institucional, generado o auto generado, como lo es en Argentina, sus FFAA efectuen un pronunciamiento con  la toma de los tres poderes del estado y de las actividades del país en un pretendido reordenamiento.
Por ello, el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner, ha procedido a descomponer las capacidades de las fuerzas armadas argentinas, tal como se hizo y hace, en los países miembros de esta plataforma de izquierda continental. -Paraguay, cuatro descabecamientos de la plana mayor de las FFAA en tan solo un año) 
-Bolivia, readoctrinamiento ideológico político
-La misma Argentina, descomposición de las capacidades operativas 
-Ecuador, desintegración de los aparatos de Inteligencia del Estado y subyugación económica de clases y tropa
-Chile, intento de parte de la administración de Michell Bachelet de relegar a las FFAA  a un mero plano de simple suministrador de medios logísticos bajo la supervisión, comando y control de un organismo de emergencia de protección civil, por sobre el Comando Mayor Conjunto de la Defensa. Mediante la  firma de un simple decreto, no vía enmienda constitucional ni menos mecanismo legislativo
y Venezuela, quien procedió al reforzamiento de las capacidades de sus FFAA previo un profundo adoctrinamiento político de carácter radical. Privándolas de sus carácter esencial e irrenunciable. El ser apolíticas.  
Cuando dicha plataforma ideológica continental de izquierda no logra el control pleno y subyugacion de sus FFAA a sus ideario político anti democratico, procede a su desintegración.

DESMANTELAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEFENSIVAS DE LAS FFAA ARGENTINAS
El primer objetivo fue desmantelar a la Inteligencia Militar como en los casos de Jefatura 2 de Ejército y de la Marina de Guerra, vía fabricación y articulación forzosa de situaciones legales originadas por un revanchismo proveniente de sectores de ultraizquierda derrotados militarmente en décadas anteriores, los Montoneros, como la denuncia contra el SIN (Servicio de Inteligencia Naval) por Horacio Verbitsky, a partir de un "supuesto" arrepentido. Lo que dio pie a una seguidilla de actos judiciales de escaso valor probatorio en cualquier corte de un país civilizado, en donde la mayoría de las acusaciones se basan en relatos verbales sin investigación científica probatoria para lograr algo que en la Argentina de la administración kirchnerista, es absolutamente imposible. Un debido proceso bajo la presunción de inocencia.
Bastaron cinco años para terminar de destruir una de las columnas básicas de cualquier Estado, sin el cual, es imposible garantizar el orden público ni defender la Nación de ataques externos. Hoy en día las FFAA de la Argentina adolece de incapacidad de defender su soberanía, sea en la Mar frente a algo tan simple como la pesca ilegal de barcos extranjeros, sea en el aire, como los vuelos clandestinos en el norte y sur del país.
Uno de los objetivos de los gobiernos de los Kirchner, fue implementar en la Argentina la política de desmalvinización, que entre otras cosas, incluía evitar que las generaciones futuras de las Fuerzas Armadas, adquieran el conocimiento que obtuvo el personal que actuó en Malvinas. Primordial era, su desmantelamiento. Así sucedió durante toda la década de los 90, logrando gracias a los gobiernos de fuerte carácter corruptos de Alfonsín y Menem, desactivando planes militares de gran desarrollo, como la fabricación de aviones militares, el misil Cóndor o como el servicio militar obligatorio.
En los 90 se comenzó la desarticulación de las Fuerzas Armadas y luego de la caída de De La Rua, comenzó el segundo proceso, que culminará con la conformación de unas Fuerzas Armadas "patrulleras", solo capaces de custodiar pequeñas escaramuzas en un breve período de tiempo. Hoy en día, la Gendarmería Nacional posee mayor poder de fuego que el Ejército, y hasta su personal está mejor capacitado y activo.

La Ministro de Defensa, Nilda Garré, ex "Comandante Teresa", oficial de inteligencia del grupo subversivo de ultra izquierda Montoneros, ha desmantelado completamente a las tres Fuerzas, y en cinco años y medio ha dejado al país totalmente indefenso, ya sea en caso de conmoción interior como en un ataque externo. Argentina viene rediciendo su gasto en Defensa en forma progresiva y sostenida desde que Néstor Kirchner,  asumió como presidente en el 2003.
Garré ha admitido hace unas semanas, que hoy el poder de fuego del Ejército argentino, es menor a dos horas de combate continuo.
Un estudio del Banco Mundial refirió que la Argentina es el país que menos dinero invierte en Defensa en toda América del Sur . Se ubica en el puesto número 26 De 131 países, se ubica en los últimos 26. Argentina gasta lo mismo en defensa que Bangladesh, o que Albania. Teniendo en cuenta la extensión territorial de cada país es evidente lo inadecuado de la medida. Congo y Nepal gastan más en Defensa que Argentina, solo un dato curioso.
Repasaremos a continuación, la actualidad de las tres Fuerzas Armadas de Argentina, de forma breve.

ARMADA
No hubo oficiales de la Armada que cuestionaran en su momento la labor de su jefe, el entonces Almirante Jorge Godoy, con excepción del jefe de la Flota de Mar, Contraalmirante Francisco Galia, pues se negaba rotundamente al plan de desarme. Le expresó a Godoy, antes de ser pasado a retiro forzoso: "Su conducta no sólo es indigna, sino que es rayana con la traición".. Esta frase refleja la actualidad de la Armada y de la percepción de la alta oficialidad naval respecto a la determinación y de su entonces comandante.

UNIDADES NAVALES
Las unidades de la flota de mar navegan apenas un promedio de 32 días anuales. La cantidad de buques de la Flota de Mar no supera la docena, pero la mayoría con problemas de mantenimiento por falta de presupuesto, lo que redunda en  un funcionamiento inconstante. Ejemplificador es el caso de una de las unidades navales de superficie,  El buque ARA Puerto Deseado, buque oceanográfico que ha tenido varios y serios desperfectos que han puesto en jaque los estudios que se realizan para la extensión de la Plataforma Continental Atlántica que vence para Argentina el 2010.
La Armada Argentina actualmente no puede defender su soberanía nacional a la milla 201. 
Existen más de ciento cincuenta buques pesqueros y factorías extranjeros en inmediaciones del límite de las doscientas millas náuticas correspondientes a la República Argentina. Los patrullajes de la Armada, son insuficientes. Siendo irrisorio que ahora el encargado de custodiar esa zona es  la Prefectura Naval, la que no pose ni la infraestructura adecuada para advertir a los buques infractores, capturarlos ni los medios para ello.
Con solo 3 buques de guerra operando en óptimas condiciones, y apenas un puñado de aviones navales, Argentina no puede controlar ni menos defender tan amplio sector de Mar territorial. Hoy en día cualquier buque puede burlar la defensa nacional, sin ser detectado, y de paso llevándose sus recursos pesqueros. Como tambien buques clandestinos con tráfico de drogas o de armas, cualquiera puede penetrar el Mar Argentino sin ser detectado.

El primero de abril y a un día de cumplirse el aniversario por la recuperación de las Islas Malvinas, el Ministerio de Defensa, comunico su decisión política de cerrar la base Aeronaval de Punta Indio, la Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque. La razón que se esgrimió fue la falta de fondos para mantenerla minimamente operativa. Los terrenos serán vendidos como el resto de las bases del Ejército Nacional.

El poder aéreo de la Aviación Naval ha quedado reducido a un puñado de aviones de reconocimiento y de carga, y solo se poseen 2 aviones Super Etendard operables, sin misiles, optronica ni modernización a bordo
La Infantería de Marina que supo ser en la época de Malvinas, un caso de estudio en universidades militares, hoy ya no existe. Fue desmantelada por decisión ministerial y la mayoría de sus unidades hoy son museo cívicos.
En resumen, la Armada Argentina no posee lo minimos medios para controlar y defender 3 millones de km2. de océano.

FUERZA AÉREA
Solo el 15% de la flota de combate de la Fuerza Aérea está en condiciones operativas. Informes técnicos detallan averías o elementos vitales irreemplazables, no por sus costos o por alguna dificultad técnica, sino por la inexistencia de recursos materiales y por el bajo presupuesto que desde hace años se le asigna a la Aviación.
En el 2007, de los 230 pilotos que tenía la Fuerza Aérea Argentina al comenzar el año, 55 ya habían solicitado el retiro por falta de estímulo profesional debido a la carencia de medios para trabajar, es decir, aviones en condiciones normales de seguridad.
Tras un accidente de un avión, la Ministro Garré ordeno el retiro de circulación de los caza Mirage, sin reemplazarlo por otro tipo de avión similar o superior para su tarea
Desde el año 2006 a principios de 2008 hubo 4 accidentes aéreos. No quedan aviones, y tampoco pilotos.
La Fuerza Aérea es incapaz de controlar el espacio aéreo nacional, pues posee media docena de radares que en su mayoría son destinados al norte argentino para controlar los vuelos clandestinos con tráfico de drogas.
Los proyectos de fabricación nacional de radares 3D, no tendrían producción en serie hasta al menos 2013. Si es que se logra instalar la capacidad a gran escala tecnológica e industrial para tal propósito.
Todo el resto del espacio aéreo argentino está "libre" para la entrada de cualquier tipo de aeronave. Lo que a todas luces es un grave peligro. 
En referencia a este punto, sectores militares y políticos de oposición, inexplicablemente no ha tenido resultados positivos en cuanto la gestión de control del gobierno nacional a la existencia del denominado "aeropuerto inglés" en la Patagonia argentina, cuya pista de aterrizaje construida en solo dos meses es tan larga como la del Aeroparque de Buenos Aires, poseyendo esta pista y  enclave privado de un ciudadano origen britanico, capacidad en cuanto a largo de pista para recibir aeronaves de transporte y ataque, como cazabombarderos de cuarta y quinta generación provenientes de una platafroma naval de proyección tactiva. Un portaaviones. Dicha pista no posee ningún tipo de control.
El Diputado Nacional Fernando Sánchez (Colaición Cívica) y la Legisladora Provincial de Río Negro, María Magdalena Odarda (ARI), en su momentoenviaron un informe a la Ministro de Defensa, Nilda Garré para que de respuesta por la construcción del polémico aeropuertoen Puerto Lobos. 
La diputada Odarda ha recibido amenazas de muerte, por lo que se vio obligada a realizar una denuncia penal. 
A la fecha, la ministra Garré no ha recibido en su despacho a los diputados denunciantes ni menos contestado el informe enviado.
Aeropuerto privado en la Patagonia Argentina:

EJÉRCITO
Sin duda es el más golpeado en el proceso lento pero radical de desmantelamiento de las FFAA.
El Gral. Roberto Bendini, expresó en una oportunidad (18/09/06): "No tengo capacidad técnica...de nada y para nada". Con esa frase se resume la realidad del Ejercito de Argentina.
Los terrenos de las unidades y regimientos se están y venden al mejor postor, pues el objetivo pareciera ser  liquidar, muchas en propuestas cerradas no publicas y poco transparentes, en donde se enajena vía decreto todo tipo de material e instalaciónes, hasta lograr, según un plan previo de liquidacion de activos, con solo cinco batallones que operen en determinados sectores del país.

Pequeñas brigadas
Como se explica más arriba, solo quedaran cinco batallones operando, que tendrán por nombre "Fuerzas de Empleo Inmediato" que conformarán el nuevo ejército argentino:
7° Brigada con sede en Corrientes
4° Brigada en Córdoba (aerotransportada)
6° Brigada en Neuquén (especializada en montaña)
3° Brigada en Mendoza (montaña)
5° Brigada constituída en el CAO (Centro de Instrucción y Adiestramiento Operacional) de Campo de Mayo.
Nada más.

El resto desaparece o se reubica siendo asimiladas, previa prescindencia de su personal plenamente calificado,  dentro de estos 5 nuevos batallones. 
La reducción en materiales, efectivos, e instalaciones, dejará libradas a la venta propiedades por un valor superior a los mil millones de pesos argentinos.

Las razones ideológicas y políticas que aniquilaron la seguridad nacional argentina y sus capacidades, son un caso especial que es seguido de cerca, con atención y especial interés por parte de Estados Unidos, en la óptica de la seguridad integral hemisférica.

LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL GRAN BUENOS AIRES Y PROVINCIAS
"El mar no tienen buques argentinos; por el cielo todos pueden volar, menos nuestra Fuerza Aérea; por tierra.... ya no hay seguridad. Y por si no bastara con desarmar las Fuerzas de la Nación, también a los civiles quieren desarmar, para que no haya un solo patriota, que pueda su arma, disparar...". El texto sale de una canción de jóvenes oficiales del Ejercito argentino. Ilustrativo del pensamiento y sensación de las nuevas generaciones castrenses y el sentir ciudadano.
El gobierno de los Kirchner ha implementado un plan de entrega y de destrucción de todo el stock de armas cortas y largas legalmente inscritas  e ilegales. Logrando una cifra récord de destrucción en la República Argentina y también récord en América latina.

¿Por qué a los civiles también?
La inseguridad en Argentina crece sin pausa. También el desarme de sus Fuerzas Armadas y el de los civiles, pero, ¿por qué? Hoy en día, desde el gobierno nacional se alienta el desarme, para evitar "accidentes" y el mal uso de las armas de fuego. La medida ha sido percibida por la ciudadanía, inmersa en  una ola de delincuencia fuera de control y en la que se ven a menudo implicados agentes policiales y de seguridad, lejos de reales medidas que aporten la sensación empírica de protección, por lo que a la iniciativa del gobierno, se le asignan escasas probabilidades de efectividad.
En gran capital se han detectado públicamente, como en la década del 70, fábricas clandestinas de producción de armas. Las famosas armas "tumberas" como se les denomina, las que la población pudo ver en las imágenes de televisión en una protesta en Córdoba hace un tiempo, portandolas lgrupos de choque para militar de sindicatos y grupos de izquierda proclives al gobierno. Los piqueteros
Dichos grupo de choque se encontraría relacionado con el arsenal de guerra robado en Mendoza al Ejército Argentino. Con destino final también a grupos subversivos en el norte de Argentina (ver post especial de mañana).  En dicho acto delictual se procedió al robo miles de fusiles FAL y municiones. Aún no hay pistas sobre el hecho ni de sus autores.

Para 2011 se pretende dar por finalizado el largo objetivo  político-ideologico del desmantelamiento total de las Fuerzas Armadas.
Serán Fuerzas Armadas extinguidas en la práctica, aunque en teoría funcionarán como hoy las ven los argentinos, con un margen de acción limitado a lo igual que sus miembros, material y armamento.
Ello está permitiendo actualmente y facilitará aún más en el futuro la gestación de grupos paramilitares que respondan al gobierno, como los estructurados bajo las orgánicas políticas leales a los Kirchner, pero ya sin palos ni bombos, sino con armas de fuego sumados a  grupos subversivos de ultraizquierda. Tal es el fin al parecer, de las fabricaciones clandestinas de armas, que de a poco, van evidenciándose en el alto quehacer delictivo,  para ir acostumbrando a la sociedad argentina, que camina sin saberlo, hacia un abismo incontrolable e incierto.

LAS RAZONES DE LOS KIRCHNER PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE LAS FFAA.
Transversalmente en todo el discurso político y actuar de las dos administraciones de la pareja Kirchner y su circulo de asesores mas inmediato, con mayoría de personajes con pasado judicial y criminal en hechos de sangre realizados en operaciones de guerrilla urbana en los 70's. Se aprecia una razón basal de índole revanchista y vengativa a raíz de la derrota militar sufrida por la milicia y grupos subversivos de ultraizquierda argentinos en esa década. Lo que redundo en un casi conspirativo accionar contra las FFAA que afecto seria y gravemente la seguridad nacional y regional. En donde se utilizo como argumento-excusa interminablemente en el tiempo, tanto en contiendas electorales como en el debate particular a  las sucesivas dictaduras militares y la violación de los derechos humanos. 
El transito de la vida política argentina post dictadura, a pesar del tiempo transcurrido, no ha terminado de cerrase mediante una efectiva transición democrática que logre fundar las bases de una nueva y firme estabilidad política e institucional y convivencia civico-democratica sana y plena
Los grupos políticos que ayer fueron militarmente derrotados, hoy insertos plenamente en el gobierno, vía manipulación por mecanismo plenos de una desatada corrupción, logran el control de fuerzas gremiales sectoriales, políticas y de presión, reteniendo el poder político a la fuerza, provocando el quiebre de hecho, del estado de derecho y la constitucionalidad
Argentina se ha desbocado en una espiral de violencia política y desacato abierto a la carta Magna en un grado suficiente que justifica la intervención de la oposición, para una destitución legal del ejecutivo y a la vez, ha sentado la bases para una implosión social violenta. Pero los propios argentinos, insertos  en el día a día,  no se han dado cuenta, en donde ya parecen haber perdido la capacidad de asombro.
Un cambio de las fuerzas políticas actualmente gobernantes en las próximas elecciones presidenciales, es la única tabla de salvación que tiene la nación antes del caos social. Están ad-portas.
*Con información de Informador Publico, Argentina
Periodico el Malvinenense 1, 2 y 3

GALVARINO APABLAZA: UN CONFLICTO INNECESARIO

Solicitada
Andrés Cisneros: Abogado. Universidad del Salvador. Cursó la carrera de Ciencia Política. Secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (1996-1999). Secretario General y de Coordinación. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (1992-1996). Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. Jefe de Gabinete del Ministro Guido Di Tella. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (1992-1996). Jefe de Gabinete del Ministro. Ministerio de Defensa. (1991). Vicepresidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), desde 1994. Miembro del Directorio de la CONAE desde 1991.
En política exterior, cualquier decisión puede gustarnos o no, según gratifique a nuestro color ideológico. Pero es objetivamente buena o mala según beneficie o perjudique al interés nacional argentino.
En esa perspectiva, aún los más convencidos de que la negativa de extraditar a Apablaza estuvo bien, deben igualmente tomar en cuenta los costos que por tal decisión vamos a terminar pagando.
En los Ochenta, cuando recuperamos nuestra democracia, afrontábamos un balance sumamente negativo. Cien años de controversias limítrofes, en 1978 casi invadimos Chile, al borde de un conflicto armado que habría resultado siniestro, veníamos de desconocer el laudo por el Beagle, el régimen de Pinochet había apoyado a Gran Bretaña en la guerra de Malvinas y se acentuaba un sentimiento de antagonismo claramente pernicioso para los tiempos por venir.
En los siguientes veinte años invertimos completamente la actitud.
Cambiamos hostilidad por cooperación, solucionamos la totalidad de los conflictos limítrofes, Chile pasó a apoyarnos militantemente en el reclamo por Malvinas, se convirtió en el tercer inversor extranjero directo en Argentina y miles de millones de dólares trasandinos se inyectaron en nuestro sistema económico, al tiempo que concertábamos innumerables acuerdos públicos y privados de progreso asociado.
Nada de eso va a revertirse a causa de nuestra negativa respecto de Apablaza, pero ciertamente va a perjudicar a ese proceso, ese sí verdaderamente progresista, y se inscribe en el ya muy poblado museo de las acciones políticas que, a contramano del avance regional, introducen palos en la rueda del entendimiento.
En términos jurídicos, la Corte argentina ya se había pronunciado. Y en términos políticos, no tiene importancia si Apablaza es culpable o más inocente que la Madre Teresa: esa es una decisión que corresponde a la Justicia chilena.
Esa habría sido nuestra correcta respuesta política. Siempre y cuando, por supuesto, pensemos que Chile es una verdadera democracia y allí funciona un sistema judicial respetable y que garantiza los derechos humanos.
A partir de ahora, el mensaje que estamos enviando al mundo entero es que nosotros, los argentinos, los socios, amigos y vecinos estratégicos de Chile, quienes más los conocemos, creemos que eso no es cierto, que la democracia y la Justicia chilenas no son de fiar, que no ofrece las garantías suficientes del debido proceso.
Pavada de ofensa y pavada de costo que deberemos afrontar, en una nueva disminución de nuestra ya módica credibilidad en el mundo. Un agravio inmerecido a quienes siempre hemos considerado como hermanos, una verdadera cruzada contra nosotros mismos, un conflicto completamente innecesario, sorprendiendo a los desprevenidos chilenos con la inevitable sospecha de que, para determinadas formas de entender la política, cuando talla la ideología tambalea el estado de derecho.
Para cerrar, es de lamentar que los fundamentos de la CONARE (Comisión Nacional para los Refugiados) no se den a la luz pública. Una pena, pero cualquier interesado puede conseguir unas argumentaciones de resultado semejante: son las que esgrime Irán para no acceder al pedido de extradiciones que le reclama la Argentina.

LA COLABORACIÓN DE LA PDI Y LA CIA EN LA LUCHA CONTRA AL QAEDA EN EL NORTE DE CHILE

En marzo pasado, un informe del Departamento de Estado norteamericano confirmó un episodio hasta hoy desconocido de la guerra de Bush contra el terrorismo islámico. Con autorización oficial, la CIA practicó seguimientos, escuchas telefónicas y fotografías a árabes residentes en Iquique, Chile. Pero la colaboración se acabó cuando la agencia intentó secuestrar a un ciudadano libanés vinculado a Hezbollah y la policía civil chilena se negó a ser parte en el secuestro.
Por Luis Narváez y Javier Rebolledo / La Nación Domingo

Con indignación reaccionó la alta funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en Chile, cuando se enteró de que el grupo de agentes de la Policía de Investigaciones se había negado a cumplir una misión que para ella y la CIA era fundamental: secuestrar en Iquique al ciudadano libanés con negocios en la Zona Franca, Arafat Ismail.
M. T. (este medio reserva el nombre completo a fin de resguardar su seguridad) había llegado a Chile días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas y al Pentágono.
En la memoria de los estadounidenses, y del mundo entero, estaba aún presente la traumática imagen del desplome del World Trade Center. Los servicios de seguridad norteamericanos redoblaron sus labores de inteligencia en zonas consideradas "sensibles", es decir, donde se sospechaba que Al Qaeda, ponía en peligro sus intereses. Ante los ojos de las autoridades de Washington, Chile y la región de la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina eran unos de los principales focos de preocupación, porque allí se había detectado una la red de financiamiento que pudo haber participado en la planificación de los atentados del 11-S.
Pero, debieron transcurrir cinco años y medio para el de 30 de marzo de 2007, el Departamento de Estado norteamericano publicara un extenso informe, donde comunica detalladamente al Congreso de su país las actividades realizadas en todo el mundo a partir del 11/S de 2001, especialmente las de los últimos años.
Sobre Chile, Condoleezza Rice destaca que "funcionarios (chilenos) monitorearon posibles vínculos entre extremistas de la Zona de Libre Comercio de Iquique (Zofri) y los del área de la Triple Frontera, cuando aumentan los lazos comerciales entre ambas áreas".
Destaca, además, la cooperación desde un comienzo con Estados Unidos una vez firmados los convenios sobre la lucha antiterrorista tras los ataques en Nueva York y Washington. En la práctica, esto derivó en un intercambio no sólo a nivel policial, sino en la creación de un sistema que facilitó la intervención, en toda Sudamérica, de los organismos de inteligencia de EEUU, especialmente de la Agencia Central de Inteligencia, (CIA).
Y así fue como esa fresca mañana de marzo de 2002 un equipo de agentes encubiertos de la CIA en Iquique preparaba la que sería una de las acciones más audaces en la región. Los cinco personajes esperaban las órdenes del líder del grupo, una mujer robusta e impecablemente vestida, que se movilizaba en un vehículo con patente roja: era M. T.. Para el común de la gente, ella sólo cumplía labores diplomáticas, pero en verdad era la jefa de la CIA en Chile.
 La relación con los hombres de Bin Laden
La agente estadounidense tenía una carpeta con las actividades de árabes, residentes en Iquique, que mantenían un creciente flujo comercial con la región de la Triple Frontera.
En el papel Assad Ahmad Barakat figuraba como uno de los principales sospechosos a cargo de construir una compleja trama financiera entre sociedades comerciales ubicadas en la Triple Frontera e Iquique. Así lo entendió la prensa internacional que, a partir de 2001, ya lo mencionaba como uno de los principales financistas de Al Qaeda.
Pero la información que tenía M. T. involucraba a uno de los más cercanos colaboradores de Barakat: Arafat Ismail, un ciudadano libanés residente en Iquique, que según ella estaba directamente relacionado con los mujaidines de Osama Bin Laden. Este personaje había arribado al aeropuerto de Iquique el 17 de junio de 2001.
Tales eran las sospechas sobre Barakat e Ismail, que cinco meses antes de la llegada de la jefa de la CIA, y del 11-S, el grupo de cinco agentes de la repartición de inteligencia, ya escudriñaba en Iquique cualquier acción sospechosa.
La Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol), que en ese entonces dirigía el prefecto Luis Henríquez también tenía informes que apuntaban hacia Ismail. Según los antecedentes -a los que LND tuvo acceso- Ismail mantenía una casilla en el mismo banco estadounidense desde donde sacaba dinero Mohamed Atta, el mismo que el 11 de septiembre de 2001 piloteó uno de los aviones que impactó en el World Trade Center. En otras palabras, había serias sospechas de que Ismail formara parte de la célula que participó en los atentados en EEUU.
Tras meses de monitoreo de los agentes de la CIA, apoyados por los detectives de inteligencia de Investigaciones, llevaron a que la diplomática tomara una decisión radical para terminar con aquella red.
El plan que tenían los estadounidenses parecía simple. Harían todos los arreglos para que ingresara un avión de transporte indetectable a los radares. Aterrizaría a poca distancia de Iquique, en pleno desierto. Los policías chilenos debían cumplir con el trabajo operativo: apresar al libanés y transportarlo hasta el lugar. Ahí terminaba su labor. Si bien los estadounidenses no comentaron donde lo llevarían, señalaron que necesitaban urgentemente someterlo a un interrogatorio. Aunque nunca se conversó de manera explícita, los agentes de la policía civil sabían que su destino sería la cárcel de Guantánamo o algún centro clandestino.
Lo que sí se encargaron de asegurar los integrantes de la CIA es que Chile no se vería involucrado, ni siquiera de forma indirecta, en la operación. Se informaría oficialmente que Ismail había sido apresado dentro de las fronteras de Estados Unidos.
Como argumento a su favor, los estadounidenses contaban que cuando Arafat Ismail ingresó a Chile, entregó como domicilio privado el mismo departamento de calle Arturo Prat en que había fijado su residencia Barakat.
La presión que ejercieron los agentes de la CIA fue extremadamente fuerte. Al arduo trabajo de los seguimientos, escuchas telefónicas, fotografías y análisis a las empresas de los ciudadanos de origen libanés en Chile, ahora se sumaba la voluntad expresa de la inteligencia estadounidense de cometer una acción que, para los chilenos, era absolutamente ilegal y contraria al Estado de Derecho.

Financiamiento a Hezbollah
A través de un oficio secreto del 7 de noviembre de 2001, el entonces director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery, solicitó al Ministerio del Interior que aplicara la Ley 18.314 de Seguridad del Estado, lo que daría paso al nombramiento de un ministro en visita. En esa ocasión, Mery adjuntó una minuta secreta, firmada por el jefe de la Jipol, Luis Henríquez, donde se detallaba una serie de antecedentes recopilados por la inteligencia de Paraguay y la CIA. Ésta daba cuenta de la relación de un grupo de ciudadanos libaneses con pasaporte paraguayo, que habrían estado vinculados al atentado de la AMIA en Buenos Aires en 1994. Según la policía civil, los libaneses efectuaban un fluido intercambio comercial y constantes viajes a la ciudad de Iquique, que a simple vista no llamaban la atención a nadie.
El 9 de noviembre, el Ministerio del Interior aprobó el requerimiento de Mery y la corte nombró como ministro en visita a Juan Muñoz Pardo.
Apenas cuatro días más tarde, el juez citó a declarar en la causa al propio Henríquez. En su testimonio, el jefe policial señaló: "En el mes de mayo del presente (2001) recibí la petición de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica de activar planes de búsqueda de información relativa a verificar el comportamiento sospechoso en materia comercial de ciertos ciudadanos libaneses que tenían negocios en Ciudad del Este, en Paraguay, y residencia en Foz de Iguazú, Brasil. En atención a que se había interceptado información en el Medio Oriente de que se iba a producir un grave atentado a los intereses de Estados Unidos en alguna parte del mundo".
Además, señaló al juez que, luego de los atentados del 11 de septiembre, se dio cuenta de que la información que manejaban los estadounidenses era veraz. "Por lo tanto, extremamos nuestros servicios en esa zona, ya que en el correr de los días empezaron a aparecer informaciones en los países de Brasil y Paraguay, que indicaban las sospechas de que muchos de los ciudadanos que allí residen, enviaban importantes sumas de dinero, mencionando incluso millones de dólares a Hezbollah para financiar acciones terroristas en distintas partes del mundo, del cual no podría descartarse Chile", indicó Henríquez.
Aunque no lo declaró judicialmente -para mantener la mayor discreción en Iquique-, la policía civil decidió crear el Departamento de Asuntos Extranjeros (DAET), una unidad de elite que respondía exclusivamente a Henríquez. Su misión se concentró en investigar a los ciudadanos libaneses que migraban constantemente a la ciudad, mezclarse con el entorno, seguir sus pasos y, también, reclutar informantes que permitieran desbaratar otra operación terrorista o entregar más datos sobre los responsables del 11/S.
Dicha unidad logró recabar una información aún más preocupante. Con los datos entregada por el Departamento de Control de Fronteras, analizaron los viajes de ciudadanos de origen libanés desde julio de 2001, detectando que cada mes llegaban y salían del país un promedio de tres individuos de esa nacionalidad: los lunes, miércoles y viernes. "Es dable señalar que el día viernes 7 de septiembre de 2001, hicieron abandono del país 11 ciudadanos de origen libanés y, desde ese día hasta el 19 de septiembre no se registró movimiento migratorio de personas del Medio Oriente a Iquique, reanudándose estos el 19 de septiembre", señala uno de los informes secretos.
LND se reunió con el ex jefe de la Jipol en un café de Ñuñoa, Santiago de Chile. Con el instinto policial intacto y pasados varios años de su retiro, Henríquez narró algunos pasajes de la investigación conjunta con la CIA. "Al principio creímos que era Hezbollah, pero luego nos fuimos dando cuenta de que las personas a las que seguíamos correspondían a Al Qaeda", señala. Era importante determinar si la célula investigada pertenecía o no a Hezbollah, puesto que está organización no debiera mantener vínculos con Al Qaeda. Ambas representan corrientes opuestas del Islam: la primera es shiita; la segunda, sunita.
Aunque Luís Henríquez declinó referirse a los planes de secuestro de Arafat Ismail, confirmó que hubo un momento en que las relaciones con M. T., la jefa de la CIA en Chile, se deterioraron gravemente.

Ahmed Barakat y la triple frontera
Recién comenzada la investigación judicial en Chile, el principal sospechoso era Barakat, ya que en ese momento se encontraba prófugo de la justicia paraguaya, procesado por los cargos de asociación criminal, apología del delito y evasión tributaria.
El informe secreto que el propio Henríquez entregó a Nelson Mery y que sirvió de base para que se nombrara un ministro en visita por posibles acciones terroristas, señala que "según la Secretaría de Prevención del Terrorismo de Paraguay, Barakat es jefe militar de Hezbollah en la triple frontera. De acuerdo a los antecedentes que maneja investigaciones, ingresó a Chile el 25 de junio de 2001, momento en que realizó los trámites para concretar su solicitud de residencia, registrando como domicilio particular Avenida Arturo Prat número 2748, departamento 11", Iquique.
De ahí en adelante las informaciones obtenidas por la policía chilena se combinaron con las de la CIA. Con una asombrosa habilidad, que llamó la atención de los estadounidenses, algunos de los detectives chilenos lograron infiltrarse dentro de la red de ciudadanos libaneses sospechosos de formar parte de la trama financiera del terrorismo islámico. Posteriormente, incluso lograron que un descendiente de árabes residente en Iquique, que trabajaba en las empresas relacionadas con Barakat, se transformara en informante pagado.
Con estos antecedentes, más la compleja trama de empresas que habían constituido los libaneses en Iquique, el 7 de noviembre de 2001 el ministro Muñoz dictó una orden de arraigo sobre doce ciudadanos libaneses residentes en nuestro país.

A cuenta del Tío Sam
Como las indagaciones se concentraban exclusivamente en Iquique, Muñoz entregó el caso a Jaime Chamorro, ministro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad. Eran los últimos días de noviembre del 2001.
De inmediato, el nuevo juez se informó de los antecedentes recopilados y se puso a trabajar con los mismos agentes de la DAET, que ya llevaban varios meses pesquisando las actividades de los empresarios libaneses de la zona. Chamorro dispuso la incautación simultánea de varios locales y bodegas de la Zofri, y practicó interrogatorios a los libaneses con orden de arraigo, pero no logró comprobar ningún ilícito, por lo que decidió levantar la medida cautelar.
Sin embargo, la decisión judicial no significó en la práctica que los efectivos de la Policía de Investigaciones cortaran el trabajo con la CIA. De hecho, mientras los agentes norteamericanos se hacían pasar por empresarios y se alojaban en los hoteles más costosos de la zona, como el Terrado Suite, los policías chilenos también trabajaban con identidades falsas.
Según fuentes allegadas al caso, el organismo de inteligencia estadounidense aportaba mensualmente 20 millones de pesos chilenos para financiar los gastos de los agentes chilenos en el norte. Con eso tenían suficiente para pagar arriendos de tres departamentos -que superaban los 600 mil pesos al mes- y así resguardar las identidades que habían creado con el mayor cuidado.
Uno de los policías que actuó en ese grupo recuerda la buena relación que tenían con los agentes de la CIA. "Ellos traían todo tipo de material electrónico. Cuando necesitábamos saber lo que sucedía al interior de una casa, les avisábamos, ellos entraban en un segundo, instalaban los micrófonos y luego nos entregaban los aparatos de escucha. Todo eso lo regalaban, aunque a cambio ellos solicitaban las grabaciones de las conversaciones", señala. Otro funcionario de Investigaciones, que participó como asesor en aquella operación, asegura que "también regalaron a la policía computadores personales Sony de última generación, del tamaño de una agenda y extremadamente delgados. En ese tiempo nada de eso se veía en Chile. Dentro del trabajo de inteligencia, esto es normal y forma parte de la cooperación y el intercambio entre los organismos".

EL PLAN MAESTRO
A estas alturas, ya entrado marzo de 2002, los funcionarios de la CIA eran cada vez más insistentes respecto a la necesidad de apresar a Arafat Ismail. Un testigo ocular de una tensa conversación entre la diplomática y uno de los jefes del grupo de policías chilenos aseguró a LND que "se hizo una petición explícita para que el equipo chileno apresara al libanés en el menor tiempo posible".
Pero los detectives se ciñeron la Constitución chilena y se excusaron señalando que no tenían una orden judicial ni razones concretas para sospechar que Ismail había cometido un ilícito en territorio nacional. La misma fuente, relató que "la funcionaria dijo que lo único que teníamos que hacer era agarrarlo y llevarlo para que ellos lo sacaran en un avión".
Los policías chilenos insistieron en que llevar a cabo esa acción importaba una abierta violación a los derechos de Ismail, lo que, según las mismas fuentes, a la larga resultó determinante para evitar el secuestro.
"No sólo era una acción ilegal y contraria al Estado de Derecho. Si hubiésemos colaborado, habríamos puesto al país en riesgo máximo de recibir una represalia de alguno de los movimientos islámicos fundamentalistas, como ha ocurrido en otros países", asegura un alto jefe policial de la época.
Los antecedentes con que cuenta este medio indican que los funcionarios chilenos que se negaron a cumplir la misión especial de la CIA, dieron cuenta al director de la Jipol, Luis Henríquez. A los pocos días, Arafat Ismail dejó el país por su cuenta y, en octubre de ese año, la funcionaria de la embajada de EEUU en Chile y encargada de la CIA abandonó el país.
Durante la invasión de Estados Unidos a Irak, en 2003, el Presidente Ricardo Lagos cuestionó la urgencia de esa guerra y ordenó a su embajador en Naciones Unidas, Juan Gabriel Valdés, votar en contra de una acción militar contra Irak en el Consejo de Seguridad. La decisión del ex Mandatario no sólo fue asumida corriendo el riesgo de que la Casa Blanca decidiera echar pie atrás al TLC con nuestro país, que debía firmarse por esos días.