ORGANIZACIÓNES DEMOCRATICAS RECHAZAN INFORME SOBRE HONDURAS

LA CIUDADANIA HONDUREÑA SE HA MANIFESTADO A FAVOR DE LA SUCESIÓN CONSTITUCIONAL QUE SACO AL CUESTIONADO ZELAYA

La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, rechazó hoy el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA y bajo la tutela del socialista ex marxista y cuestionado secretario general Jose Insulza, por su parcial apoyo a Higo Chavez, sobre Honduras. Según UnoAmérica, las observaciones preliminares presentadas ayer por la CIDH son “sesgadas, parcializadas e injustas”.
UnoAmérica opina que el informe de la CIDH contiene al menos tres graves errores conceptuales y metodológicos:
Primero, la CIDH considera al gobierno de Micheletti como un régimen de facto, pese a que es el resultado de una sucesión presidencial legítima y constitucional, ordenada por el Congreso y la Corte Suprema de Justicia de Honduras, luego de que Zelaya intentara violar la Carta Magna.
Segundo, la CIDH se limita a señalar los presuntos excesos de las fuerzas de seguridad del Estado contra los manifestantes zelayistas, sin tomar en cuenta que existe un masivo plan de desestabilización para derrocar al gobierno, financiado por el gobierno de Hugo Chávez y -presumiblemente- por las FARC.
Tercero, la CIDH descarta -y ni siquiera menciona- las amenazas de invasión extranjera, proferidas por los gobiernos del ALBA, particularmente los de Nicaragua y Venezuela; y que, como consecuencia de esas amenazas, el gobierno hondureño se ha visto obligado a tomar medidas para defender su soberanía y salvaguardar la paz.
UnoAmérica considera que todos los organismos dependientes de la OEA, como la CIDH, han dado un viraje hacia la izquierda, y que ya no actúan de manera imparcial, como ordenan sus estatutos, sino al servicio de sus colegas socialistas.
UnoAmérica opina que el Dr. Víctor Abramovich, primer vicepresidente de la CIDH, “no debió haber participado en la delegación que visitó a Honduras; puesto que sus tendencias ideológicas le impiden ser imparcial.”
“Abramovich fue durante años director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (CELS), instituto presidido por Horacio Verbitsky. Abramovich también se desempeñó como su abogado. Verbitsky fue dirigente de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y de los Montoneros, grupos armados de extrema izquierda, y durante su militancia en esas organizaciones estuvo involucrado en numerosos actos de terrorismo."
Finalmente, UnoAmérica expresó que los ataques infundados contra el gobierno de Micheletti se deben a la preocupación que existe dentro de izquierda latinoamericana, de que el precedente hondureño se extienda por toda la región. “Zelaya no es el único que violó la Carta Magna, también lo hicieron Chávez, Morales, Correa y Ortega. Ellos temen ser objeto de una sucesión constitucional, como la que ocurrió en Honduras”

VENEZUELA: GOBIERNO REPRIME VIOLENTAMENTE MARCHA OPOSITORA CONTRA MODELO DE EDUCACION CUBANO IMPUESTO POR CHAVEZ

La Policía Metropolitana lanzó gases lacrimógenos a la cabecera de la marcha opositora contra la nueva Ley de Educación, cuando la columna llegaba hasta el lugar que se encontraba autorizado.

La manifestación transcurrió en paz hasta el punto de llegada, en la céntrica avenida Libertador, donde se levantó una barrera de seguridad con varios cientos de de agentes fuertemente armados que dispararon los gases cuando arribo el grueso de la columna.
La masiva manifestación se replegó a unos metros de la barrera, donde muchos manifestantes, en su mayoría estudiantes universitarios, se mantuvieron ondeando sus pancartas y con sus manos levantadas, reclamando el derecho de protesta y el cartacter pacifico del evento, que reunio a la amplia mayoría de la civilidad venezolana .
La marcha partió desde el municipio residencial de Chacao y varios miles de personas caminaron sin incidentes hasta la avenida Libertador, que fue el punto de llegada autorizado por el gobierno.
En la jornada también se realizó una manifestación a favor de la Ley de Educación, con miles de simpatizantes del gobierno traídos expresamente para la ocasión en buses estatales desde los interiores del país, expresando un supuesto respaldo al texto legal, a unos metros de la Asamblea Nacional (Congreso).
Mientras la oposición fue limitada a marchar solo hasta una avenida alejada de la Asamblea Nacional, punto de llegada que pidió al principio, el oficialismo fue autorizado para concentrarse a unos metros de la sede legislativa.
La manifestación opositora fue seguida de cerca por 2.500 agentes de la policía y brigadas de la Guardia Nacional (policía militarizada) hasta el punto de llegada en la avenida Libertador, a varias cuadras de distancia del Congreso.
Los organizadores de la marcha protestaron la decisión del gobierno de no autorizar la manifestación hasta la Asamblea Nacional, aunque al final aceptaron que la protesta llegara hasta la avenida Libertador, al tiempo que rechazaron las denuncias de autoridades que promovían acciones violentas contra la oposición, dirigidas a utilizar los temidos grupos revolucionarios más extremos de Chavez. (VER NOTA DE GRUPOS ARMADOS CHAVISTAS PINCHANDO AQUI)

Por su lado, el oficialismo se concentró a unos pocos metros de la cámara legislativa y sus partidarios celebraron la promulgación de la ley, vestidos con sus camisetas rojas y pancartas de admiración por Chávez y su revolución al socialismo.
Los simpatizantes del mandatario dijeron que la ley permitirá la socialización de la educación y ayudará en los cambios que impulsa la revolución bolivariana.
Mientras, la oposición ondeó banderas venezolanas y pancartas contra la ley que advertían que el control del gobierno en las escuelas busca ideologizar a los estudiantes en el sistema socialista. "Educar, no domesticar" y "Libertad", decían las pancartas.
A la manifestación se sumaron todos los gremios de educadores, estudiantes universitarios, partidos políticos democraticos con sus banderas y todos los gremios de periodistas, que alertan sobre las limitaciones que impondrá la nueva legislación al derecho de expresión libre.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, acompañó la protesta y calificó de "escandaloso" el despliegue de las fuerzas policiales para vigilar la marcha opositora.
"Esto es una manifestación del miedo que le tiene el gobierno al pueblo. El arma de los ciudadanos es la Constitución", señaló.
A su vez, el diputado opositor Ismael García denunció que el gobierno pretendía "provocar" acciones de violencia al impedir la llegada de la manifestación hasta la sede del Congreso.
La oposición anunció que marcharía en protesta de la ley el mismo día que fue aprobada por la mayoría oficialista en la cámara, el jueves de la semana pasado.
Chávez promulgó la ley inmediatamente después del aval legislativo, lo que aumentó las protestas de quienes la rechazan y llaman a desconocerla.
La oposición y estudiantes universitarios advirtieron que llamarán a desacatar la ley, ante el temor de que no puedan escoger sus carreras profesionales, según el nuevo modelo socialista de eduación impuesto por Chávez, copiando el modelo cubano.

Los opositores de la ley rechazan que los 56 artículos que la conforman otorgan poder amplio al Estado para intervenir en la educación de los niños y elimina el derecho de la familia a elegir el tipo de educación que prefieren para sus hijos.
La Iglesia Católica rechaza también la ley, afirmando que prohíbe la libertad de educación religiosa.

VENEZUELA: EL FIN DE LA PROPIEDAD PRIVADA

CON LA NUEVA LEY DE EXPROPIACIÓN CUALQUIER VIVIENDA, TERRENO O EMPRESA PUEDE SER DECLARA "OBJETIVO DE LA REVOLUCIÓN" PASANDO A MANOS ESTATALES SIN COMPENSACIÓN PARA SUS DUEÑOS LEGALES, COMO LOS CAMPOS DE CLUBS PRIVADOS QUE HUGO CHÁVEZ HA DECLARADO "TENER EN LA MIRA".

La directora de políticas públicas de Cedice, Isabel Pereira consideró este jueves que la recién aprobada Ley de Tierras Urbanas es un ataque a la propiedad privada porque "expropia el ahorro de los venezolanos".
Dijo Pereira que con la Ley de Tierras Agrícolas, la Ley de Tierras Urbanas y la Ley de Propiedad Social "se cierra un círculo negativo en contra de la propiedad privada y por eso es que Cedice tiene ahora mayor razón para extender su campaña".
Este jueves Cedice fijó su posición ante la decisión del TSJ contra la campaña de Asoesfuerzo, calificando como una abritrariedad del máximo ente judicial la medida cautelar dictada.
Rafael Alfonso, presidente de Cedice, señaló que "todos los venezolanos tienen derecho a establecer su opinión" y precisó que la medida es una clara señal de intimidación, "es un atropello". "Existe un cerco al sector privado. Aquí se está implantando todo lo que se votó en contra en el referéndum constitucional", advirtió.
Alfonso señaló que "en esa minoría que es la Asamblea Nacional, en esa minoría del Presidente, no está representada la voluntad de los venezolanos".
El presidente de Cedice indicó que la campaña de Asoesfuerzo en ningún momento pretendió atropellar ni denigrar a la mujer. Además precisó que quienes laboran en Cedice continuarán con sus funciones fundamentales "luchar por la libertad y los derechos de los venezolanos".
"En nuestra campaña está el alma de todos los venezolanos que sienten miedo, que se sienten amenazados por un Estado que les quiere quitar lo que tienen", sentenció.

MARCHA CIVIL EN RECHAZO A LAS EXPROPIACIÓNES DE VIVIENDAS Y TERRENOS PRIVADOS POR PARTE DE LOS COMITES DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA.

"El pueblo cada vez tiene menos y el Gobierno es más poderoso"

El abogado Gerardo Fernández opina que la ley de propiedad social es un paso más en la tendencia a reducir la propiedad privada a la personal, en los términos establecidos en la Constitución cubana.

Para instaurar un sistema socioeconómico socialista, el Gobierno planteó la diversificación del derecho de propiedad en la reforma constitucional que fue rechazada por la mayoría de los electores el 2 de diciembre de 2007. Sin embargo, ahora insiste en darle respaldo jurídico a la idea de propiedad social, en desmedro de la propiedad privada, a pesar de que la mayoría del electorado rechazó la reforma constitucional. El abogado Gerardo Fernández advierte que tal insistencia constituye una violación de la voluntad popular, de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Fernández compara la ley de propiedad social que actualmente se discute en la Asamblea Nacional con el ordenamiento jurídico cubano: "Los artículos 14 y 15 de la Constitución cubana señalan expresamente que en la isla rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, y que los más importantes de ellos son de exclusiva propiedad estatal". El término "propiedad socialista de todo el pueblo" sería un eufemismo ­explica el abogado­ pues el gobierno de los Castro administra todo, y sólo se admite la propiedad personal sobre los ingresos, ahorros, vivienda y bienes indispensables. Fernández opina que la ley de propiedad social es un paso más en la tendencia a reducir la propiedad privada a la personal, en los términos establecidos en la Constitución cubana. "Todos los Estados comunistas, como el que nos ofrece Chávez, son iguales: promueven la propiedad socialista del pueblo, pero administrada por el régimen. En definitiva, el pueblo cada vez tiene menos y el gobierno es más poderoso, propietario de todos los bienes y de los más importantes medios de producción", insistió. ­¿Cómo se puede lograr una distribución equitativa de la riqueza sin afectar la propiedad privada? ­Si se afecta la propiedad privada, no hay riqueza. La única forma de distribuir riqueza es generar prosperidad. La única forma de generar prosperidad es promover y respetar la propiedad, incentivar la inversión, crear empleos y garantizar la seguridad jurídica e institucional. ­El Gobierno parece superponer los intereses colectivos a los individuales. Ello, por sí solo, parece lógico. ­Los atentados a la propiedad privada comenzaron con vías de hecho y actos administrativos, como la promoción de las ocupaciones, invasiones, las confiscaciones de hecho y la expropiación como instrumento de amedrentamiento. Durante años se ha mantenido un proceso de estatización de grandes empresas e industrias. Luego de la fallida reforma constitucional, se ha impuesto un paquete de leyes que pretenden controlar los bienes y servicios de los particulares, con normas intervencionistas, controladoras y punitivas, que favorecen la ocupación, el comiso, y desalientan la inversión. ­En todo momento, el Gobierno ha negado la eliminación de la propiedad privada. ­El régimen siempre negará la eliminación de la propiedad privada. No va a asumir ese costo, dijo el constitucionalista.

CHILE: ULTIMOS DETALLES PARA EL MODERNO ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FFAA

A contar de septiembre y una vez reiniciado el periodo legislativo en el Senado se votara en dicha cámara la iniciativa legal que crea el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Con ello uno de los aspectos centrales del proyecto de Modernización del Ministerio de Defensa chileno, calificado como una reforma histórica que comenzó sus primeros tramites en el 2005, entrara a su etapa final.
El proyecto de Ley consta de un solo artículo que consta de tres artículos. Uno de los aspectos que se abordaran, además de las disposiciones de nombramiento, duración en el cargo y llamado a retiro, es la inclusión del nuevo cargo que asesorara al M. de Defensa y ejercerá el mando militar en una crisis o guerra externa en el Consejo de Defensa Nacional.
De esta forma Chile, cierra la etapa de reestructuración de la jefatura de sus mandos militares para tiempos de guerra externa o crisis. Proceso que necesariamente se debe realizar una vez reorganizada la estructura del Orden de Batalla del ejército y su programa de equipamiento de material e incorporación de nuevas tecnologías. Situación que en America latina al parecer no sido bien tenido en cuenta, al apreciarse en algunos países estructuras de comando y control militar como CCFFAA, pero sin la base practica y real de restructuración y equipamiento acorde a la malla logística de planteamiento moderno de dichos CCFFAA.

HONDURAS INICIA PROCESO ELECCIONARIO SIN ZELAYA

El nuevo gobierno Interino de Roberto Micheletti instó a los hondureños a votar en las próximas elecciones de noviembre, para las cuales faltan solo cien días. Elecciones que son cuestionadas por el depuesto presidente, Manuel Zelaya, sus partidarios y la comunidad del ALBA y UNASUR. Aún así estoicamente Honduras sigue su propio camino a pesar de la presión internacional, mas formal que concreta, dando una lección de autodeterminación. El amplio y mayoritario rechazo a la conducción de Zelaya y sus constantes desacatos al estado de derecho, se han cristalizado en una cohesión férrea de la civilidad y las instituciónes hondureñas de apoyo al gobierno interino. La comunidad internacional arrastrada por las rasgaduras de vestidos de los socios de Hugo Chávez y el hilo común entre los presidentes Latinoamericanos de un pasado marxista, permanece ciega, sorda y muda ante el bloque duro que constituye el eje civilidad-instituciones hondureñas, punto no menor que se ha traducido en un respaldo cerrado a la destitución por parte del electorado. Su pueblo defendiendo la democracia y el estado de derecho no está dispuesto a convertirse en una colonia más de la revolución personalista e insana de Hugo Chávez. Eso, es lo que no perdonan los complacientes presidentes de la región dependientes de los petrodolares venezolanos o aquellos que solo siguen la corriente de sus pares por mera condecendencia política.
El próximo día 31 arrancará la campaña rumbo a las elecciones del 29 de noviembre, según la cuenta regresiva que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantiene en su página web. "Nuestro llamado a los hondureños es que masivamente vayamos a las urnas, para que expresen su voluntad, digan a quién quieren como presidente" a partir del 27 de enero de 2010, dijo el ministro de la Presidencia, Rafael Pineda. "Hay candidatos de todos los tipos y colores" para elegir, declaró Pineda en la Casa Presidencial, al calificar de "una barbaridad" y "una tropelía" que Zelaya y sus seguidores pretendan que la comunidad internacional desconozca los comicios. Si las elecciones se celebran sin que Zelaya sea restituido no se superará la crisis causada por su derrocamiento, ocurrido el 28 de junio pasado, ni el nuevo Gobierno será reconocido, según el movimiento que respalda al depuesto presidente. "Si esto no se arregla, no hay elecciones pacíficas o legitimadas por la comunidad internacional", advirtió el dirigente campesino Rafael Alegría, uno de los coordinadores del Frente de Resistencia Popular que exige el regreso de Zelaya. "No podemos vivir cercados, sin el reconocimiento de la comunidad internacional y sin la cooperación internacional", remarcó. El diputado de Unificación Democrática (UD, izquierda) Marvin Ponce, también partidario de Zelaya, subrayó que actualmente la confrontación política "es muy fuerte" y hay que reinstalar al depuesto mandatario para que la crisis no perjudique los comicios. El subjefe de diputados del opositor Partido Nacional en el Parlamento, Rodolfo Irías, afirmó que ante la crisis política "Honduras no tiene otra salida más que por la senda democrática electoral". "Los ojos del mundo entero están puestos en nuestro país", por lo que se debe "tratar que sean las elecciones más concurridas, limpias y transparentes" en la historia hondureña, remarcó. Según fuentes del TSE, unos 15.000 candidatos de los cinco partidos políticos hondureños, además de una veintena de independientes, participarán en los comicios en busca de 2.897 cargos de elección popular. Los hondureños elegirán al nuevo presidente y tres designados (vicepresidentes), 128 diputados al Congreso Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano, y 298 corporaciones municipales para el período 2010-2014.