Carlos Pagni
Claudio Uberti, Victoria Bereziuk y José Ernesto Rodríguez viajaron en el mismo vuelo de Copa Air de Panamá a Buenos Aires el 13 de enero de 2006. Volvieron a hacerlo, rumbo a Australia, el 1° de junio de 2007, por Aerolíneas Argentinas. Estos viajes revelan, por primera vez, el contacto entre funcionarios argentinos y uno de los empresarios que cobraron comisiones a las firmas que comerciaban con Venezuela. Uberti es la figura central de la oscura diplomacia de negocios que montaron los Kirchner y Hugo Chávez. Bereziuk, su secretaria. El gran público los conoció por otro viaje: el que trajo a Buenos Aires, el 8 de agosto de 2007, al venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson y su valija con 800.000 dólares.
José Ernesto Rodríguez es el presidente de Madero Trading, la empresa que cobraba 3% de comisión a las fábricas de maquinaria agrícola que querían vender sus productos a Venezuela, y que la Justicia investiga como posible fuente de sobornos. Madero Trading se constituyó el 14 de septiembre de 2007, es decir, tres meses y medio después del viaje a Australia, un desplazamiento muy enigmático que el juez Julián Ercolini deberá desentrañar.
El otro 12% por comisiones había que pagárselo a Palmat, la empresa de Roberto Wellisch, un argentino conocido en Venezuela como el rey del aluminio, con propiedades en Nueva York, Miami, Caracas y Buenos Aires. Palmat estableció sus oficinas en Miami en 2007. Wellisch integra el directorio del Banco de Guayana, que preside otro argentino arraigado en Venezuela, Oscar Eusebio Giménez. El Guayana, que en marzo de 2007 estableció una alianza con el Banco Nación, tiene como representante en la Argentina al viajero Rodríguez. Si se repasan las fechas, habría que declarar 2007 el año de la amistad bolivariana.
El vuelo que Rodríguez, Uberti y Bereziuk abordaron en Panamá es posible que procedentes de Caracas. Ofrece otra curiosidad: en el pasaje también iba Néstor Ulloa. En cambio, Ulloa se perdió el misterioso viaje a Sydney. Es natural. En mayo de 2007 dejó su cargo en Nación Fideicomisos por pagar sobreprecios en la construcción de gasoductos. En esa operación, conocida como caso Skanska, se utilizaron empresas fantasma para organizar, hay que suponer, el pago de sobornos. Igual que ahora. Cuando estalló aquel escándalo, el Gobierno dijo que era “un asunto entre privados” y Kirchner hizo publicar una solicitada acusando a LA NACION y a Clarín de mentir para dañarlo. Igual que ahora.
A Rodríguez no le deben de haber faltado temas de conversación con Uberti, Bereziuk y Ulloa. Cuando viajó con ellos hacía ya por lo menos dos años que gerenciaba negocios a la sombra de la complicidad bolivariana, como gerente de Desarrollo de Impsa. La historia suele ser, en estos casos, reveladora. El 22 de noviembre de 2005, en Puerto Ordaz, a orillas del Caribe, Kirchner y Chávez sellaron de manera definitiva su codiciosa amistad. Quince días después de vapulear a George Bush en Mar del Plata, anunciaron la incorporación de Venezuela al Mercosur y la venta de bonos de la Argentina a Venezuela. También marcaron sobre un mapa la traza de un gasoducto que ni García Márquez se atrevería a diseñar. Recorrería toda América del Sur y el encargado de realizarlo sería Ulloa, experto en gasoductos sobrefacturados. Kirchner y Chávez anticiparon que Venezuela compraría maquinaria agrícola a cambio del fueloil que comercializarían traders como Glencore, comandada por Wellisch y representada en Buenos Aires por Juan Carlos Colombetti, ex vicepresidente de YPF, quien falleció un mes más tarde en un extraño accidente automovilístico. En aquel inventario de compromisos, figuraba que la empresa Impsa, de Enrique Pescarmona, repararía la represa hidroeléctrica de Macagua, financiada por el fideicomiso de los combustibles.
Tres días más tarde de esas celebraciones, en el Coloquio de IDEA, Pescarmona se puso del lado de Néstor Kirchner, quien había reprendido a Alfredo Coto por hablar de inflación. “Me va bien porque el Gobierno me ha ayudado en Venezuela”, declaró, sincero. Según el periodista Nelson Bocaranda, de El Universal, de Caracas, el contrato de Macagua se firmó por US$ 223 millones, pero la obra ya consumió US$ 353 millones y todavía faltan tres años para que se complete. En su reciente viaje a Venezuela, Cristina Kirchner y Chávez firmaron otro convenio para que Pescarmona realice más obras eléctricas en ese país.
Las revelaciones sobre la matriz corrupta de la alianza con Chávez llegan en un mal momento para el matrimonio gobernante. Los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) consagrarán mañana a Néstor Krichner como secretario general de esa organización. Sin embargo, las desagradables novedades que van saliendo del juzgado de Ercolini no modificarán esa decisión; ni siquiera en el caso de presidentes enemistados con Chávez, como el colombiano Alvaro Uribe o el peruano Alan García.
El escándalo atraviesa varias dimensiones del kirchnerismo. En principio, coloca a la corrupción en el centro de la discusión política, aun cuando Elisa Carrió siga siendo una denunciante bastante solitaria. Las andanzas de Uberti, Bereziuk y Ulloa se agregan a las millonarias intervenciones de los Kirchner en el mercado de cambios; a la evolución patrimonial del matrimonio y de sus secretarios privados; al enriquecimiento de Ricardo Jaime, de quien se desconocen los servicios que prestaba a cambio de las dádivas que, al parecer, recibía (por si acaso, tres importantes empresarios del transporte han convocado a reconocidos penalistas); a los sobreprecios pagados por Aerolíneas en la compra de aviones, o a los sospechosos contratos de Defensa con navieras alemanas.
También queda al desnudo la moral intrínseca del intervencionismo populista. Los pedidos de comisiones prosperan cuando los negocios están determinados por el capricho de los funcionarios. La figura del fideicomiso, talismán del derecho administrativo kirchnerista, viene en auxilio de esas malas costumbres. Aparece en las ventas a Venezuela, en el caso Skanska o en experimentos más exóticos, como los acuerdos de cooperación que se firmaron con Túnez. A esta altura, es difícil discernir si esta mecánica obedece al desprecio por el mercado o al aprecio por el lucro.
Las revelaciones del embajador Eduardo Sadous ilustraron con cifras y detalles un panorama conocido. En 2004, el entonces canciller Rafael Bielsa envió una carta a Kirchner solicitándole que excluyera a la Cancillería de la relación bilateral con Venezuela. Uberti ya era el verdadero embajador ante Chávez, aunque no conseguía llevar esa función a los papeles. La primera vez que lo intentó, la embajada fue para Nilda Garré; la segunda, para Alicia Castro. “Claudio no hubiera pasado el Senado”, explica alguien de la intimidad de Olivos.
El negocio de máquinas agrícolas fue marginal. Un diplomático que conoce bien el comercio bolivariano explica: “El negocio de Wellisch y de Rodríguez no son las comisiones por la venta de tractores, sino actividades mucho más rentables. Wellisch es el mayor productor de aluminio. Sin embargo, para afianzarse en esos otros sectores, ellos pueden haber tenido algunas atenciones, como montar una empresa para que los funcionarios puedan cobrar los sobornos. Es posible que Antonini Wilson cumpliera el mismo papel”.
Muchos empresarios kirchneristas encontraron en Venezuela una cancha auxiliar para sus negocios con el Estado. Lázaro Báez, por ejemplo, armó una empresa -Epsur- con ese fin, y Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra, comenzó a capturar licitaciones venezolanas desde el año pasado. Sin embargo, las dos minas de oro bolivarianas han sido la comercialización de fueloil y la manipulación de bonos argentinos en el mercado cambiario. La adquisición de esos papeles apuntó, en un comienzo, a neutralizar el exceso de liquidez de la economía chavista. Pero la diferencia de cotización entre el dólar oficial (por ejemplo, 2,5 bolívares) y el paralelo (5 bolívares), permitió ganancias siderales. Bastaba con comprar bonos al precio oficial y venderlos luego en el mercado secundario de Miami con el valor del dólar libre. Se hicieron diferencias del 100%. En esa maniobra participaron unos banqueros bolivarianos. Uno de ellos, Ricardo Fernández Barruecos, cayó preso el año pasado.
Chávez adquirió títulos argentinos por alrededor de US$ 5000 millones. Cristina Kirchner llegó a pagar una tasa del 15% por ese financiamiento. Sacar de Venezuela el dinero que resultó de estas operaciones debe de haber sido engorroso. Tal vez así se explique la predilección de Uberti y Bereziuk por aterrizar con aviones privados en el sector militar de Aeroparque.
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