PARADA MILITAR BICENTENARIO EJERCITO DE CHILE 2010

PARADA MILITAR BICENTENARIO EJERCITO DE CHILE 2010
BICENTENNIAL MILITARY ARMY OF CHILE 2010

REPORTAJES ESPECIALES E INFORMACIÓN ADICIONAL

sábado, 13 de marzo de 2010

BRASIL : NUEVAS LANCHAS FLUVIALES PARA PATRULLAJE DE AMAZONAS

El Comando del 9º Distrito Naval de la Marinha do Brasil, basado en Manaus, recibió la primera de las seis embarcaciones encargadas a la firma Helitec, que, con dos motores de 115 CV y una velocidad máxima de 40 nudos, serán en principio utilizadas para fiscalizar la navegación en el Oeste de la Amazonia. Estos rápidos lanchones, construidos en aluminio y techados, con una longitud de 12 m. y escaso calado, pueden trasladar a unos veinte efectivos militares a una distancia cercana a los 400 km. y el proyecto es aún pausible de actualizaciones en su desarrollo inmediato, de acuerdo a las necesidades de la Inspección Naval.
Simultáneamente, Emgeprom, los astilleros de la norteña Base Naval de Val de Caes (Belem), y la Marinha do Brasil, entregaron al Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE) las primeras lanchas, sobre un total de 600, que se utilizarán como transporte escolar ribereño en el Norte y Nordeste brasileño. Las dos primeras unidades fueron entregadas a la Secretaría de Educación del municipio de Santarém, segunda ciudad de Pará, y, un equipo de investigadores de la Universidad de Brasilia evaluará su desempeño y posibles modificaciones menores

POLICIA VENEZOLANA INVOLUCRADA EN FUERTE ALZA DE SECUESTROS

El secuestro en Venezuela ha aumentado exponencialmente de 2008 a 2009, convirtiéndose en una modalidad de delito de mayor popularidad y de menor riesgo, en la que además, se encuentra involucrado el 20% de efectivos policiales
La policía venezolana se ha visto más activa en reprimir a quienes buscan el respeto a los derechos humanos y la democracia, que en combatir la grave crisis disparada por los altos niveles de delincuencia
Cinco personas son secuestradas cada día en Venezuela, según cifras de expertos, que reflejan el peligroso aumento de este crimen, que es considerado por el agresor como "más lucrativo" y menos arriesgado que otros delitos. "Los robos tienen un riesgo muy alto por lo que muchas bandas han migrado al secuestro porque implica menos riesgo y es más lucrativo", explicó el criminólogo Fermín Mármol. En Venezuela, donde las estadísticas de violencia son altísimas pero el gobierno no publica cifras desde hace varios años, se desconoce el número de secuestros registrados en 2009. Sin embargo, la ONG venezolana Provea, apunta que el número de casos se triplicó en Caracas y pasó de 45 en 2008 a 136 el año siguiente. En total, en Venezuela secuestraron a 518 personas en 2009, según esta organización. Para Mármol estos datos son "conservadores" ya que el experto sostiene que "diariamente se producen en el país cuatro secuestros 'express' y uno prolongado", según números que asegura "son oficiales" aunque no se hagan públicos.

"Tendríamos entonces 1.800 secuestros en 2009", calculó.
El secuestro se hizo "popular" en Venezuela en 2000 cuando su práctica se "profesionalizó" en las grandes ciudades, apuntó Marcos Tarre, de la ONG Venezuela Segura, indicando que "hasta 1999 se reportaban en promedio unos 60 secuestros anuales". "Productores agropecuarios de la zona fronteriza (con Colombia) eran secuestrados por (las guerrillas de) las FARC y el ELN. Pero por el 2000, la guerrilla comienza a asociarse con bandas comunes para secuestrar en las ciudades", explicó. "Estas bandas a su vez aprendieron el 'know-how' (saber hacer) de la guerrilla y se dijeron 'yo también puedo secuestrar'. Ahí se complica todo", agregó. En este momento, la mayoría de secuestros en Caracas se reporta entre el domingo y el miércoles, "cuando el patrullaje policial" es menor, indica Mármol. "Poco importa cuánto tenga la víctima consigo, lo importante es que la familia reúna el dinero para el rescate", precisó. Los expertos coinciden en que la alta incidencia del secuestro en Venezuela se debe además a la "debilidad institucional" de la policía, que muchas veces está involucrada en los raptos. "Tenemos muchos sujetos que se logran infiltrar en los cuerpos de policía y cometen estos crímenes escudándose en el uniforme y deshonrando la institución", se lamentó Odalys Caldera, directora de seguridad del estado fronterizo de Zulia (oeste) y ex funcionaria de la policía científica. Sin ir más lejos, esta semana en Caracas fue desmantelada una banda de efectivos de la policía, que secuestro a una mujer que fue encerrada en uno de los calabozos de la comisaría donde prestaban servicio mientras se cobraba el rescate. Días después, otros tres funcionarios de ese mismo cuerpo policial fueron apresados por el secuestro de la secretaria del ministro de Finanzas, Jorge Giordani. "Son policías mal pagados y poco calificados que ven el delito atractivo porque pueden ganar en una noche más de lo que no hacen en un año", argumentó Mármol. El ministro del Interior venezolano, Tareck El Aissami, admitió recientemente que 20% de los delitos registrados en el país son cometidos por oficiales de las fuerzas del orden, pero aseguró que el gobierno prepara un proceso de "depuración" policial. Esta semana, el Ejecutivo venezolano lanzó un plan de prevención del secuestro, impulsado por la policía científica y la militarizada Guardia Nacional. Sin embargo, en las calles, los expertos señalan que "la gente tiene miedo de denunciar" un secuestro por miedo a que un policía esté involucrado en él. Así "sólo están haciendo más poderosos a los criminales que se lucran de este delito, sin mencionar la impunidad", señaló José Maita, jefe del comando antisecuestro de la militarizada Guardia Nacional, durante un foro organizado por el gobierno.

¿DONDE ESTÁ LA INDIGNACIÓN INTERNACIONAL FRENTE A DANIEL ORTEGA?

Ahora que Irán y Venezuela han estrechado sus vínculos políticos, económicos y militares, Teherán ha puesto un pie firme en Sudamérica. El siguiente paso parece ser Nicaragua, que corre el riesgo de añadirse a la lista de gobiernos autoritarios alineado con Venezuela y, por asociación, con su aliado islámico.
Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal
Que esto ocurra dependerá en gran parte de si el presidente sandinista Daniel Ortega logra burlar el Estado de Derecho de Nicaragua y destruir sus instituciones democráticas, como está tratando de hacer. Sería erróneo subestimar la magnitud de esta amenaza debido a la escasa importancia económica relativa de Nicaragua. Este país importa estratégicamente, como bien entendieron los soviéticos. El caso nicaragüense es sorprendentemente similar al intento el año pasado de permanecer en el poder del pro-chavista presidente hondureño Manuel Zelaya. Pero los hondureños tuvieron un líder bastante inusual en Roberto Micheletti, unas fuerzas armadas que juraron mantener la constitución, y un sector privado que se negó a llegar a acuerdos con Zelaya.
En contraste, los líderes militares nicaragüenses tienen raíces sandinistas y es bien sabido que tienen muchos intereses empresariales que no querrían poner en peligro desafiando el status quo. Además, el sector privado no ha mostrado mucha determinación contra Ortega. Otra complicación es el ex presidente Arnoldo Alemán, quien fue condenado por malversación de fondos públicos pero sigue siendo el líder del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Ya que un sólido bloque de votantes anti-sandinistas quiere poner fin a las prácticas corruptas representadas por Alemán, su insistencia en aferrarse al poder está dañando al movimiento por la democracia. La oposición considera a Ortega como la reencarnación del dictador Anastasio Somoza en los años 70, en parte porque ha asumido el control de grandes partes de la economía. Los principales vehículos de control de Ortega son una serie de negocios de importación, exportación, bienes raíces y distribución. Todos ellos comparten el acrónimo "ALBA", que significa Alternativa Bolivariana para las Américas y se beneficia de la generosidad de Venezuela.
En una compañía, por ejemplo, Ortega consigue petróleo de Chávez a precio de descuento pero sólo paga al contado el 25% del precio pedido por Venezuela. El resto es un préstamo a largo plazo. Ortega vende el crudo a precio de mercado y se embolsa la ganancia. Otra compañía ALBA tiene el monopolio de las exportaciones agrícolas a Venezuela; y por la red ALBA también fluye la ayuda oficial de Venezuela a Nicaragua.
El control de estas ganancias le permite a Ortega ser tan rico como los oligarcas a quienes critica. Este flujo de dinero también le permitiría comprar el apoyo popular que necesita mientras desmantela las instituciones democráticas del país. Pero los inversionistas están abandonando el país, la economía está anémica y los electores que nunca tuvieron mucho aprecio por Ortega están cada vez más insatisfechos.
Nada de todo esto debería importar, ya que la presidencia —limitada a un mandato— de Ortega finaliza en enero de 2012. Pero en los últimos tres años, el envejecido comandante ha tratado sin éxito de que el Congreso cambie el artículo 147 de la Constitución, que prohíbe la reelección presidencial.
En octubre, a Ortega se le ocurrió otra idea: presentó un viernes por la tarde una apelación en la Corte Suprema de Justicia, alegando una desigualdad bajo la ley, ya que se permite la reelección para el Congreso. El lunes siguiente, después de que los tres jueces de la oposición de la Sala Constitucional se ausentaran al finalizar la jornada, los otros tres magistrados de afiliación sandinista llamaron como sustitutos a otros jueces sandinistas de otras salas para votar sobre la apelación. En un fallo declararon "no aplicable" el artículo de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial, y Ortega declaró que el tribunal le permitió postularse de nuevo a la presidencia en las elecciones de 2011.
Expertos legales nicaragüenses —incluyendo dos de izquierdas con los que hablé— afirman que los votos de los magistrados son irrelevantes. Sólo el Congreso puede cambiar el Artículo 147; los tribunales no tienen jurisdicción sobre el tema. Pero Ortega no retrocede, sino que está trabajando en la segunda etapa para aferrarse al poder: apoderarse de las elecciones presidenciales en noviembre de 2011. En esto ya tiene experiencia.
Después de las elecciones presidenciales de 2006, el Consejo Electoral nunca presentó, como exige la ley, un total detallado de la votación. Hasta hoy, no está claro si Ortega ganó los comicios. En las elecciones municipales de 2008, el fraude fue tan rampante que incluso la Unión Europea y EE.UU. se negaron a reconocer los resultados. Ahora hay prueba de que los sandinistas se están preparando para controlar las elecciones locales de marzo en las dos regiones autónomas costeras del Atlántico. El denominador común en todos estos casos es el control sandinista del Consejo Supremo Electoral.
Ahora que se va a renovar la composición de los magistrados que integran el Consejo Supremo Electoral, el Congreso y el presidente pueden presentar sus candidatos, pero sólo el Congreso puede aprobarlos. Los legisladores se han negado a aceptar los nominados por Ortega, quien ha respondido decretando que los actuales miembros del consejo permanecerán indefinidamente en sus cargos. Ambas partes se encuentran ahora en un punto muerto.
Si bien los sondeos muestran que el apoyo a los anti-sandinistas alcanza el 60%, mucho depende de si la oposición puede unirse a pesar del lastre que supone Alemán. Pero a los nicaragüenses le vendría bien algo de apoyo de la comunidad internacional. Cuando en 2000 el entonces presidente peruano Alberto Fujimori intentó pasar por encima de las instituciones democráticas, los demócratas de todo el mundo mostraron su indignación. ¿Dónde está esta indignación ahora?

50% DE FFAA DE URUGUAY ESTAN BAJO LA LÍNEA DE LA POBREZA

Cerca de un 14 por ciento de la oficialidad y alrededor de un 65 por ciento del personal subalterno que integra el efectivo de las Fuerzas Armadas uruguayas está por debajo de la línea de pobreza, y entre un 5 y un 6 por ciento se encuentra en la indigencia. La pobreza entre los militares, si lo comparamos con el resto de funcionarios públicos, al menos se triplica, en tanto que sería inferior al uno por ciento la masa de uniformados que supera una canasta familiar básica, establecida en aproximadamente mil euros.
Un Suboficial Mayor o de Cargo, el mayor grado de un subalterno, al igual que un joven Alférez del Ejército o Fuerza Aérea, así como un Guardiamarina de la Armada, estos de formación terciaria, ganan menos de la mitad de ese monto, que un oficial percibiría superando la mitad de su carrera.
Una cifra muy significativa de efectivos castrenses uruguayos viven en villas miseria, las que paulatinamente, como en el resto del continente, comienzan a ser dominadas por el narcotráfico y, en tal contexto, la única esperanza de salida es asistir a misiones de paz internacionales, en las cuales los uruguayos son los segundos integrantes militares, en comparación al número de habitantes del país. Como fenómenos sociales derivados de esta situación, se da una fuga pronunciada de efectivos hacia la Policía, cuyo status ha mejorado en el último trienio, o, en el caso de personal técnico naval, vehicular o aeronáutico, una inserción en la actividad privada, registrándose pilotos y mecánicos militares inscritos en diversas aerolíneas.
Por otra parte, los planes gubernamentales de ayuda social no llegan a la inmensa mayoría de los militares, dado que el sueldo de un soldado, de 222 euros, supera levemente el límite monetario de la indigencia, así como la mayoría de los programas de salud, mientras la sanidad castrense se deteriora por escasez de presupuestos y porque, en lugar de estar dirigida, como en el mundo desarrollado, por oficiales médicos y dentistas, lo es por oficiales de carrera convencional, los cuales no consideran ese destino como interesante en su futuro inmediato. El diputado opositor e integrante de la Comisión de Defensa, Javier García, ha ironizado amargamente sobre el problema, afirmando que "dar un aumento a los militares no tiene buena prensa, por razones ideológicas".
El mandatario entrante, José Mujica, y su nuevo Ministro de Defensa, Luis Rosadilla, se han comprometido a mejorar sustancialmente esta situación que reconocen