CHILE: FISCALÍA ABRIRA INVESTIGACIÓN A CHILENOS SOSPECHOSOS DE OPERAR JUNTO A LAS FARC

Indagación por vínculos de la guerrilla con organizaciones violentistas chilenas

Al menos tres personas no mapuches con pasado en el MIR y el FMR estarían identificadas.

Los ataques incendiarios, como el ocurrido en enero de 2009 en el fundo San Leandro en Lautaro, son tomados como muestra de la radicalización mapuche y su preparación paramilitar.(foto Mario Quilodran)

Leer aquí: CHILE: INFORME DE INTELIGENCIA COLOMBIANA MENCIONA A DIPUTADOS COMUNISTAS Y EL MIR CON NEXOS A LAS FARC

*RODRIGO VERGARA E IVÁN FREDES

Los datos aparecen rápido. Y si hasta hace un tiempo la investigación que lleva el Ministerio Público chileno estaba enfocada, principalmente, en las relaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), ahora el tema se amplía a otras aristas.

La fiscalía chilena está a punto de abrir una investigación que apunta a la eventual participación de descolgados de grupos subversivos chilenos en la guerrilla, que opera en Colombia desde la década del 60.

Según conocedores de la indagatoria, la Fiscalía Nacional de Colombia ha logrado identificar a tres chilenos no mapuches que operan en la selva junto a la milicia irregular. El número, en todo caso, podría aumentar.

Según las fuentes consultadas, se trataría de descolgados del Frente Manuel Rodríguez (FMR) y del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

El punto es que parte de la indagatoria, que coordina el fiscal Emiliano Arias, buscará dilucidar, entre otras cosas, el paradero de estas personas ya que, si bien, fueron ubicados en Colombia no se descarta que pudieran estar en Chile.

Los antecedentes son manejados por la Fiscalía Nacional colombiana y su par chilena.

El pasado 27 de junio llegó hasta el país el dossier con información que revela el testimonio de un testigo que identifica a un mapuche en el Frente 48. Se trata de Daniel Domingo Canío Tralcal, quien es investigado por atentado terrorista contra un bus que transportaba pasajeros civiles de la empresa Tur Bus en el bypass de la autopista a Temuco, ocurrido en julio de 2009.

Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista de Chile y actual diputado y Lautaro Carmona, diputado comunista, quienes son citados en el dossier enviado por la Inteligencia colombiana, participando y apoyando las actividades de las FARC.

Partido Comunista

El dossier también consigna el supuesto apoyo a la organización terrorista de un grupo de chilenos, entre ellos, siete dirigentes del Partido Comunista. Entre los consignados se cuentan a los diputados del PC Guillermo Teillier y Lautaro Carmona.

En este último punto, Teillier salió al paso de la información y descartó cualquier relación con la guerrilla colombiana. "Nunca se ha comprobado nada ni han llamado a declarar a nadie ante un fiscal. Ojalá me llamara para aclarar la situación", dijo ayer el parlamentario a la prensa.

Lo único que reconoce Teillier es la "cercanía ideológica" entre las FARC y el PC: "Si ellos adhieren a nuestra posición ideológica no es culpa nuestra".

Manuel Olate Céspedes (alias Roque)  junto a Raul Reyes

Evalúan extraditar al enlace entre mapuches y guerrilleros colombianos

La Fiscalía General de Colombia evalúa solicitar la extradición del chileno apodado "Roque", identidad atribuida por fiscales de ese país al diseñador gráfico chileno Manuel Olate Céspedes (43), quien está siendo investigado en esa nación por su presunta calidad de enlace entre mapuches de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Tal función está ratificada en diversos correos electrónicos intercambiados entre el abatido segundo hombre de las FARC, "Raúl Reyes" y el chileno "Roque", hallados en el computador del líder guerrillero. Como enlace, posibilitó el entrenamiento de a lo menos diez mapuches en campamentos de ese grupo subversivo, entre los años 2005 y 2008.

Colombia invoca la ley 733, del 2002, que es la misma que permite extraditar narcotraficantes de ese país a Estados Unidos. Se puede aplicar a ciudadanos extranjeros que se "conciertan para delinquir" en territorio colombiano y cometen delitos de lesa humanidad, secuestro, homicidio, terrorismo y narcotráfico.

En un reciente dossier enviado desde Colombia, se establece que "a contar de 1998 las FARC establecen vínculos formales con Chile" y que Roque asume la conducción del grupo en nuestro país, en reemplazo del iniciador de esos contactos, identificado como Jairo Alfonso Lesmes Bulle. El expediente incluye los correos enviados por "Roque" a "Reyes", donde solicita entrenamientos para mapuches y la respuesta del guerrillero en que comunica su aceptación.

El fiscal Sergio Moya sostuvo que a partir del año 2005, una vez que regresaron los primeros indígenas entrenados la operación de los atentados cambió radicalmente, con modos similares a los ataques de las FARC.

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE Y LAS FARC: EXPLICACIONES PENDIENTES

Incómodas para el Partido Comunista chileno han sido las revelaciones sobre el dossier enviado por la Fiscalía de Colombia con antecedentes respecto de supuestos vínculos en Chile por parte de las FARC, organización extremista a la que hoy se atribuye un nuevo atentado en Bogotá. 

Raul reyes, canciller de las FARC, junto al miembro de las Juventudes Comunistas de Chile, Manuel Olate, alias "Roque".

El documento, según ha trascendido, menciona a siete militantes PC (entre ellos, los diputados Guillermo Teillier y Lautaro Carmona) como participantes en actividades de apoyo al grupo terrorista. La mención ha generado una molesta reacción de los aludidos e incluso ayer Teillier calificó de “provocador” a un diputado oficialista (UDI) que planteó el tema en la Cámara.

La alusión al PC es, por cierto, sólo una parte de los antecedentes enviados por Colombia, los que incluyen información sobre vínculos entre las FARC y los elementos más radicales del movimiento mapuche, así como con «descolgados» de grupos subversivos chilenos. Todo ello es objeto de análisis e investigación en el Ministerio Público, pero independiente de lo que se pueda establecer judicialmente, el asunto tiene una arista política que merece atención. Y es que aunque hoy los dirigentes del PC chileno nieguen credibilidad a lo señalado en el dossier y minimicen cualquier vínculo con las FARC (“Si ellos adhieren a nuestra posición ideológica, no es culpa nuestra”, ha dicho a propósito del asunto el mismo Teillier), hace sólo dos años el mismo partido rendía insólito homenaje al fundador y máximo líder del grupo extremista.

En efecto, luego de la muerte de Manuel Marulanda, una declaración oficial de la colectividad política de izquierda lo definía como un “legendario guerrillero campesino”, que “supo mantener en alto la lucha de su pueblo”, y saludaba a su sucesor. Meses antes, ese mismo año, se había sabido la visita que dos militantes del PC chileno que hicieron al campamento de Raúl Reyes (el «canciller» de las FARC) en la frontera ecuatoriana, dos días antes de ser éste bombardeado por Colombia. También dirigentes comunistas chilenos confirmaron que en 1998 fueron anfitriones de una visita clandestina de Reyes a Chile. Además, miembros del partido comunista de Chile han ocupado posiciones destacadas en la Coordinadora Continental Bolivariana, entidad acusada de ser una suerte de brazo político de apoyo a las FARC en Latinoamérica.

Cuando se les ha cuestionado por el tema, los dirigentes comunistas chilenos han respondido de modo ambiguo, señalando que apoyan una salida política al conflicto colombiano, que no justifican los secuestros (práctica habitual del grupo terrorista) y que creen que no es el momento de la lucha armada, pero siempre evitando una condena directa al accionar de las FARC y dando explicaciones que lindan en lo anecdótico para los contactos con la organización extremista protagonizados por militantes de sus filas. Demasiado poco, en realidad, para un partido que generalmente se muestra implacable cuando se trata de condenar responsabilidades políticas de otros sectores en violaciones a los derechos humanos y que a propósito de ello intenta —y a menudo logra— imponer toda suerte de vetos, como se vio, por ejemplo, en el caso de la frustrada designación, hace unos meses, de un general (r) de Carabineros al frente de Gendarmería.

Hoy por primera vez en dos décadas el PC no sólo tiene activa representación parlamentaria, sino que también ha estrechado vínculos con la Concertación, al punto de evaluar ambos sectores nuevos pactos políticos para enfrentar unidos próximos procesos electorales. Obviamente en esta fase de plena inserción institucional, temas como el vínculo FARC constituyen un ruido desagradable para sus dirigentes, pero dada la gravedad del asunto cabe exigirles algo más que reacciones molestas y explicaciones ambiguas. Una exigencia que, por cierto, debiera ser encabezada por quienes, detentando trayectorias intachablemente democráticas, hoy evalúan ser sus socios.

SOBORNOS EN ARMADA ARGENTINA Y MINISTERIO DE DEFENSA: TESTIGO PROTEGIDO REVELA DETALLES DE PAGO DE US$ 4,5 MILLONES

La Justicia argentina accedió a la declaración que realizó en Alemania, como testigo encubierto, un ex directivo de Ferrostaal, empresa que supuestamente le habría pagado sobornos a funcionarios argentinos para obtener contratos.

Ver aquí articulo original La Nacion.com.ar

Según la denuncia, Ferrostaal, una compañía constructora de barcos y submarinos, pagó una comisión de 3,5 millones de euros (US$ 4,5 millones) para acceder a un contrato de diseño de lanchas patrulleras. En el proyecto para la construcción de los buques intervinieron la Marina (tiene tres funcionarios imputados en la causa) y el Ministerio de Defensa, que -según fuentes judiciales- no se sabe aún si tuvo responsabilidad en el caso.

De acuerdo con el diario argentino La Nación, el testigo protegido declaró en la fiscalía de Munich que "para gestionar el contrato de licencia se sobornó al funcionario Osvaldo Parrinella, colaborador de la Marina, al que el Ministerio de Defensa le asignó la función de preparar las decisiones del Ministerio, especialmente en el área de compras".

"El señor Parrinella -añadió- recibió un porcentaje de aproximadamente 6% del volumen de la compra. El dinero fue transferido por el imputado a una cuenta de Gustavo Frers (ex presidente de Ferrostaal en Argentina) y entregado en efectivo a Parrinella. Este, a su vez, tras descontar el porcentaje para él, entregó el dinero del soborno a otros funcionarios con poder de decisión de la Marina, como por ejemplo el almirante Leprón y Palma".

El documento con la declaración de este testigo se lo entregó el Ministerio de Defensa al juez federal argentino Ariel Lijo. Según el rotativo, en esa cartera, a cargo de Nilda Garré, dijeron haber "hallado" los papeles en la Dirección Nacional de Transparencia. Nadie explicó cómo se accedió a una copia de un expediente que se tramita en Alemania. El juzgado la mandó traducir y llegó a la conclusión de que, efectivamente, se trata del documento que dio origen a este caso.

El escándalo estalló primero en Alemania. Lo reveló la revista Der Spiegel con datos de la declaración del testigo encubierto. Según esa publicación, Ferrostaal pagó a "un empleado del Ministerio de Defensa" argentino una suma "de seis cifras en euros", dinero "que al parecer compartió con otros dos oficiales de la Marina de alto rango". En un primer momento, el Ministerio de Defensa desmintió esa publicación y dijo que la operación era "correcta". Pero luego fue esa misma cartera la que realizó la denuncia que investiga Lijo.

Defensa declaró entonces que, en base a los informes periodísticos, había realizado una "breve investigación interna que completó las que venía desarrollando" y que, como conclusión, hizo la denuncia penal, que incluyó, entre otros, a las tres personas mencionadas por el testigo protegido: el vicealmirante (R) Gustavo Leprón, el contraalmirante Juan Carlos Palma y el abogado de la Armada Osvaldo Parrinella.

El diario trasandino informó que se comunicó con fuentes de la Armada, que informaron que no les constaba la existencia de los sobornos y dijeron que iban a "seguir colaborando con la Justicia para que el caso sea investigado".

Al principio el Ministerio de Defensa negó toda posibilidad de que hubiera irregularidades, pero luego fue la misma cartera quien exigió la investigación.

CHILE PRESENTARA ANTE LA HAYA RATIFICACIÓN DE LIMITES MARITIMOS SUSCRITA CON ECUADOR

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó este jueves que presentará ante la Corte de Justicia de La Haya la ratificación, suscrita recientemente con Ecuador, de los tratados limítrofes de 1952 y 1954 donde se especifican las fronteras marítimas y no pesqueras.

“Esos fueron tratados limítrofes y Chile y Ecuador, es decir, dos de los tres países firmantes, concuerdan plenamente en que allí se definió el límite marítimo (la ratificación de los tratados) es un gran logro y un gran argumento que Chile llevará al tribunal de La Haya”, expresó el mandatario.

En 2008, el Gobierno peruano presentó ante el Tribunal de La Haya una demanda desconociendo los pactos limítrofes firmados con Chile en 1952 y 1954 debido a que, presuntamente, se trataba de acuerdos pesqueros y exigió que se modificara la frontera, así como también propuso una línea paralela a sus costas.

La Haya, por su lado, pidió que Ecuador fuera garante del caso, puesto que era suscriptor en los dos pactos limítrofes.

El pasado 6 de agosto, el mandatario chileno refrendó los acuerdos fronterizos con su par ecuatoriano, Rafael Correa.

Según el texto, los dos jefes de Estado “destacaron la plena coincidencia respecto de la vigencia, alcances y contenidos de la Declaración de Santiago de 1952 y del Convenio sobre zona Especial Fronteriza Marítima de 1954″.

Sobre esto, Piñera manifestó en un programa radial que tanto Chile como Ecuador reiteraban la naturaleza de los acuerdos del 52 y 54 que fijaban las fronteras marítimas de Chile y Perú y de Ecuador y Perú.

“Ecuador y Chile ratificamos lo que ha sido la posición permanente de que los tratados del 52 y 54 definieron los límites marítimos tanto entre Chile y Perú como entre Perú y Ecuador en torno al paralelo”,dijo.

El jefe de Estado chileno comentó que en su país se había celebrado la ratificación de estos pactos pero que en Perú había pasado todo lo contrario. “En Chile se celebró esto como una gran noticia aunque en Perú fue distinto”, sostuvo.

Luego de que se supiera la corroboración del documento entre Chile y Ecuador, el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, señaló que esto no repercutía en su demanda a Santiago ante La Haya “No tiene mayor efecto sobre nuestro proceso, que además va por otra vía”, acotó.

El presidente Piñera indicó que lo que se persigue es el reconocimiento de que la línea definitoria que se refleja en el pacto es un límite marítimo y no pesquero.

Se busca “que se reconozca que el paralelo en torno al hito uno es el límite marítimo, como ha sido reconocido por Perú en la práctica en los últimos 60 años”, consideró el mandatario

FISCALÍA MILITAR DE VENEZUELA PROCESA A EX-GENERAL QUE DENUNCIO "CUBANIZACIÓN" DE FFAA EN EL PAÍS

ex-Director de Protección Civil y ex-general de la FANB y actual candidato a la Asamblea Nacional (AN), Antonio Rivero

Este miércoles, el renunciado Director de Protección Civil y ex-general de la FANB y actual candidato a la Asamblea Nacional (AN), Antonio Rivero, será procesado por la justicia militar venezolana por "revelación de noticia privada o secreta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el delito de injuria a la FANB". Esto, a raíz de las declaraciones de Riveros tras su renuncia al aparato gubernamental de Hugo Chávez, en las cuales asevero a diversos medios de prensa locales la "excesiva presencia de militares cubanos en el país, los que ejercen mando sobre la oficialidad venezolana", así como la “politización extrema y pérdida de la institución democrática que existe en las Fuerzas Armadas” asi como "depuraciones por razones ideológicas al interior de las FANB"

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El delito de presunta revelación de "noticia privada o secreta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana" supondría una pena de tres a ocho años de cárcel; mientras que el de injuria a la FANB acarrearía entre cuatro y 10 años de prisión.

Tras la comparecencia de este miércoles, y con base en los alegatos presentados por la Fiscalía Militar, la defensa podrá decidir el curso de la investigación.

Rivero fue director del cuerpo nacional de socorristas de Protección Civil (PC) durante varios años y en ese cargo cosechó elogios de afines y críticos al Gobierno "revolucionario" de Chávez.

El general renunció en marzo pasado a la Fuerza Armada tras denunciar que personal militar de Cuba cumple "tareas de Inteligencia, planificación y conformación de la organización militar, capacitación y adiestramiento" en las instituciones castrenses venezolanas.

En marzo pasado Chávez desestimó las denuncias de Rivero sobre una presunta "cubanización" de las filas castrenses y calificó de "triste" al general retirado y ex funcionario de su Administración.

"Ahora salió ese triste, porque lo que da es tristeza" con "el mismo discursito enemigo: cubanización de la fuerza armada (...) ¿cuál cubanización? ¡Aquí los cubanos nos están ayudando!", declaró Chávez.