Ahorro o muerte es la frase lapidaria que enarbolan como consigna los principales dirigentes del gobierno. Los mismos señores que, a pesar de haber convertido a la nación cubana en una sociedad fallida y sometido al pueblo a condiciones precarias de vida, disfrutan de las prerrogativas y privilegios que se reservan por su condición de élite dominante.
*Darsi Ferrer
Durante medio siglo en el poder, la política oficial de centralización y estatización de los recursos del país y de las actividades productivas y del comercio, logró como resultado la aniquilación de la economía nacional y hoy los cubanos dependen de modo obligado del mercado negro o economía subterránea para subsistir. Mientras, irónicamente se le exige a las personas que se ajusten más el atrincado cinto y muestren conformidad con el Sistema imperante.
El propio Raúl Castro, gobernante actual, reconoció al asumir el control del poder que los salarios que percibe la clase trabajadora no tienen valor real, y prometió cambios estructurales y de conceptos. Destacó la necesidad de erradicar la circulación de varias monedas causante de enormes diferencias sociales, entre los sectores de la población con acceso a las divisas y aquellos que malviven del peso nacional. Oratoria que le valió al menor de los Castros una andanada de elogios por parte de la prensa internacional, y que le adjudicaran en importantes círculos políticos la creencia de que constituía un posible Gorbachov Tropical, con pretensiones reformativas, capacidad organizativa y pragmatismo personal.
Tras el paso de cuatro años de gestión, el nuevo mandatario demuestra que es más de lo mismo. Con la agravante de que trajo un incremento notable en la insatisfacción de las necesidades elementales de las familias cubanas y en la aplicación del método represivo como mecanismo de control de la sociedad. Para nada se han adoptado soluciones que traigan alivio a la mesa del cubano y que le garanticen el libre ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
A la miseria crónica de la población se le suman ahora las nefastas consecuencias de las campañas que implementan las autoridades gubernamentales para suprimir las llamadas ¨gratuidades” y ¨subsidios” qué se erogan mediante los servicios del Estado. En esa dirección clausuraron los comedores obreros y retiraron productos alimenticios de los normados por la libreta de racionamiento. La que pretenden desaparecer en el corto plazo, aunque es la alternativa de la que disponen la mayoría de los cubanos para no morir literalmente de hambre.
Los voceros del régimen anuncian con bombos y platillos la aplicación de medidas ¨salvadoras¨, que están sobradamente probados sus fracasos a través de la historia y no se ajustan al contexto de la actualidad mundial globalizada.
La alimentación es uno de los problemas que más golpea a la población. Hay en todo el territorio del archipiélago una grave carencia de alimentos y los precios de esos productos son excesivamente caros, al tomar en cuenta el salario promedio de los trabajadores. Una calabaza o cuatro plátanos cuestan en el mercado lo que gana un médico en un día de labor profesional.
En Cuba no hay zona desértica ni nieva en ninguna época del año. Toda la tierra cultivable del país es productiva, de la que el Estado es el propietario de cerca del 80 por ciento, y más de la mitad la tiene en desuso, sin rendir provecho. El gobierno importa más del 70 por ciento de los productos agroalimentarios que consume la población, y gasta miles de millones de dólares al año en esas operaciones.
Urge recordar que dentro de las razones que impulsó el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista, en 1959, cuenta la promesa de materializar una reforma agraria, nunca cumplida.
No se requiere de conocimientos especializados para comprender que, tal y como funciona la agricultura en todas partes, la solución del drama alimentario surge de la entrega de tierras a los campesinos en título de propiedad, acompañada de la liberalización de las actividades agrícolas; entiéndase la producción, distribución y comercialización de los productos. Está el ejemplo demostrativo de los agricultores privados, una minoría de apenas un 18 por ciento, que produce alrededor del 80 por ciento de los alimentos que se obtienen en la agricultura nacional, aún con las limitaciones que impone el férreo control estatal en todas las actividades del sector.
Las autoridades del gobierno reconocen entre dientes que el proceso de entrega de tierras en usufructo que ellos sostienen marcha mal, plagado de deficiencias y de un burocratismo en extremo perjudicial.
Declaran que en el transcurso de tres años sólo han atendido la mitad de las solicitudes de tierras ociosas. Son frecuentes las quejas de los interesados por las irregularidades durante la interminable tramitación. Además de las protestas y reclamaciones por los casos de violaciones, ilegalidades y el descontrol en el manejo de los contratos. En esa actividad la corrupción de los funcionarios estatales está enraizada a todos los niveles de la estructura burocrática.
Quienes optan por un pedazo de tierra con marabú deben satisfacer determinados requisitos establecidos de modo tácito, entre ellos, ser incondicionales al gobierno y preferiblemente militantes del partido comunista y desmovilizados del ministerio del interior. Lo que menos importa es el deseo y la capacidad de los aspirantes de labrar la tierra y hacerla producir.
Cada solicitante del contrato es evaluado por distintas comisiones gubernamentales encargadas de dar el visto bueno, como los factores de la comunidad, el poder popular, la agricultura, el partido comunista y otras asociaciones de masas. A su vez, esas organizaciones tienen instancias burocráticas en las diferentes zonas, municipios y provincias de que se trate la solicitud.
Para la nación cubana constituye otra alarmante realidad el acelerado envejecimiento de la población, con tendencia a progresar. Fenómeno demográfico que se complica de modo abrumador por el predominio de los jóvenes entre los miles de cubanos que emigran todos los años, por vías legales o no. Y agravado, además, por el efecto negativo que ejerce la marcada disminución del número de nacimientos, hasta hace poco de 1,2 hijos por mujer, que tiene por consecuencia el decrecimiento de la población total respecto a los años anteriores. La imbricación de esos factores adversos, aunque no son los únicos, hipotecan el futuro de la Nación.
En el mediano plazo la carga a soportar por el presupuesto nacional no es costeable ni siquiera para los países ricos del primer mundo, como resultado del aumento en el porcentaje de los adultos de la tercera edad. El gobierno de los Castros tampoco demuestra capacidad para encontrar alternativas de solución o que, al menos, atenúen dicha problemática. Situación que no se resuelve con la absurda política que promueven los dirigentes de ¨ahorrar la miseria compartida¨.
Como es costumbre de la cúpula gobernante, prefieren aferrarse a sus esquemas obsoletos, en vez de asumir con la responsabilidad esperada la adopción de medidas que beneficien al pueblo. El pasado año por política de Estado se extendió la edad de jubilación laboral en cinco años, cumplidos los 65 los hombres y 60 para las mujeres. Ello no compensa los efectos del envejecimiento poblacional, en una sociedad donde el índice de desempleo es muy elevado y la baja productividad de los que trabajan raya lo inconcebible.
Se necesita que la juventud encuentre incentivos espirituales y materiales para que no abandone el país, y que se le garantice la libertad y el derecho de disfrutar de oportunidades de progreso mediante la realización personal. También la disminución del número de nacimientos puede revertirse con el subsidio de programas de ayudas integrales a las parejas en estado fértil, principalmente aquellas que presentan peores condiciones económicas. En esencia, la resolución de ese flagelo demográfico depende del combate a la miseria, activando el crecimiento de la economía, a través de la implementación de medidas liberadoras que desaten las ataduras de la sociedad.
La desarticulación de la industria azucarera es una clara evidencia del caos económico en el que la jerarquía del poder ha sumido al país, por el total fracaso de su modelo estatista. El azúcar no sólo representó el principal renglón de entrada de divisas desde la época colonial, a partir del siglo XIX, sino que era la única industria capaz de aportar la plataforma para desarrollar la industrialización de la nación. No hay otro sector económico en Cuba con características similares.
Aunque la exportación de níquel pasó a ocupar la primera posición en la entrada de divisas, y de que las reservas conocidas constituyen las mayores del mundo, su explotación industrial se focaliza a ese sector específico y no tiene el impacto de propiciar el desarrollo de otras industrias colaterales. En relación a las expectativas que generó la industria turística en la década del 90, cuando se abrió al mercado mundial, en poco tiempo se fueron disipando por su falta de competitividad, comparada con el crecimiento de los polos turísticos internacionales. Este renglón representa en la actualidad la segunda fuente de captación de divisas, pero tampoco reúne las condiciones para actuar como locomotora económica, con capacidad de estimular el desarrollo de otras industrias nacionales.
A los ingresos económicos que puede ofrecer la producción de azúcar, en los últimos años con cifras record de los precios por tonelada en el mercado mundial, se le adicionan los significativos beneficios de los subproductos agregados de su proceso de terminación. Sobresalen entre ellos la biomasa, que representa una importante fuente de energía sustentable. Está la síntesis de enzimas catalizadoras con múltiples usos en la industria química-orgánica.
También la obtención de alcoholes, fundamentales en la industria de bebidas y licores. La formación de diversos sustratos que contribuyen en la alimentación de una variedad de tipos de ganados. Y el aporte biotecnológico es aplicable en las industrias de fabricación de medicamentos, biofertilizantes y otra gama amplia de productos. Además, mediante la zafra azucarera es posible potenciar los esfuerzos de conservación del medio ambiente, por su positivo impacto ecológico.
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Pero las consecuencias económicas no son las únicas provocadas por el cierre de la mayoría de los centrales azucareros del país. Esa medida que se aplicó hace pocos años por la cúpula gobernante en nombre de la necesidad del “Ahorro>”, evaporó de la noche a la mañana numerosos empleos. Cientos de miles de familias perdieron el sustento de sus vidas, ligado a la zafra azucarera por generaciones. Los asentamientos poblacionales surgidos en las proximidades de esos centrales, y que fueron prosperando con el crecimiento de la industria del azúcar, quedaron convertidos en pueblos fantasmas, donde las condiciones de miserias son extremas y prevalece la frustración de los pobladores.
Ni siquiera los denominados “logros de la revolución” escapan a la estela de destrucción nacional. El sistema de salud pública es motivo de crecientes insatisfacciones en la población, por la mala calidad e insuficiencias en sus servicios. Muchas de las instalaciones de salud están en ruinas o con deterioro considerable de sus estructuras constructivas. Predomina una carencia crónica de profesionales y recursos de los destinados a brindarle cobertura médica a los nacionales. El desabastecimiento de medicinas resulta un mal perenne en los dispensarios y farmacias de todo el país. De modo diferenciado funciona un subsistema de salud que cuenta con todas las comodidades y recursos dirigidos a la atención médica de los extranjeros y de la élite del gobierno y sus familiares; los cubanos de a pie están excluidos de esos servicios. Mientras, se amplía la política gubernamental de exportar cientos de miles de galenos, los que se utilizan como instrumentos políticos para apuntalar la ideología totalitaria en países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, entre otras naciones del tercer mundo. A consecuencia de esa política, hoy el sistema de salud tiene abandonados muchos de los programas de prevención de enfermedades e intervención en la comunidad, por haberse desmembrado prácticamente el Plan del médico y la enfermera de la familia por falta de personal, que es la base en la que está diseñada la atención primaria de salud.
Por su parte la Educación es de pésima calidad. En todos sus niveles de enseñanza prima el adoctrinamiento político, por encima del interés de impartir los conocimientos de las ciencias y la promoción de valores cívicos, éticos y morales. Aún en la actualidad se practican premisas excluyentes como la que determina que la Universidad es sólo para beneficio de los revolucionarios. También en este sector la mayoría de las instalaciones están deterioradas y carentes de condiciones. El déficit de profesores ha llevado a la implementación de medidas desesperadas como la graduación de contingentes de maestros emergentes. Amparados en esos programas se ponen frente a las aulas a adolescentes sin ninguna vocación profesional y desprovistos de los conocimientos básicos para ejercer la labor docente. Además, los educandos presentan grandes dificultades y limitaciones para disponer de la base material de estudios y superación individual.
Para conservar el poder a toda costa la élite dominante se parapetó detrás de una supuesta entrega a la ideología marxista-leninista, aisló a la sociedad de la comunidad internacional, y consolidó su hegemonía tomando el control de todos los medios de comunicación y manipulando la realidad a conveniencia de los intereses políticos del gobierno. Estrategia que se apoya en un tenebroso aparato represivo, y se complementa con el dominio absoluto del poder legislativo y el judicial. Los cubanos de a pie no son más que rehenes de un régimen castrista, atrapados por la fuerza dentro de la Isla, en su mayoría desprovistos de referencias cívicas y cultura democrática, y víctimas indefensas de la violación de sus derechos y libertades elementales.
La nación cubana es una de las excepciones del planeta tierra donde no se celebran elecciones libres y está proscrita la creación de partidos políticos. Al pueblo no se le garantiza el derecho de elegir a sus gobernantes ni de participar en la vida política del país. Por mandato oficial en el 2002 se modificó la Constitución para estipular el carácter irrevocable del sistema socialista, lo que constituye una aberración jurídica que condena a las futuras generaciones de cubanos a aceptar, sin posibilidad de decidir, las condiciones de organización de la sociedad impuestas por la cúpula que gobierna actualmente. Las personas que se manifiestan contrarias a la política establecida por el partido comunista, son consideradas de apátridas y tildadas de mercenarios al servicio del imperialismo, lo que implica ser marginados socialmente y con frecuencia terminan en las cárceles o desterrados del país.
El despojo de la propiedad privada es otra de las herramientas que utilizan los gobernantes para someter a la sociedad. Los cubanos no tienen derecho a disponer de sus escasos bienes personales. La compra-venta de automóviles o viviendas, o el uso de otros bienes para obtener algún tipo de beneficio es reconocido por las leyes como delito, y se sanciona con el decomiso de esas propiedades, entre otras medidas.
En medio de las penurias económicas que sufre la población está prohibido el ejercicio de las iniciativas privadas y no se permiten los negocios particulares. Todo esfuerzo por desarrollar la sociedad civil es ilegal, y a la población no se le reconoce el derecho de crear asociaciones ni sindicatos independientes. Las únicas organizaciones de masas autorizadas son prolongaciones del gobierno, que responden a los intereses de la élite del poder.
En plena era de la informática a los cubanos se les niega el derecho a navegar por la internet, se les prohíbe el acceso a la televisión satelital, y los servicios de la telefonía celular se brindan a precios prohibitivos para la mayoría. Entrar y salir del país requiere de un permiso especial que otorga el ministerio del interior. Hasta la circulación por el territorio nacional es motivo de restricciones, que en ocasiones provoca que las personas sean consideradas ilegales por residir en lugares distintos a donde están autorizados, al estilo de Sudáfrica en tiempos del apartheid.
Ni siquiera las distintas denominaciones religiosas disponen de libertades dentro del entramado social para el ejercicio de su fe y las prácticas de sus cultos sin interferencias ni restricciones. Sólo les permiten una mínima labor social, siempre bajo el estricto control de las autoridades del gobierno.
La lucha cotidiana por la supervivencia en condiciones extremas ha traído a la sociedad cubana una significativa pérdida de valores éticos y morales, y la proliferación de conductas sociales degradantes, como el lastre de la prostitución, el racismo y la intolerancia, la drogadicción, el alcoholismo, la violencia, entre otras situaciones lamentables. La generalidad del pueblo no alberga esperanzas de cambios políticos que conduzcan a la transformación de la realidad actual, y asumen como alternativa de progreso la posibilidad de escapar del país. Presos del miedo a ser víctimas de la represión, el pesimismo reproduce en las personas la filosofía popular que aboga por no realizar protestas ni hacer reclamaciones al gobierno para evitarse problemas. Esa actitud hace que la población esté continuamente saturada de problemas y, además, que su indiferencia y pasividad constituyan el soporte y la estructura que aprovecha la élite dominante para perpetuar su Régimen.
En contradicción con las condiciones de miserias que sufre la población, la casta dirigente vive en la opulencia como grandes capitalistas y disfrutan de enormes privilegios. Apelan a la hipocresía de extrapolar al pueblo la responsabilidad por la involución en todas las esferas de la vida nacional. Catalogan de “indisciplina social” la resistencia de los cubanos a obedecer entre rejas, y los culpan de no romper las barreras de subsistir a merced del Estado, después que les quitaron la capacidad de dirigir sus destinos. El fracaso del Sistema tratan de ocultarlo con la justificación omnipresente del embargo americano, al que ellos califican de bloqueo, a pesar de que los EEUU constituyen el principal mercado de alimentos y medicinas para Cuba en estos momentos.
Distinto a la imagen que se exhibe, el gobierno no es una estructura monolítica sino que se compone de facciones con intereses y expectativas divergentes. Los llamados líderes históricos de la revolución, que combatieron en la Sierra Maestra y con los que disponen del poder, constituyen un reducido grupo de ancianos aferrados a no soltar el mando. Su interés consiste en conservar las riendas del poder en sus manos sin importar las consecuencias, y están resueltos a sacrificar lo que sea por lograrlo.
Los dirigentes de segunda línea son los representantes del sector burocrático, más jóvenes y calificados profesionalmente, lo que les propicia estar más familiarizados con las reglas que rigen el contexto actual. Estos personajes ambicionan el poder que se les viene prometiendo durante décadas, por ser el relevo natural de la gerontocracia. Hasta ahora han jugado el papel de materializar las aberraciones que estipulan los de “arriba”. Pero en la medida que se despedaza la Nación, reaccionan poniéndose cada vez más nerviosos por el peligro de no alcanzar sus aspiraciones.
Ejemplo de ese comportamiento fue el actuar indiscreto de Carlos Lage, antiguo vicepresidente del Consejo de Estado y secretario del Consejo de Ministros, Felipe Pérez, el ex canciller y miembro del Comité Central del Partido Comunista, y demás cuadros intermedios recientemente purgados al estilo estalinista.
Los generales y militares de alto rango no condicionan su obediencia y lealtad a una ideología inexistente, sino que responden a los privilegios y prebendas que disfrutan. Razón por la que a medida que se agudiza la crisis nacional se les entrega a estos señores los cargos más importantes de la economía y los puestos estratégicos en el gobierno. La gerontocracia les teme y opta por comprar su fidelidad. Los castrenses, que tienen control sobre tropas y no demuestran ningún compromiso con su pueblo ni los principios democráticos, practican la máxima de venderse al mejor postor.
El sector de jóvenes arribistas, conocidos como los talibanes, recibió un duro golpe con la salida del Sr. Fidel Castro del poder. Tanto el grupo de apoyo como los cuadros afiliados al anterior gobernante quedaron desplazados por el bando de los Raulistas, que es el que quedó instalado en las estructuras del gobierno después de la sucesión.
En sentido opuesto a todas esas facciones que dirigen el país, con sus llamados de “sacrificio y resistir”, “ahorro o muerte”, andan los interese y expectativas de los cubanos de a pie, que anhelan vivir en democracia, con justicia y oportunidades de progreso. La libertad es un bien individual que cohabita en el interior de cada persona, aunque se disfruta en colectivo donde es respetada. Comprender esa realidad es un buen comienzo.
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