Argentina tiene graves fallas para combatir el lavado de dinero, la evasión impositiva, los fraudes bancarios y la corrupción, según el informe de una comisión oficial independiente que publica hoy el diario bonaerense La Nación.
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"De 1989 a la actualidad, la política criminal en nuestro país ha sido errática, con falta de coordinación, con organismos ineficaces, con superposición de competencias, sin utilización de organismos y bases estatales de buena calidad", apunta el informe.
También advierte que ha sido "poco efectiva" la política "en relación con el control de los bienes obtenidos de los delitos de contenido económico, tanto de aquellos provenientes del narcotráfico como de los que se cometen en perjuicio de la administración pública".
El informe fue hecho por una comisión independiente de jueces, fiscales, médicos, sicólogos y sociólogos formada en abril de 2008 por iniciativa del por entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, actual jefe del gabinete del gobierno de Cristina Fernández.
La comisión aconsejó la "urgente" reestructuración de la Unidad de Información Financiera, organismo de lucha contra el lavado de dinero, donde "las denuncias llegan tarde, sin selección calificada por los expertos" de otros organismos públicos.
Las denuncias sobre lavado de dinero terminan "en meras estadísticas o simple información burocrática", dice el documento.
Dice que la Unidad de Información Financiera tarda entre un año y medio y tres años en analizar presuntos maniobras con dinero ilícito y que la Justicia no ha dictado ninguna condena por ese delito desde que se promulgó una ley específica, en 2002.
"Si en la investigación preliminar se demora tanto tiempo, lo más probable es que se pierdan los bienes, el dinero y todos los datos que servirían para esclarecer la investigación", declaró a La Nación el juez Roberto Falcone, uno de los miembros de la comisión.
"El ejercicio de la acción penal se vuelve prácticamente imposible", remarcó el magistrado.
El informe advierte que en muchas investigaciones no se usan las bases de datos disponibles y que no existe una política estatal que coordine las informaciones de los 24 distritos del país para permitir cruces de datos válidos.
"Para combatir la corrupción en todas sus formas es necesario discutir una ley sobre bienes a incautar y una coordinación eficiente de los registros de bienes y bases que tiene el Estado", apuntó al respecto la fiscal Mónica Cuñarro, otro de los miembros de la comisión.
Los organismos de control carecen además de información necesaria sobre los crímenes que dan inicio a las maniobras de lavado y de un criterio para registrar los bienes investigados, entre otros puntos del documento entregado a la Jefatura de Gabinete argentino.
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