La CIDH informó este miércoles que demandó a Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por no haber cumplido con sus recomendaciones en el caso de la destitución arbitraria de la jueza Mercedes Chocrón en 2003.
La demanda fue interpuesta el 25 de noviembre pasado ante la CorteIDH, con sede en San José (Costa Rica), señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caso se refiere a la destitución arbitraria de Mercedes Chocrón como jueza de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Según la CIDH, en este caso no hubo garantías mínimas de debido proceso, ni una adecuada motivación, ni la posibilidad de ser oída y de ejercer su derecho de defensa, ni de contar con un recurso judicial efectivo.
El caso se envió al tribunal porque la CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), determinó que el Estado venezolano no adoptó medidas para cumplir con sus recomendaciones en el informe de fondo aprobado por la Comisión
Mercedes Chocrón fue nombrada en 1999 jueza segunda de Primera Instancia en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y después en el Juzgado Cuadragésimo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de control del mismo Circuito Judicial.
En su nombramiento se establecía su condición de juez temporal hasta tanto se realizara el concurso de oposición previsto por la ley de Carrera Judicial.
Los peticionarios señalan que en este caso se violó el debido proceso y el derecho a la defensa de la jueza, al haber sido notificada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia que se dejaba sin efecto su designación de magistrada temporal.
Los peticionarios aducen que Chocrón debía haber permanecido en ese cargo hasta la efectiva realización del concurso de oposición.
Afirman que la decisión tiene un marcado "carácter político", dado que la magistrada tenía un polémico caso que involucraba a un militar disidente.
En dicho caso se solicitaba que se practicara una inspección judicial para establecer si el Estado estaba cumpliendo unas medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Los peticionarios indican que Chocrón ordenó la inspección judicial en enero de 2003 y que por tal motivo fue retirada de su cargo de forma sumaria en febrero de ese año a través de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, ente que no tiene competencia para ejercer tal decisión.
La magistrada recurrió ante la Comisión y ante la falta de respuesta presentó un recurso de nulidad de su destitución ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
En octubre de 2004 esa sala rechazó el recurso.El Estado sostiene que el proceso de destitución se llevó a cabo de conformidad con lo establecido por la ley.
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