Una jueza venezolana ha sido detenida por supuestas acusaciones de corrupción y abuso de poder tras liberar a un conocido banquero y un furioso presidente Hugo Chávez exigió que sea mandada a prisión por la sentencia máxima de 30 años. Sin previa defensa, investigación o condena.
El presidente llamó "criminal" a la jueza y despertó el rechazo de la oposición y de expertos legales, que dicen que el caso es una señal más de la influencia que Chávez ha adquirido sobre el Poder Judicial.
Chávez pretende ahora en una nueva reforma constitucional, "terminar con los vicios que se producen al estar separados los tres poderes del Estado", por lo que su ultima insana arremetida política mediante la reforma a la Carta Magna, es concentrar en si mismo, el Poder Ejecutivo, las potestades del Legislativo y el Poder Judicial.
Chávez ha extendido su poder en forma gradual en la última década hasta tener un control dominante del Congreso y de otras instituciones estatales y ganar una elección que anuló las restricciones a la reelección. Chávez niega que intente controlar las cortes y dice que el sistema legal sigue siendo autónomo. Sin embargo, el rápido arresto de la jueza María Afiuni, junto a la de todos los funcionarios menores que laboral en las dependencias de su tribunal, la semana pasada luego de su fallo, sumado a cargos que aparecieron inmediatamente de producirse el dictamen, y en sincronización con la reacción enajenada del presidente revolucionario, ha llevado a algunos a señalar al caso como un ejemplo perfecto de la falta de independencia de la justicia venezolana.
Alberto Arteaga Sánchez, profesor de derecho criminal en la Universidad Central, dijo que hay una "presión e interferencia naceptable" del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
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