Sería necio negar que el atraso secular que padece la selva fue un factor concurrente para el trágico desenlace de Bagua, pero sería igualmente insulso negar que el factor determinante para el estallido de la violencia fue la manipulación política que ejercieron el chavismo local y ciertos religiosos radicales de izquierda.
Mayor de la Policía Nacional del Perú, Felipe Bazan (en circulo rojo), capturado por los indígenas, torturado, descuartizado y arrojado al rió
Lo saben todos, pero nadie lo quiere decir en voz alta. Esta es la verdad más importante que nos presenta el Informe de la Comisión Bagua que se creó para esclarecer los hechos que desembocaron en la matanza de 24 policías y la muerte de nueve civiles (solo cuatro de ellos indígenas), en la cruenta asonada del 5 de junio pasado. Es menester aclarar que ésta no es una crítica a la Iglesia Católica, institución que me merece el mayor respeto y aprecio, sino a un grupo de obispos, curas y monjas que han optado por asociarse de facto con quienes pugnan por desestabilizar al sistema democrático para reemplazarlo por otro totalitario. Es el mismo grupo que en las últimas décadas ha llevado a la Iglesia católica peruana a perder predicamento en la fe religiosa de nuestro pueblo por dedicarse más a hacer política que a predicar el Evangelio. El crecimiento de las iglesias evangélicas, en detrimento de la católica, en ese mismo período, corrobora lo que afirmamos. El caso Bagua revela que aquel grupo está tan comprometido con sus afanes políticos que al parecer estos prevalecen en ellos por sobre todo lo demás, inclusive sobre los valores de la Iglesia.
Azuzaron a los nativos
La comisión investigadora de la Matanza de Bagua ha llegado a la conclusión de que los religiosos radicales de la Vicaría de Jaén son co-responsables de esos hechos porque contribuyeron a azuzar y soliviantar a las comunidades amazónicas para que se enfrentasen con el Estado, en vez de patrocinar una solución pacífica. También ha concluido que esos religiosos participaron en la organización del “paro amazónico”, brindándole a los amotinados una logística diversa: avituallamiento, primeros auxilios, transporte, apoyo mediático, refugio y protección. Les inculcaron en la mente a los comuneros la mentira que decía que mediante la llamada Ley de la Selva el Estado (léase la democracia) les despojaría de sus tierras y envenenaría el agua de los ríos. Esto lo hicieron mediante “programas de animación” ejecutados por “misioneros” en las comunidades selváticas, según lo ha establecido la Comisión Bagua. Durante los sucesos del 5 de junio, los periodistas de la Vicaría de Jaén estuvieron en la Curva del Diablo y en Uctubamba, cubriendo los hechos para la ONG Coordinadora Nacional de Radio (CNR), que propaló al mundo la infamia de que la democracia hizo un “genocidio” de indígenas. Dicho sea de paso, no se ha rectificado. Fueron esos periodistas quienes filmaron la matanza de policías en el cerro que domina la Curva del Diablo, según lo ha establecido la Comisión Bagua, la cual ha hallado además indicios que señalan que un segmento de cuatro minutos de ese vídeo fue mutilado para encubrir aparentemente a los asesinos del mayor PNP Felipe Bazán.
Refugio a los criminales
El 5 de junio, los nativos que asesinaron a los policías en el cerro de la Curva del Diablo se refugiaron en una sede en Bagua de la Vicaría de Jaén, a donde llevaron las armas que arrebataron a sus víctimas, cuchillos y lanzas manchadas con la sangre de los policías ultimados, cuyos cuerpos inertes fueron arrojados en un abismo. Es imposible que los religiosos no hayan visto las armas que llevaron los nativos (fusiles AKM); y era obvio que si tenían ese armamento estaban implicados en la matanza de los policías. Aun así, los refugiaron en el Centro Pastoral “Santiago Apóstol”, y les dieron primeros auxilios a los heridos en la respuesta policial a la masacre. La policía tuvo que allanar el local religioso para sacar de allí a los presuntos asesinos y recuperar el armamento robado, así como otras pruebas de la matanza.
La policía peruana fue emboscada en una coordinada operación característica de la guerrilla. Fueron llevados hasta una curva de la carretera, para quedar a distancia de tiro por parte de los indigenas que portaban fusiles automáticos
El asesinato del mayor PNP Felipe Bazán, según los indicios hallados por la comisión, fue conocida desde el principio por la Vicaría de Jaén, que calló el crimen a pesar de que el padre de la víctima estaba buscando desesperado a su hijo. ¿Dónde quedó el sentido de la bondad y el amor al prójimo? Según la comisión, la Vicaría también habría mutilado el vídeo para encubrir a los asesinos. Uno de estos, Asterio Pujupat, ya detenido, ha confesado su delito y ha delatado a algunos de sus cómplices. La Vicaría acudió presta a darle asistencia legal a Pujupat, por medio de la ONG Fedepaz, que acusó a la PNP de haber inventado la confesión alegando que el detenido habla solo el dialecto Awajun. La mentira se deshizo al conocerse el vídeo del interrogatorio en el que se ve a Pujupat hablando en castellano.
Extremismo
Los religiosos comprometidos con la izquierda son tan extremistas que inclusive justifican la matanza de los 12 policías muertos en la Estación 6 del oleoducto (Imazita), y se niegan a condenarla, aún cuando las víctimas fueron degolladas a sangre fría, estando inermes y con las manos atadas en la espalda. El grupo católico radical ha emitido pronunciamientos de apoyo a la monja española Maricarmen Gómez, quien pretende descalificar el trabajo de la comisión, pero calla sobre la matanza de Imazita y el asesinato del mayor Bazán. Está excesivamente politizado, no debería ejercer el sacerdocio. Tiene una estrecha ligazón con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que avala otra infamia divulgada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), según la cual el ejército peruano inoculó a los detenidos en Bagua sangre de los policías muertos. Esto no tiene el menor asidero porque una transfusión de sangre inopinada produce un shock linfático que ocasiona la muerte inmediata, y que se sepa ninguno de los detenidos aquella vez falleció. La CNDDHH, mediante su cabeza principal, Aprodeh (Asociación Pro Derechos Humanos), también inventó mentiras que no debemos olvidar: que cientos de nativos fueron asesinados y arrojados al río, que los helicópteros de la policía atacaron a los nativos con ametralladoras calibre 50 (que parten en dos un árbol de un tiro) y con lanzallamas (¡desde 300 metros de altura!), entre otras barbaridades.
Funerales de los 24 policías emboscados en Bagua
Monja infidente
Ha quedado confirmado además que la monja Maricarmen Gómez le informaba a la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL, integrante de la CNDDHH) todo lo que se trataba en la Comisión Bagua, y también le entregó un borrador del informe final. Los vínculos entre este sector radical de la Iglesia con la ultraizquierda marxista y la izquierda caviar son de vieja data. Juntos coordinaron acciones de “derechos humanos” destinadas a frenar operaciones militares y a acusar de falsos crímenes a las fuerzas armadas y a la PNP durante la guerra contra el terrorismo. Son además intolerantes. Un episodio ilustrativo ocurrió en la Prelatura de Sicuani, donde los malos religiosos le traspasaron a un grupo izquierdista la propiedad de la radio de la Iglesia al ver que el nuevo obispo designado por Roma no era promarxista. Ahora esa radio se dedica a atacar al Prelado nuevo. Una conocida integrante de ese sector religioso extremista era la ex monja Nelly Evans, quien después de una intensa actividad religioso-política de izquierda dejó los hábitos para incorporarse a Sendero Luminoso, donde integró el aparato terrorista encargado de la seguridad personal del genocida Abimael Guzmán. Ella purga actualmente una condena de cárcel por delito de terrorismo, al haberse establecido que administró una casa donde se ocultó Guzmán y en la que se guardaba oculta documentación importante de la cúpula de la banda armada maoísta. Otro exponente es el cura Marco Arana, quien montó una ONG que, en teoría, defiende el medio ambiente, pero en los hechos boicotea la inversión privada en minería y petróleo. Ha creado ahora un partido político con el que aspira a ser el candidato presidencial de la izquierda radical. Todos los hechos mencionados plantean como urgente una intervención de El Vaticano que ponga fin a estos excesos que desprestigian a la Iglesia Católica. Roma debería tomar medidas ejemplares en la Vicaría de Jaén primero, y después en la jerarquía eclesiástica peruana, para impedir que los recursos de la iglesia sean usados en apoyar planes violentos que buscan socavar los cimientos del sistema democrático del Perú.
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