Argentina quiere presentarse como querellante en un proceso judicial que investiga en Múnich un caso de sobornos en contratos del astillero alemán Ferrostaal, anunció hoy la ministra argentina de Defensa, Nilda Garré.
"Hemos pedido a nuestra embajada en Alemania que inicie las gestiones porque nos interesaría mucho ser querellantes en este expediente", aseguró Garré en una rueda de prensa.
La ministra adelantó también que solicitó a la embajada alemana en Buenos Aires que "facilite la información" de la causa porque la intención del Gobierno es "investigar a fondo la cadena de responsabilidades" que ha tenido este escándalo.
La semana pasada, el Ministerio de Defensa denunció penalmente a miembros de la Armada argentina, empresarios y abogados por un presunto caso de sobornos en contratos con el astillero alemán.
La denuncia por delitos de cohecho, tráfico de influencias y soborno trasnacional alcanzó al vicealmirante Gustavo Lepron y al contraalmirante Alejandro Uberti -ambos retirados-, así como al contraalmirante Juan Carlos Palma y al abogado de la Armada Osvaldo Parrinella.
La demanda también incluyó a los empresarios alemanes Matthias Mitscherlich, presidente de Ferrostaal hasta el 1 de junio pasado, Peter Fischer-Hollweg y al abogado Helmut Cristian Graf.
Según indicó la cartera de Defensa, todos los denunciados "habrían tenido participación" en el pago de sobornos a miembros de la Armada argentina para la adjudicación de una contratación de patrullas guardacostas.
Hoy, Nilda Garré ratificó que el Ministerio a su cargo entiende que las irregularidades son "serias".
La demanda se produjo tras una "investigación interna" derivada de la denuncia publicada el pasado día 10 por el diario La Capital, de la ciudad argentina de Rosario.
El diario recogió la versión de un testigo de identidad reservada, ex empleado de Ferrostaal, que declaró ante la Fiscalía de Múnich que el plan original de la compra de patrullas guardacostas involucraba un contrato por entre 230 y 250 millones de euros (entre 280 y 305 millones de dólares).
Pero, finalmente Argentina compró un diseño por 3,5 millones de euros (unos 4,2 millones de dólares).
Por ese trabajo, de acuerdo con el testigo, se pagó entre el 6 al 6,5 por ciento de sobornos, es decir unos 218.750 euros (267.000 dólares) y Graf actuó como intermediario entre Ferrostaal y miembros de la Armada argentina para negociar los contratos y las coimas.
La Justicia alemana investiga a Ferrostaal y otras firmas por el presunto pago de sobornos en contratos con funcionarios de varios países, entre ellos Colombia, Portugal y Argentina, donde, según el semanario Der Spiegel, se pagó en 2006 una suma millonaria en un caso en el que aparece también involucrado el astillero alemán Fassmer.
La denuncia del Ministerio sucedió a otra hecha un día antes por la Oficina Anticorrupción de Argentina para que se investigue si funcionarios de esa cartera y de la Armada cobraron sobornos en contratos con Ferrostaal.
Además de la investigación por el caso de las patrullas, el Ministerio de Defensa detectó irregularidades en otro contrato entre la Armada y Ferrostaal, rubricado en 2004, para la adquisición de una planta propulsora para la Fragata "Libertad" de la Marina argentina.
En este caso, Defensa denunció penalmente el pasado día 7 a Gustavo Lepron, a los capitanes Alberto Pérez, Eduardo Harris, Gerardo Bellino y Mario Pontello, entre otros funcionarios de la Armada.
La ministra indicó, asimismo, que ha abierto una auditoría "que puede derivar en otra denuncia penal" por un contrato entre la Armada y la empresa estadounidense Hawker para la renovación de baterías de un submarino.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario