En el cobro de un impuesto temporal a las empresas mineras se concentra la primera gran batalla entre el Gobierno de derecha del presidente de Chile, Sebastián Piñera y la oposición de centroizquierda, que recién se está acomodando en este papel tras pasar 20 años en La Moneda.
El presidente Piñera durante las transmisiones del mundial de football junto a los damnificados del tsunami y terremeto del 27-F
El royalty minero es un impuesto a la extracción de minerales establecido en 2005 y su modificación es el único artículo del proyecto de ley de financiación de la reconstrucción del país después del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero que ha sido rechazado por la oposición en el Senado. La ley fue propuesta por el Gobierno de Piñera para reparar los daños por cerca de 30.000 millones de dólares que dejó el sísmo.
El debate sobre qué impuesto se cobrará y durante cuánto tiempo se librará la próxima semana en una comisión mixta del Congreso, de senadores y diputados. La polémica ha adquirido tintes dramáticos, sólo opacados en la agenda pública por las actuaciones de la selección chilena en el Mundial de fútbol de Sudáfrica. Las mineras son las empresas más rentables del país. El Gobierno propone aplicarles un impuesto que oscile entre el 4% y el 9%, durante dos años, y ampliar a estas empresas la invariabilidad tributaria desde 2017 a 2025. Esto permitiría recaudar unos 700 millones de dólares para aportar a la reconstrucción.
Piñera demandó a la oposición que apruebe el proyecto y no dé la espalda a los damnificados que dejó el terremoto. "Cuando un presidente pide por Chile no se humilla. Pido con mucha humildad al Congreso que apruebe el proyecto de financiamiento", afirmó Piñera.
El ministro de Minería, Laurence Golborne, sostuvo que rechazar el royalty significará no contar con un monto que, por ejemplo, permitirá construir los 12 hospitales que derrumbó el terremoto, o entregar 50.000 viviendas a los damnificados. La oposición, tras criticar varios aspectos del proyecto de financiación, concentró su rechazo en el impuesto a las mineras y aprobó las propuestas de aumento transitorio de impuestos a las empresas y viviendas más lujosos, y otros permanentes al tabaco. Finalmente, pidió al Gobierno que no presione con las necesidades de las víctimas.
La centroizquierda pide que se elimine el royalty del proyecto de financiamiento porque, de ser aprobado, significa comprometer a este Gobierno y a los tres siguientes con la invariabilidad de impuestos a las mineras, sin considerar la oportunidad única de lograr una imposición tributaria al rentable sector minero. La oposición de centro izquierda piensa que podría volver luego de la administración Piñera.
La mineras extraen un recurso no renovable y a pesar de que otros países están subiendo este gravamen, es la propia izquierda chilena increíblemente la que protagoniza y encarna el sector más duro que obstaculiza la tendencia mundial. Desde el Gobierno replican que la invariabilidad tributaria a las mineras fue establecida por el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006) hasta el 2017 por un royalty de 4%. Chile tiene recursos en caja como para solventar los 700 millones de dólares, y por la solidez de sus finanzas, también puede solicitar un préstamo externo, pero su gobierno, al parecer, lo que no desea es recargar la cuenta de sus pasivos en el extranjero. Por ello, y para asegurar recursos frescos que no gravan sus cuentas fiscales que irán en directo beneficio de los siniestrados, ha propuesto imponer una carga tributaria a la gran minería privada. La izquierda chilena, parece seguir sin rumbo y echa mano a lo que sea, con tal de torpedear el trauma de haber perdido el poder.
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