La Inspectoría de las Fuerzas Armadas (FA) no pudo auditar la unidad. No se le permitió el acceso a todos los documentos, posiblemente para tapar una posible irregularidad en las compras.
Adicionalmente, La Cámara Baja aprobó hoy el pedido de interpelación al ministro de Defensa Nacional, Luis Bareiro Spaini, quien deberá concurrir a la sede parlamentaria para explicar el exabrupto que significó el envío de una carta en tono de reproche a la Embajada de EEUU.
En dicha interpelación que se llevara a cabo el día jueves, los diputados solicitaran que Spaini explique otros asuntos no aclarados por la cartera de Defensa como la situación del hospital militar y él ingreso no autorizado de un avión venezolano al país con personal militar ligado a los servicios de inteligencia venezolana, entre otras cosas.
LA INVESTIGACIÓN QUE FUE BLOQUEDA
El 11 de junio del 2010 el coronel Heriberto Insaurralde Amarilla, director de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas, envió una nota al ministro de Defensa nacional, Luis Bareiro Spaini, en la cual informa el corte de auditoría en el Centro Financiero Número 4-Comando de la FA. El corte de auditoría se realizaba en razón “de la no provisión de los documentos requeridos para realizar nuestro trabajo conforme al programa anual de auditoría”.
La FA, a cargo del general Hugo Aranda Chamarro, entregó materiales sueltos que no pueden ser analizados pues “los mismos deben ser estudiados en su conjunto”. La FA tan siquiera respondió a los requerimientos por escrito sobre entrevistas solicitadas al comandante de la unidad y otras autoridades administrativas.
La resolución número 312 del Ministerio de Defensa por la cual se dispone la inspección para “ejercer el control de los procedimientos, metas, proyectos y objetivos de cada centro financiero” establecía una aclaración determinante: “Todos los procesos de adquisición de equipos militares, de seguridad y de servicios que se realicen por la vía de la excepción se contratarán únicamente con los propios fabricantes de cada uno de los bienes, a los fines de seguridad, economía y racionalidad en la inversión del presupuesto previsto por la misma...”.
En la FA se había contratado, nuevamente, con una empresa que, de acuerdo con nuestras informaciones, no reunía estos requisitos y que la misma Contraloría, en un dictamen anterior, cuestionó. Se trata de la empresa española Proiberica. Específicamente, había cuestionado el incumplimiento del contrato anterior con esta empresa por G. 726.868.129. Hasta el cierre del año fiscal 2009 (el contrato se definió el 25 de mayo) Proibérica no cumplió con la entrega de repuestos y accesorios adjudicados.
Sin embargo, el Ministerio del Interior paraguayo no comunico la adjudicación hasta septiembre del 2009 de la compra de los tres helicópteros ‘Robinson Raven II’ para la Policía Nacional
El paquete inicial incluía dos pilotos con experiencia en trabajos policiales, equipos de mecánicos y mantenimiento, además de un grupo de instructores para capacitar a futuros oficiales pilotos y mecánicos de la Policía Nacional por parte de la empresa adjudicataria. El paquete también contemplaba todas las prestaciones propias de un helicóptero policial, incluyendo equipamiento óptico, tanto para visión nocturna y visión infrarroja, juego de cinturones de seguridad, equipos de sirena y altavoz, sistema de enlace microondas para la transmisión de imágenes, etc.
El programa previa cuatro cursos de operadores policiales, seis cursos de mecánica, seis talleres de pilotos de helicópteros especializados en operaciones policiales y diez cursos de capacitación en territorio español, así como software de gestión de flota y capacitación, y los seguros de responsabilidad civil para las aeronaves. Nada de eso se cumplió.
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