El por qué ha actuado recién ahora el Gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner, para bloquear los trabajos de las plataformas petrolíferas que realizan compañías británicas en las disputadas Malvinas o Falkand, queda claro al atender la obligación de responder con contundencia a cualquier reto que afecte a la soberanía de su país.
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Y el inminente inicio de prospecciones, en un territorio que Buenos Aires reclama como propio, afecta directamente a la solvencia y credibilidad de su política exterior. Por otra parte, hay quien recuerda que, como ya ocurrió en 1982 con la Junta Militar del general Galtieri, un conflicto externo servirá a los Kirchner para desviar la atención de la opinión pública de sus graves crisis internas.
A pesar de que el Reino Unido y Argentina firmaron en 1995 un pacto de cooperación petrolífera, en el 2007 el Gobierno de Cristina Fernández dio por finalizada la colaboración –cuyo objetivo era fomentar la explotación conjunta de esas aguas– el Gobierno británico se amparó en ese acuerdo de 1995 para conceder unilateralmente licencias a una decena de compañías, que son las que ahora van a comenzar la prospección de los yacimientos, dado el abandono que hizo Argentina del acuerdo.
Según la opinión de algunos analistas, que cita la Prensa de Buenos Aires, las reservas petrolíferas de la zona pueden ascender a un máximo de 60.000 millones de barriles. En todo caso, esa cantidad se considera suficiente para que la economía del archipiélago se sustente por sí misma, sin descartar la posibilidad de que eso le permitiera pedir su autodeterminación al Reino Unido.
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