"... La estrategia terrorista buscaría más bien ampliar el margen de maniobra delictivo modificando la percepción pública hacia la batalla contra el narco... acordar con los capos la paz social a cambio de permitirles operar sólo les dejará el camino libre para seguir tomando control del país. Caer en esa tentación sería arriesgar lo que nos queda como Estado". (Editorial de El Universal. México)
Hace apenas unos años, cuando la violencia, o la percepción que los mexicanos tienen de ella, no era tan fuerte como ahora, especulábamos sobre la posibilidad de que México se "colombianizara". Esto implicaba que el país sudamericano estaba peor que el nuestro y que podía ser un punto de referencia para saber qué nos depararía el futuro si no actuábamos pronto en la construcción de instituciones. El más grave de los síntomas de aquella enfermedad tan lejana a nosotros era el narcoterrorismo: actos de violencia de las organizaciones criminales perpetrados contra la población civil cuyo objetivo es generar un ambiente de incertidumbre y miedo que les permita aventajar a las autoridades del Estado. Hoy nuestro país padece ya esta tragedia.
El reciente uso de granadas en Michoacán y Sonora, en zonas transitadas y a plena luz del día, obligan a pensar que los cárteles tienen en la mira a la gente común como uno de sus objetivos de destrucción. En Colombia estas organizaciones tenían por intención forzar a las autoridades a la negociación. ¿Cuál será la expectativa de los criminales mexicanos? Para Antonio L. Mazzitelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los cárteles muestran desesperación: "Quien recurre a actos de terrorismo no tiene otra opción para tratar de obligar a la población civil, y en particular a las autoridades, a llegar a pactos. Eso es síntoma de debilidad, no de fortaleza, que debería servir como indicador de que probablemente se están obteniendo resultados."
Hay también otra posibilidad: la guerra contra las drogas no pasa por su mejor momento ante la opinión pública. Se acumulan las críticas contra la presencia del Ejército en las calles y según las encuestas la gente percibe tanta o más inseguridad que antes de la estrategia emprendida por este gobierno. Bajo ese contexto, recrudecer los asesintatos, las balaceras y los atentados ciegos contra la población podría tener como propósito perjudicar aún más el ánimo de la sociedad. Estemos o no de acuerdo con la cruzada de esta administración, es indudable que los capos estaban mejor antes, por lo que no es descabellado pensar que busquen forzar una negociación para restablecer el pacto de no agresión que al parecer gozaron con el régimen pasado. Ello no implicaría necesariamente que los narcotraficantes estuvieran desesperados, como dice la ONU.
La estrategia terrorista buscaría más bien ampliar el margen de maniobra delictivo modificando la percepción pública hacia la batalla contra el narco. En caso de que la segunda hipótesis sea la correcta, el guiño criminal iría dirigido a gobiernos locales y sociedad. Ambos pueden caer en la tentación de creer que pactar con el narco es mejor que confrontarse con él. Sin embargo, acordar con los capos la paz social a cambio de permitirles operar sólo les dejará el camino libre para seguir tomando control del país. Caer en esa tentación sería arriesgar lo que nos queda como Estado.
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