KIRCHNER NO SE DA POR VENCIDO PERO AVANZAN CAUSAS POR CORRUPCIÓN

*por Rosendo Fraga 

Tras la derrota en Diputados, Kirchner trata de disputar el control del Senado y de las comisiones bicamerales. En la Cámara Alta, los 32 senadores oficialistas más los 3 aliados quedan a sólo 2 de la mayoría. Los dos senadores del PJ recientemente electos en La Pampa dejan el bloque oficialista y buscan ser la clave de la negociación. La oposición busca articular la mayoría que le permita repetir su éxito en Diputados, pero es incierto si puede hacerlo. Las comisiones bicamerales -integradas por senadores y diputados al mismo tiempo- se están discutiendo y para Kirchner controlar la que convalida los decretos de necesidad y urgencia es la prioridad, dado que perdiendo el control del Congreso, este instrumento pasa a ser más importante para el uso del poder. La designación por parte del oficialismo -con la composición que terminó el 10 de diciembre- de la comisión que aplica nueva ley de medios, genera un inevitable conflicto con la oposición, que se niega a avalarla. Lo mismo hace el Vicepresidente Julio Cobos, quien esta semana desconoce la integración de la comisión. El hecho ratifica una vez más la prioridad que el oficialismo sigue teniendo en el conflicto con el Grupo Clarín, el que tiene múltiples manifestaciones. Mientras el Gobierno avanza con nuevas denuncias contra la empresa Papel Prensa, desconocerá en los próximos días la fusión de las empresas de cable, intentará lograr que un grupo afín quede con el control de TELECOM y lanzará más medios oficiales e intentará que grupos empresarios oficialistas compren medios, pero la preocupación principal es que la Suprema Corte falle contra el Gobierno en la ley de medios.

Los conflictos que enfrentan Scioli y Macri son utilizados por el gobierno nacional para salir del centro de la escena y eludir críticas. El Jefe de Gabinete fue explícito al tomar distancia de la crisis de Gabinete que se ha precipitado en la provincia de Buenos Aires. Convergen en ella el conflicto por la inseguridad -en las movilizaciones que se realizan por el tema en el Gran Buenos Aires Cristina Kirchner es más criticada que Scioli- y la presión del gobierno nacional sobre el bonaerense para que se mantenga alineado políticamente. La salida del hermano del gobernador (José Scioli), que era su Jefe de Gabinete, fue precipitada por su oposición a la excesiva subordinación a Kirchner. En la Capital, mientras Macri intenta superar la crisis desatada por la Policía Metropolitana, la designación del nuevo ministro de Educación (Posee) abre un nuevo frente de conflicto, especialmente con los gremios docentes. Pero la movilización realizada el 9 de diciembre por el kirchnerismo y la izquierda contra el Jefe de Gobierno porteño tuvo escasa concurrencia, limitada a los militantes políticos y sociales. Mientras el oficialismo busca salir de la escena centrando el foco en los problemas de estos dos distritos, la presión de los gobernadores por más recursos se hace cada vez más fuerte. Seis provincias -incluida Buenos Aires- ya están pagando deudas con bonos, Córdoba hace pública su presión por más fondos amenazando con lanzar abiertamente una cuasimoneda y varias recurren a la Corte para que dicte un fallo sobre la coparticipación.

La movilización del campo realizada en Palermo puso en evidencia que este sector, aunque con menor poder de movilización, sigue siendo el eje de la oposición. Expresiones de la industria se hicieron presentes en el acto, confirmando el frente UIA-Comisión de Enlace recientemente creado. Las principales expresiones de la oposición política también estuvieron. La gente que concurrió fue mucho menos que el 15 de julio de 2008, pero también es cierto que ningún sector moviliza hoy mucho más. El oficialismo considera que el acto fue un fracaso y que las declaraciones del Presidente de la Sociedad Rural Argentina (Biolcatti), pidiendo la renuncia de Scioli por la inseguridad y las diferencias que muestra hoy la dirigencia del campo, han debilitado al sector. Por esta razón, se apresta a adoptar medidas en su contra, con un proyecto para regular el uso del suelo, la recreación de la Junta Nacional de Granos y una mayor presión impositiva. Como alternativa a esta movilización, el matrimonio Kirchner piensa asistir al acto que realiza el sindicato de camioneros el 15 de diciembre en el estadio de Vélez, en el cual se expresará el apoyo al Gobierno pero también al modelo de unidad sindical, cada días más amenazado por los fallos de la Corte a favor de la pluralidad en este ámbito.  

Pero el tema de la corrupción y las causas judiciales que está generando es un frente de conflicto central para el oficialismo. La causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, que tiene a su cargo el Juez Oyarbide -y colateralmente también la jueza Servini de Cubría-, es el test que pone a prueba hasta dónde el oficialismo mantiene el control sobre la justicia federal de primera instancia, siempre atenta a la evolución del contexto político. A ello se suma que el juez federal que lleva la causa contra ellos por asociación ilícita (Ercolini) por el uso irregular del fideicomiso con Venezuela, adoptó medidas procesales en los últimos días. El Congreso en su nueva composición puede crear una comisión que investigue denuncias, frente a la inacción de otras instancias como la Oficina Anticorrupción, virtualmente paralizada. Pero el Gobierno ve detrás de estas denuncias y las acciones judiciales que se están generando, la presión de los diarios como respuesta a la ley de medios y las otras acciones mencionadas que se tratan de implementar para someterlos. El último informe de Trasparencia Internacional sobre corrupción pone a la Argentina en el puesto 106 del mundo entre países africanos y en el lugar 13 en América Latina.