CHÁVEZ Y KIRCHNER EN UNA TEMBLADERA JUDICIAL

Soborno transnacional y actos de corrupción: el capitulo final del eje Buenos Aires-Caracas. 

Carlos Tortora

A partir de mañana, lo más probable es que el Juez Federal Julián Ercolini y el Fiscal Gerardo Policita le den un nueva dinámica a la causa que investiga si Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Uberti y otros funcionarios integraron una asociación ilícita. El sendero de las coimas -supuestamente del 15 al 20%- pagadas por empresarios argentinos para poder venderle a Venezuela en el marco del Fideicomiso Bandes, abre un espectro jurídico complejo.

Para empezar, en cuanto a su encuadre jurídico, concurren las figuras de la asociación ilícita (art. 210 Código Penal), cohecho (art. 256 CP), posible tráfico de influencias (art. 256 bis CP), contrabando (arts. 863, 864, inc. b), 865 C.A. Ley 22.415) y posible violación al régimen penal cambiario (Ley 19.359).

Cómo sería la operatoria de la corrupción

Tal cual se presenta hasta ahora el caso, la mecánica delictiva podría tener las siguientes características. En los casos de exportaciones hacia Venezuela -sobre todo de productos agropecuarios- pueden darse casi con certeza casos de subfacturación. Esto es, la declaración comprometida en la documentación aduanera por debajo del valor real. ¿Cómo se realiza en la práctica? Al declarar el exportador los valores ante la aduana de salida (Argentina) lo hace por un valor inferior al real. La diferencia coincide entonces con el monto de la coima. De este modo la conducta caería dentro de las previsiones del contrabando agravado (arts. 863, 864, inc. b) y art. 865 incs. f) y g) de la Ley 22.425, Código Aduanero).

También puede darse perfectamente una infracción al régimen penal cambiario (Ley 19.359) si se comprobara que -a través de un circuito informal- la brecha del precio real se pagó al exterior por la suma verdaderamente pactada. Para comprobar esto, Ercolini debería cruzar los valores declarados en ambas aduanas (argentina y venezolana).

Pero además debería orientar la investigación en punto a determinar cuál fue la pre financiación de la exportación pactada originalmente entre comprador y vendedor Y luego cruzar ese valor con el valor declarado en el permiso de embarque (exportación documentada ante la aduana argentina) y -a su vez- con el valor declarado en el documento de importación (aduana de destino, esto es, venezolana).

¿Asociación ilícita?

Pero sin duda que la cuestión central será determinar si esta matriz de corrupción responde a una clara unidad de designio o dolo unitario entre los actores argentinos y venezolanos. De ser así, correspondería el encuadre normativo de la asociación ilícita (art. 210 Código Penal), por cuanto resulta impensable un circuito armado exportador-importador de tales características sin el previo diseño de un esquema de organización criminal, estructuralmente pergeñando con niveles de liderazgo y organización para el logro de tal cometido.

El fuel oil

En el caso de la compra de fuel oil por parte de la Argentina (plaza importadora) a Venezuela (plaza exportadora-vendedora), puede darse un caso análogo al circuito exportador de productos agropecuarios; pero de metodología inversa en cuanto a la simulación del precio realmente pactado originalmente al convenir la operación. La forma de encubrir o simular un retorno (coima) es a través del artificio de la sub o de la sobre facturación (según sea el caso).

El otro actor jurídico que va a irrumpir en el caso es la Convención Interamericana sobre la Lucha Contra la Corrupción.

Las listas de los empresarios que habrian coimeado – por Alexis Di Capo

La investigación del juez federal Julián Ercolini, que inició Elisa Carrió denunciando a los Kirchner, De Vido y Zanini por asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, tomó nuevos rumbos a partir de la denuncia del ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous. Ahora el hilo conductor serían las coimas -del 15 al 20%- pagadas por empresarios argentinos para ingresar a la short list de las compras venezolanas. Todo en el marco del fideicomiso Bandes, integrado por los fondos que Argentina pagaba a Venezuela por la compra de gas oil, que eran destinados para compras a empresas argentinas. Gas Oil por maquinarias agrícolas, alimentos y tecnología fue la fórmula del entendimiento de Julio De Vido con el entonces canciller de Hugo Chávez, Ali Rodríguez.

Uno de los primeros convenios que se firmó fue el de los ascensores: Se firmó una carta de intención con el Ministerio de Industria Ligera y Comercio de Venezuela con pautas para la radicación en 6 meses de una planta industrial integral de ascensores. Se trata de una inversión de entre 15 millones y 30 millones en un plazo de 5 años. “Generará alrededor de 700 puestos de trabajo”, señaló entonces José Aizpum, presidente de Ascensores Servas. Un segundo acuerdo incluye la provisión de ascensores desde Argentina para los Ministerios de Defensa y Salud venezolano, a fin de suplir carencias en edificios públicos y hospitales. Aizpum y Servas integran hoy la lista de investigados por Ercolini.

La lista agrícola

Uno de los rubros principales de la trama de los vendedores seleccionados por De Vido y el ex titular del OCCOVI Claudio Uberti, es el de la maquinaria agrícola. Se rubricó entonces el primer tramo de una propuesta de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola para equipar a Venezuela, antes de septiembre de 2006, con 1000 tractores, 260 cosechadoras, 400 sembradoras, 600 rastros de discos, 320 pulverizadoras, 300 fertilizadoras, además de silos, toblas y secadores. De acuerdo con lo conversado por Hugo Chávez en un aparte de la IV Cumbre de las Américas, el acuerdo fue por 114 millones de dólares e incluirá la asistencia técnica del INTA. Según el presidente de la Cámara, Jorge Luis Medica, esa cifra se podría quintuplicar en el corto plazo, si así lo dispone el ministro de Agricultura y Tierra de Venezuela, Antonio Albarrán. Según información de fuentes venezolanas, estas compras se habrían ampliado en alrededor de otros U$S 150 millones a partir del 2007.

Los afortunados empresarios que ingresaron al mercado venezolano sin licitación ni competencia de ninguna clase conforman otra lista que próximamente Ercolini empezaría a investigar por la posible existencia de cohecho y tráfico de influencias.

En esta nómina estarían: HB Maquinarias (silos), la fábrica de ordeñadoras Omega Industrial Metalúrgica, Bounous Hnos., que fabrica motores diesel estacionarios, grupos electrógenos y torres de iluminación, Industrias General López, Peón cercas eléctricas), Surgente (molinos de viento) y, Cedar, (limpiadoras de semillas, zarandas y secadoras de granos). También estaría Berandebi, con sus secadoras para productos agrícolas, transportadoras, mezcladoras y molinos a martillo. FYB Sistemas, con un software para formulación de raciones al mínimo costo, el semillero Don Atilio, Crossio (bebederos para ganados) y F.H. Fernández Hnos. (camiones jaulas).

Cómo sigue

Guillermo Cabana y Eduardo Draletti, dos empresarios ganaderos que también le vendieron a Venezuela en el marco del fideicomiso, fueron los primeros en aparecer negando la existencia de coimas en las operaciones. Aunque recién empieza la compulsa de firmas y nombres, se estima que la lista de privilegiados vendedores a Venezuela alcanzaría a unos 200 hombres de negocios, distribuidos en distintos rubros. En la mayor parte de los casos, se trataría también de proveedores y contratistas del Estado Nacional y de algunas provincias gobernadas por el kirchnerismo.