CHILE DESTINA 1.200 MILLONES DE DOLARES A INFRAESTRUCTURA MILITAR Y RECONSTRUCCIÓN

*José Higuera

El gobierno chileno se propone destinar USD 1.200 millones de los excedentes acumulados de la Ley Reservada del Cobre (LRC) -que sólo pueden ser ocupados en la compra y renovación de equipamiento militar- en la reconstrucción recuperación de la infraestructura de las fuerzas armadas que resultó destruida y dañada por el terremoto y tsunami del pasado 27 de Febrero, así como el reforzamiento de la misma en lo referente a los sistemas de comunicaciones. La LRC, cuerpo legal cuyos orígenes se remontan a la década de los treinta del Siglo XX, establece que el 10 por ciento de los beneficios de las ventas de Cobre del consorcio estatal CODELCO sean destinadas exclusivamente a financiar adquisiciones de equipamiento militar. La iniciativa del presidente Sebastián Piñera se enmarca en el plan de financiamiento para la reconstrucción, anunciado por el primer mandatario chileno el pasado viernes, que contempla un uso "moderado y responsable de fondos ahorrados en el exterior, especialmente del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y el fondo generado por la LRC". El paquete de medidas anunciadas por Piñera incluye un alza de impuestos del 3 por ciento para las grandes empresas, un alza substancial de los royalties por explotación que deben pagar las empresas mineras y endeudamiento público. De la suma mencionada, USD 600 millones de los fondos acumulados de la LRC –cuyo fondo dispondría hoy de entre USD 3.600 y 3.800 millones- serán asignados por decreto a la reparación de la infraestructura militar dañada. Esos recursos serán empleados especialmente en la reconstrucción de la base naval de Talcahuano y la recuperación de las instalaciones del astillero naval ASMAR. Los restantes USD 600 millones, también provenientes de la LRC, serán empleados en trabajos de reconstrucción y otros fines, por lo que su uso deberá ser aprobado por el parlamento. El uso del segundo paquete de recursos incluirá, según fuentes en Santiago, la reconstrucción, el reforzamiento y la expansión de la infraestructura de seguridad pública representada por el Cuerpo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), así como la adquisición de una nueva red nacional de comunicaciones para uso de las autoridades y organismos de gobierno, las policías y las fuerzas armadas, que incluiría la compra de un satélite de comunicaciones. 

La LRC es un cuerpo legal cuyo origen se remonta a los años treinta del siglo XX, que en su forma actual –definida bajo el gobierno militar que encabezó el general Augusto Pinochet- destina el 10 por ciento de las ventas anuales de Cobre del consorcio minero estatal CODELCO a financiar las compras de material bélico. El aumento de la demanda y precio internacional del mencionado metal hizo que a partir del año 2003 se acumulasen importantes excedentes derivados de la mencionada ley, pese a que también se financiaron importantes programas de modernización del equipamiento de las fuerzas armadas chilenas. Dando cumplimiento tardío a una de sus promesas, la ex presidenta Michelle Bachelet envió a fines del 2009 un proyecto de ley para derogar la LRC, pero la tramitación de esa iniciativa legislativa ha registrado escaso avance. Distintos analistas y observadores han cuestionado la calidad del proyecto, que no cubriría adecuadamente las necesidades financieras de las fuerzas armadas, planteando que el nuevo gobierno debería elaborar uno nuevo.

El ministro de Defensa de Chile, Sr. Jaime Ravinet, se refirió a las declaraciones del canciller peruano, Sr José Antonio García Belaunde, quien reiteró sus críticas por el gasto militar de Chile, advirtiendo que "incita a una carrera armamentista en la región". Si bien indicó que no le corresponde hacerse cargo de esas expresiones, el ministro afirmó que "Chile no está en ninguna carrera armamentista…No tiene aspiraciones territoriales de ningún tipo, y dentro de nuestra soberanía debemos tener Fuerzas Armadas preparadas con capacidad disuasiva, y dentro de ello somos muy transparentes en lo que hacemos, por tanto, no nos corresponde entrar en polémica con un país hermano". Asimismo, el presidente de la comisión de Defensa del Senado, Patricio Walker (DC), rechazó las palabras del jefe de la diplomacia peruana, señalando que “es una majadería y no se ajusta a la verdad…Tenemos una política de defensa disuasiva, no tenemos reclamos pendientes, por tanto, las compras militares de las Fuerzas Armadas se hacen para defender la integridad de Chile". Walker añadió que respalda al gobierno en sus lineamientos, y que la comisión que preside da “fe que se ha desarrollado una política adecuada y que el país no está en una carrera armamentista". Mientras, el ex presidente Ricardo Lagos, que gobernó Chile en el periodo 2000-2006, subrayó que su país “tiene una política muy transparente" en materia de defensa. "No hay ninguna carrera de armas por parte de Chile", acotó. Sin embargo, bajo la administración de Lagos se renovó la casi totalidad de la flota de superficie de la marina chilena, para lo cual se adquirieron ocho fragatas de segunda mano a Holanda y el Reino Unido. En el mismo periodo Chile también compró 28 aviones de combate F-16 nuevos y de segunda mano a Estados Unidos y Holanda; y 120 tanques pesados LEOPARD 2 A4 de segunda mano a Alemania, entre otros equipos militares.