El gobierno argentino expresó el miércoles su determinación de que los responsables del atentado terrorista a la embajada de Israel en Buenos Aires reciban su castigo y cuestionó que Irán se niegue a colaborar con la justicia, al cumplirse el 18 aniversario del ataque.
El canciller Jorge Taiana afirmó que el gobierno "seguirá insistiendo en todas las instancias que sean necesarias" para esclarecer el hecho y, en ese sentido, criticó la "intransigencia iraní" de negarse a colaborar con la justicia argentina durante el acto de conmemoración del atentado que causó la muerte de 29 personas.
"La Argentina nunca cejará en su empeño para que sean juzgados" los culpables, dijo Taiana.
En la ceremonia que tuvo lugar en la plaza donde se erigía la embajada, estuvo presente el ministro de Seguridad Interna de Israel, Yitzhak Aharonovitch; el embajador israelí en Argentina, Daniel Gazit, miembros del gabinete nacional y representantes de la comunidad judía.
Aharonovitch sostuvo que los mismos asesinos que atentaron contra la embajada "siguen atentando también hoy, no sólo contra el pueblo judío sino contra ciudadanos inocentes en todo el mundo". El 17 de marzo de 1992 una bomba destruyó el edificio de la sede diplomática israelí en Buenos Aires. En la voladura de la sede diplomática se apunta como responsable a la organización terrorista islámica Hezbollah, con el apoyo de Irán. Pero el gobierno de Teherán ha atribuido las sospechas contra su país a una campaña promovida por Israel y Estados Unidos. Nadie ha sido detenido por el atentado contra la embajada, pese a que por la causa han desfilado cientos de testigos. Otra bomba destruyó en 1994 la mutual judía en Buenos Aires, AMIA, causando 85 muertos. La justicia argentina pidió la detención del ex Presidente iraní Alí Rafsanjani y varios ex ministros, ex miembros de la embajada iraní en Buenos Aires y antiguos jefes de los Guardianes de la Revolución, así como un jefe de seguridad de Hezbollah en 1994. Irán niega las acusaciones y se niega a colaborar con las investigaciones y la justicia argentina.
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