Ministerio Público local pidió datos a Registro Civil y Dicom para chequear identidades de supuestos contactos de espía. Los resultados serán entregados el lunes por el ente persecutor a la Cancillería, para que ésta los remita a Perú.
Altas fuentes del Ministerio Público descartaron que ese organismo decida abrir una investigación o que se designe a un fiscal para indagar el supuesto espionaje denunciado por el gobierno de Alan García.
El requerimiento de la fiscalía limeña fue entregado la semana pasada a la Cancillería de Chile por el embajador de Perú, Carlos Pareja. Y el martes último, el diplomático recibió la respuesta: los antecedentes habían sido derivados al Ministerio Público, mientras que Chile ofrecía su "total y plena disposición a cooperar con la mayor diligencia".
La reacción chilena fue celebrada en Lima, equivocadamente en forma triunfalista donde se hablaba de "judicialización" del caso. De hecho, al estallar el impasse en noviembre, las autoridades peruanas habían pedido con insistencia a Chile una "investigación". La Moneda, sin embargo, sólo aceptó hacer un "cuidadoso estudio" de los antecedentes, sin enviarlos a la justicia.
Ahora, según explican en el Ministerio Público, los abogados de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex) -repartición que recibió el documento enviado desde Lima- pidieron antecedentes al Registro Civil y a Dicom, y chequearon información en otras reparticiones públicas, lo que no incluyó a los ministerios.
El objetivo era responder la principal solicitud peruana: esclarecer las identidades de Víctor Vergara y Daniel Márquez Torrealba. Ambos nombres fueron entregados por el suboficial de la Fuerza Aérea peruana, Víctor Ariza, quien los sindicó como sus contactos chilenos para enviar información militar confidencial peruana a cambio de pagos en dólares.
Además, agregan las fuentes, en la fiscalía dicen que en Chile no hubo actividades ilícitas relacionadas con el presunto espionaje, revelación de secreto y asociación ilícita, delitos por lo que se encuentra imputado Ariza en Lima, por lo que no es posible comenzar una investigación en Chile. El supuesto delito se cometió en Perú.
Los resultados serán entregados el lunes por el ente persecutor a la Cancillería, para que ésta los remita a Perú.
El requerimiento peruano de colaboración se realizó en virtud de la "Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal", suscrita por ambos países.
En ella, los estados "se comprometen a brindarse asistencia mutua en materia penal", incluso si "el hecho que la origine no sea punible, según la legislación del Estado requerido".
Con todo, el diputado Iván Moreira (UDI) criticó que el Gobierno enviara los antecedentes a la Fiscalía. "Esto sienta un precedente peligroso, pues en el contexto de la demanda en La Haya, Perú puede volver a inventar casos como éste y buscar involucrar a la justicia chilena", dijo el parlamentario.
Una opinión diferente expresó el senador Hernán Larraín (UDI), quien sostuvo que lo correcto fue dejar que las instituciones funcionen: "Debe haber tranquilidad. La justicia desechará cualquier cargo inexistente".
En ese contexto, el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones, Jorge Chocair, dijo que la materialización de una respuesta se produce por la obligación de cumplir el pacto internacional suscrito. "Estamos prácticamente todas las semanas realizando operaciones de narcotráfico con la fiscalía peruana. Tenemos relaciones muy fluidas, y el 40% de nuestros requerimientos de asistencia penal provienen de Perú. Éste es uno más", explicó.
Ayer, en tanto, el ministro de Justicia de Perú, Aurelio Pastor, valoró que Chile hubiera acogido el requerimiento de la Fiscalía de su país para que el Ministerio Público en Santiago cooperara con la investigación del supuesto espionaje.
Pastor, incluso, llegó a manifestar equivocadamente que "esperamos un compromiso de investigarse, que identifique a los responsables y los sancione. Estamos seguros de que eso va a suceder".
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