“Chávez regala petróleo al Caribe, le acaba de dar 170 ambulancias a Bolivia, compra armas a Rusia… Y mira cómo tiene a estos viejitos… Sin cobrar su pensión. Algunos viven una situación dramática. Los están echando de sus casas. No tienen para comer”.
La frase puede resultar demagoga, pero es la más gráfica que encuentran los venezolanos en España para describir la situación de los 3.000 pensionistas (según sus cálculos) que llevan nueve meses sin percibir un euro de los casi 300 mensuales que deberían llegarles desde Caracas. La frase es del político José Moisés Fernández Varela (representante en Canarias del partido del opositor Manuel Rosales), pero la repite cada uno de los jubilados que no cobra desde febrero.
Son venezolanos residentes en España y españoles que trabajaron en Venezuela y han regresado a España Ahora resulta que después de décadas cotizando al otro lado del Atlántico, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales(IVSS) ha congelado sus pensiones.
¿El motivo? “El cambio de personal que se produjo en febrero en el departamento de pensiones al exterior. Chávez metió a los camisas rojas y les están tomando el pelo a los ancianos. Les dicen que no han enviado los documentos necesarios para cobrar, pero no es cierto. Todos han mandado sus fes de vida a través de los consulados o de mensajerías privadas, pero la dejadez de los consulados es brutal”, explica Fernández a ABC.es. "A esto se une el resentimiento por parte del gobierno porque los venezolanos en España no quieren a Chávez en el poder”.
Piden ayuda al gobierno español
Los pensionistas se están organizando para intentar poner fin a esta situación. Todos se quejan de la negligencia, juran que han enviado sus documentos, pero que nadie ha abierto esos sobres. Y piden al gobierno español que intervenga en virtud del convenio de seguridad social firmado por ambos países en 1988, que reza: “las pensiones no estarán sujetas a suspensión o retención por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de la otra parte”.
La mayoría de estos pensionistas vive en Canarias, Galicia, Madrid y Andalucía. “El silencio es lo que más nos duele. Algunos están pasando mucha miseria por no cobrar lo que es nuestro”, subraya desde Tenerife Fernando G. Ni este canario de 70 años ni su mujer cobran la pensión desde febrero. “La irregularidad en los ingresos siempre ha sido la tónica, pero esta vez es demasiado. Son nueve meses. Ya está bien”.
Fernando llegó a Venezuela a los 15 años. Allí trabajó como agente de seguros en una subsidiaria de AIG. Su mujer regentaba una tienda de ropa en Caracas. Los dos regresaron a Canarias en el 2000 y ahora viven de alquilar un par de apartamentos que compraron con los ahorros de toda la vida. Pero de sus pensiones, ni un euro. “He visto situaciones trágicas en el consulado. Gente que se ha quedado sin casa y sobrevive gracias a los comedores sociales”.
«Promesas rotas»
La nueva responsable venezolana de las pensiones al exterior, Carmen Arboleda, viajó a España en julio y prometió que en 15 días empezarían a cobrar. No ha sido así. “Todo son promesas rotas”, lamenta Francisco M., de 62 años, exiliado junto a sus padres cuando huyeron del franquismo. En 1999 volvió a Tenerife tras 37 años de trabajo en Caracas con la promesa de que él y su mujer cobrarían unos 600 euros mensuales. Enfermo del corazón, su angustia es “total”. “Chávez me quitó una finca, me congeló las cuentas en el 2001 y ahora no nos da la pensión. Sólo contamos con la ayuda de mi hermana desde EE.UU. Si no viviera en España, estaría muerto o en la cárcel”, apunta este hombre que distribuyó productos de cosmética en sus años jóvenes.
También Rafael Palma y M.E.G., ambos venezolanos residentes en Madrid, se preguntan por qué el Banco Santander (donde el IVSS tiene su cuenta matriz para las pensiones al exterior) no hace efectivos los pagos. Él, oftalmólogo de 64 años, llegó a España en 2007 para trabajar en un hospital de Albacete, lleva meses en paro y no tiene cómo pagar los 600 euros de alquiler que debería cubrir con su pensión de vejez venezolana. "Estoy desesperado", confiesa. Ella, de 61 años y catedrática de Derecho en una universidad caraqueña, se niega a volver a su país “porque allí no hay seguridad personal, ni política, ni jurídica. ¿Cómo voy a ejercer la abogacía si no hay garantías? Para que se hagan una idea, en Caracas hay entre 30 y 50 asesinatos cada fin de semana”, dice sobre la segunda ciudad más peligrosa del mundo, después de Ciudad Juárez.
Ni la embajada de Venezuela en Madrid ni el consulado en Tenerife han respondido a las preguntas. Desde el Banco Santander insisten en que es su cliente, el IVSS, quien debe dar la orden de pago. “Todo se hace desde Venezuela. Tienen que enviar las remesas para hacer efectivos los ingresos y la razón que nos dan es que los pensionistas no han enviado los documentos necesarios”, explican desde el Santander.
¿Conclusión? “Las autoridades venezolanas se burlan de nostros, nos mienten”, denuncian. “Y nos destrozan la vida con su indiferencia”.
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