El convenio ha generado duras críticas y tensiones con varios países sudamericanos, encabezados por Venezuela.
Mientras los firmantes aseguran que se trata de un acuerdo para combatir el narcotráfico y el "terrorismo" dentro de las fronteras de Colombia, Caracas insiste en que todo forma parte de una ofensiva contra el gobierno izquierdista del presidente Hugo Chávez.
La profesora Arlene Tickner, de la Universidad de los Andes, cree que la firma del convenio militar "es preocupante".
"Regionalmente, el acuerdo seguirá siendo un combustible para el deterioro de las relaciones de Colombia con algunas de sus contrapartes en la región", le comentó Tickner a BBC Mundo.
La firma, que amplía un acuerdo suscrito hace diez años y que dio origen a la estrategia antidroga conocida como Plan Colombia, ocurrió al término de una semana en la que las relaciones entre Bogotá y Caracas volvieron a deteriorarse.
El nuevo acuerdo permitirá la presencia de hasta 800 militares de Estados Unidos, además de contratistas civiles, que podrán utilizar siete bases aéreas y navales colombianas, en las que Washington hará inversiones e instalará equipos militares y de inteligencia.
El pacto implica que desde Colombia se desarrollarán varias de las operaciones antinarcóticos que antes se hacían en la base militar de Manta, en Ecuador, que hasta hace poco operaba Estados Unidos.
Costos y ganancias
El analista militar Armando Borrero le dijo a BBC Mundo que "se trata de un acuerdo que, por un lado, ha significado un alto costo para Colombia –por los reparos de los vecinos–, pero que, por otro, implica una ganancia en seguridad nacional, en términos de capacidad disuasiva".
"Colombia gana porque no tiene que meterse a una carrera armamentista como la que hay en la región", añadió Borrero, ex consejero presidencial para la defensa y la seguridad nacional.
Según el experto, en vista de que el Consejo de Defensa Suramericano "es débil e incapaz de garantizar una seguridad colectiva", Colombia "tiene que suscribir este acuerdo con Estados Unidos".
"Cooperación técnica"
El presidente de la Cámara de Representantes, Edgar Gómez, no tiene reparos sobre el convenio.
"Creemos y sentimos que hay necesidad de cooperación técnica, con el único propósito de combatir el terrorismo", dijo Gómez después de reunirse con el canciller, Jaime Bermúdez.
Sin embargo, la polémica revivió por cuenta del anuncio del embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, quien dijo que, antes de entrar en vigencia, el acuerdo tendrá que ser aprobado por los comités de asuntos internacionales del Congreso de su país.
La analista internacional Sandra Borda cree que éste es un obstáculo inesperado, pues "el convenio se comenzó a negociar en la administración Bush y ahora los demócratas dominan el Congreso estadounidense".
"El panorama político hoy es diferente y no será tan fácil la aprobación en Washington, como se lo están imaginando en el gobierno colombiano", le dijo Borda a BBC Mundo.
Las afirmaciones de Brownfield se produjeron después de que el gobierno de Uribe adelantara que el acuerdo no será sometido a la aprobación del Congreso de Colombia, como lo recomendó el Consejo de Estado.
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