*Leopoldo Decamilli
Mucha gente en Europa tiende a contemplar los acontecimientos políticos de los países del Tercer Mundo a través de la lupa de la sensibilidad romántica. Así, las inclinaciones dictatoriales de muchos de sus dirigentes políticos son benévolamente toleradas, como presunto precio para conseguir el progreso de las regiones menos desarrolladas del mundo. No caen en la cuenta de que esta manera de considerar las cosas es el resultado de un grave prejuicio, a saber, que dichos continentes y países son incapaces de organizar por sí mismos su vida, con dignidad y libremente, por lo que es menester que sean conducidos como minusválidos hacia el futuro.
Un buen ejemplo de esta mentalidad es Venezuela. Apareció allí, hace ya algún tiempo, un militar que intentó alguna vez conquistar el poder mediante un golpe de Estado; que cree que sabe cantar y que matiza sus interminables discursos con burdas bufonadas. ¡Un típico político tropical! Este militar jura que su único afán es ayudar a los desheredados, a los pobres. Esto basta para disculpar sus tropezones y sus frecuentes violaciones a los principios del Estado de Derecho.
El teniente coronel Chávez, con vocación de Presidente vitalicio de Venezuela, fue durante mucho tiempo el niño mimado de mucha gente en Europa. Sólo ahora, después de muchas experiencias negativas, empiezan a disiparse las nubes y a apreciarse que el señor Chávez no es otra cosa que un terrible dictador, quien, a pesar de contar con la inmensa riqueza del petróleo, está llevando al país a la ruina económica, a la miseria social y a un Estado totalitario.
La decepción ha tardado mucho tiempo en llegar, demasiado tal vez para poder detener el proceso sin fuertes conmociones y sangrientos choques.
La última hazaña de Chávez es la supresión total de la libertad de información, que funcionaba todavía con duras limitaciones.
Chávez está convencido de que sólo lo que él dice y dispone corresponde a la verdad. Por eso, para él, toda opinión divergente es considerada como perjudicial y aún como un atentado contra la seguridad de la nación.
En la reglamentación de la libertad de información trabaja desde hace mucho tiempo. Existe ya una ley —en lenguaje popular conocida como “Ley mordaza”— que castiga con severas penas a aquéllos que “vilipendian” a los representantes del Estado. En base a esa ley fueron perseguidos y juzgados numerosos órganos de prensa y periodistas. Una de las estaciones de televisión más populares de Venezuela (RCTV) fue primeramente amonestada con atroces multas y finalmente clausurada. El Gobierno se apoderó sencillamente de todas sus instalaciones, sin ninguna indemnización. El proceso de destrucción de la libertad de información sigue ahora adelante. El Gobierno ordenó a la Asamblea Nacional la aprobación de una nueva ley, la “Ley especial de delitos mediáticos”, para combatir “nuevas formas de criminalidad surgidas de los medios”, según la exposición del fiscal Ortega ante los miembros del parlamento. La nueva ley faculta a las autoridades gubernamentales examinar si las noticias y comentarios coinciden con la legalidad del proceso revolucionario. Los medios de comunicación social que “deformen” los hechos o propaguen “alarma o sentimientos de miedo” pueden ser sancionados con el cierre de la emisora y los autores de tales comentarios condenados a penas de prisión que llegan hasta los 25 años de carcel.
El último canal de televisión independiente, Globovisión, fue ya repetidamente amenazado de procederse a su clausura. Hordas gubernamentales, entretanto, atacaron sus dependencias con armas y gases lacrimógenos. 34 estaciones radiales y de televisión fueron ya cerradas. A 250 más les espera igual suerte.
Todo esto, según el Gobierno, está al servicio de “la regulación de la libertad”, o sea, más correctamente, al servicio de la supresión de la libertad de información.
De ahora en adelante en Venezuela se tendrá la felicidad de escuchar solamente la voz infalible del amo. Con lo cual, también en este terreno la democracia desaparece.
Uno se pregunta consternado dónde están las voces diligentes de los defensores del Estado de Derecho de la Organización de Estados de América (OEA). ¿Por qué se hacen cómplices, con su silencio, de estas medidas claramente atentatorias de las libertades democráticas?
Un buen ejemplo de esta mentalidad es Venezuela. Apareció allí, hace ya algún tiempo, un militar que intentó alguna vez conquistar el poder mediante un golpe de Estado; que cree que sabe cantar y que matiza sus interminables discursos con burdas bufonadas. ¡Un típico político tropical! Este militar jura que su único afán es ayudar a los desheredados, a los pobres. Esto basta para disculpar sus tropezones y sus frecuentes violaciones a los principios del Estado de Derecho.
El teniente coronel Chávez, con vocación de Presidente vitalicio de Venezuela, fue durante mucho tiempo el niño mimado de mucha gente en Europa. Sólo ahora, después de muchas experiencias negativas, empiezan a disiparse las nubes y a apreciarse que el señor Chávez no es otra cosa que un terrible dictador, quien, a pesar de contar con la inmensa riqueza del petróleo, está llevando al país a la ruina económica, a la miseria social y a un Estado totalitario.
La decepción ha tardado mucho tiempo en llegar, demasiado tal vez para poder detener el proceso sin fuertes conmociones y sangrientos choques.
La última hazaña de Chávez es la supresión total de la libertad de información, que funcionaba todavía con duras limitaciones.
Chávez está convencido de que sólo lo que él dice y dispone corresponde a la verdad. Por eso, para él, toda opinión divergente es considerada como perjudicial y aún como un atentado contra la seguridad de la nación.
En la reglamentación de la libertad de información trabaja desde hace mucho tiempo. Existe ya una ley —en lenguaje popular conocida como “Ley mordaza”— que castiga con severas penas a aquéllos que “vilipendian” a los representantes del Estado. En base a esa ley fueron perseguidos y juzgados numerosos órganos de prensa y periodistas. Una de las estaciones de televisión más populares de Venezuela (RCTV) fue primeramente amonestada con atroces multas y finalmente clausurada. El Gobierno se apoderó sencillamente de todas sus instalaciones, sin ninguna indemnización. El proceso de destrucción de la libertad de información sigue ahora adelante. El Gobierno ordenó a la Asamblea Nacional la aprobación de una nueva ley, la “Ley especial de delitos mediáticos”, para combatir “nuevas formas de criminalidad surgidas de los medios”, según la exposición del fiscal Ortega ante los miembros del parlamento. La nueva ley faculta a las autoridades gubernamentales examinar si las noticias y comentarios coinciden con la legalidad del proceso revolucionario. Los medios de comunicación social que “deformen” los hechos o propaguen “alarma o sentimientos de miedo” pueden ser sancionados con el cierre de la emisora y los autores de tales comentarios condenados a penas de prisión que llegan hasta los 25 años de carcel.
El último canal de televisión independiente, Globovisión, fue ya repetidamente amenazado de procederse a su clausura. Hordas gubernamentales, entretanto, atacaron sus dependencias con armas y gases lacrimógenos. 34 estaciones radiales y de televisión fueron ya cerradas. A 250 más les espera igual suerte.
Todo esto, según el Gobierno, está al servicio de “la regulación de la libertad”, o sea, más correctamente, al servicio de la supresión de la libertad de información.
De ahora en adelante en Venezuela se tendrá la felicidad de escuchar solamente la voz infalible del amo. Con lo cual, también en este terreno la democracia desaparece.
Uno se pregunta consternado dónde están las voces diligentes de los defensores del Estado de Derecho de la Organización de Estados de América (OEA). ¿Por qué se hacen cómplices, con su silencio, de estas medidas claramente atentatorias de las libertades democráticas?
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