La máxima instancia judicial de Honduras afirmó hoy que el derrocado Presidente hondureño Manuel Zelaya debe enfrentar los tribunales en caso de retornar al país, en respuesta al Acuerdo de San José propuesto por el Presidente costarricense, Oscar Arias, para resolver la crisis política.
La Corte Suprema de Justicia hizo llegar sus observaciones a la Presidencia de Honduras, que interinamente ejerce Roberto Micheletti, en torno al referido documento.
El documento indica que el Acuerdo San José plantea el retorno de Zelaya a la Presidencia de Honduras, pero destaca que "mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal".
La Fiscalía general de Honduras acusó a Zelaya de varios delitos y un tribunal aceptó juzgarlo por traición a la patria y corrupción.
Asimismo, el estudio de la instancia judicial señala, en cuanto al retorno de los poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio, que sólo puede darse en el "respeto a la legalidad y el control jurídico".
Destaca también en cuanto al control de las Fuerzas Armadas, que el acuerdo establece su traslado al Tribunal Supremo Electoral, que la legislación prevé su traspaso un mes antes de las elecciones generales, pero que a pesar de ello la Constitución Política hondureña establece que es el presidente quien debe seguir "ejerciendo el mando directo" sobre el cuerpo militar
La Corte Suprema de Justicia hizo llegar sus observaciones a la Presidencia de Honduras, que interinamente ejerce Roberto Micheletti, en torno al referido documento.
El documento indica que el Acuerdo San José plantea el retorno de Zelaya a la Presidencia de Honduras, pero destaca que "mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal".
La Fiscalía general de Honduras acusó a Zelaya de varios delitos y un tribunal aceptó juzgarlo por traición a la patria y corrupción.
Asimismo, el estudio de la instancia judicial señala, en cuanto al retorno de los poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio, que sólo puede darse en el "respeto a la legalidad y el control jurídico".
Destaca también en cuanto al control de las Fuerzas Armadas, que el acuerdo establece su traslado al Tribunal Supremo Electoral, que la legislación prevé su traspaso un mes antes de las elecciones generales, pero que a pesar de ello la Constitución Política hondureña establece que es el presidente quien debe seguir "ejerciendo el mando directo" sobre el cuerpo militar
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