PARADA MILITAR BICENTENARIO EJERCITO DE CHILE 2010

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REPORTAJES ESPECIALES E INFORMACIÓN ADICIONAL

miércoles, 19 de enero de 2011

EX MINISTRO DE DEFENSA DE GOBIERNO DE LA CONCERTACION IMPLICADO EN NUEVAS IRREGULARIDADES

La Contraloría General de la República de Chile inició varios sumarios administrativos en la Universidad de Chile que apuntan a uno de los proyectos emblemáticos de la casa de estudios, donde se invirtieron más de $ 1.600 millones de pesos.

*Jorge Molina Sanhueza
Se trata de la “fallida” construcción -como lo califica el organismo fiscalizador- del Parque Científico y Tecnológico en la Laguna Carén, tarea que le fue encomendada a la Fundación Valle Lo Aguirre.
Esta última es dirigida por el ex ministro de Defensa durante el gobierno de la Concertación de Patricio Aylwin, Patricio Rojas, quien es investigado por el pago de coimas en la compra de aviones de combate Mirage Elkan, proceso que es sustancido por el ministro en visita Omar Astudillo.
La decisión de la entidad revisora quedó plasmada en el último informe sobre Auditoría Integral Aleatoria, donde en más de 150 páginas se revelan una serie de irregularidades y desórdenes administrativos en la casa de estudios.
La Fundación Valle Lo Aguirre aparece ligada al caso Mirage, debido a que Patricio Rojas, estuvo vinculado con su empresa CEES a la primera.
CEES en tanto, fue la sociedad donde Rojas, junto al general de la FACH, Ramón Vega, recibieron los pagos de “comisiones” por la adquisición de las aeronaves y vendían estudios al Ministerio de Defensa, algunos de ellos repetidos, de acuerdo a una investigación de Ciper Chile. El documento de Contraloría también cuestionó que la universidad no haya usado fondos por más de $ 2 mil millones entregados por la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) para implementar la Red Sismológica Nacional. Otro sumario apunta a establecer las razones del endeudamiento en la casa de estudios
La casa de Bello, Universidad de Chile,  recientemente recibió un golpe judicial de parte del Consejo para la Transparencia, refrendado por la Corte de Apelaciones de Santiago que la obligó a revelar los sueldos de los académicos y del propio rector Víctor Pérez.