Corrupción transversal involucra a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los gobiernos provinciales, los entes reguladores y al sistema financiero público y privado
Con alusiones explícitas a la impunidad de la corrupción local y al asilo de un terrorista chileno, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió ayer reclamar a la Argentina que demuestre "con urgencia" su compromiso con la lucha anti-lavado en un plazo perentorio de poco más de 100 días.
El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Fue establecido en 1989 por el G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña y los EEUU) y en abril de 1990 dio a conocer sus Cuarenta Recomendaciones, que proveen un diseño de la acción necesaria para luchar contra la actividad criminal, nacional e internacional, como actividades ilícitas relacionadas al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y su utilización posterior en el financiamiento de redes terroristas locales o globales. Las mismas fueron revisadas en 1996 y reformuladas sustancialmente en 2003 para reflejar los cambios en las tendencias del lavado de dinero y anticipar futuras amenazas. En 2001, se emitieron las 8 Recomendaciones Especiales para combatir el Financiamiento del Terrorismo, que fueron complementadas en octubre de 2004 con la emisión de la 9º recomendación especial referida al movimiento transfronterizo de efectivo.
Fue establecido en 1989 por el G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña y los EEUU) y en abril de 1990 dio a conocer sus Cuarenta Recomendaciones, que proveen un diseño de la acción necesaria para luchar contra la actividad criminal, nacional e internacional, como actividades ilícitas relacionadas al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y su utilización posterior en el financiamiento de redes terroristas locales o globales. Las mismas fueron revisadas en 1996 y reformuladas sustancialmente en 2003 para reflejar los cambios en las tendencias del lavado de dinero y anticipar futuras amenazas. En 2001, se emitieron las 8 Recomendaciones Especiales para combatir el Financiamiento del Terrorismo, que fueron complementadas en octubre de 2004 con la emisión de la 9º recomendación especial referida al movimiento transfronterizo de efectivo.
La sede del organismo está en París, y su estructura incluye Grupos de Trabajo y Plenario. En los Grupos de Trabajo se encuentra el de Tipologías, Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, entre otros.
El GAFI emite recomendaciones, evaluaciones mutuas de países, “follow up” seguimientos, y sanciones; además de proveer capacitación para sus miembros.
De no hacerlo Argentina, ingresará en un proceso que podría llevarla a la lista "gris" de países bajo la lupa, con graves consecuencias financieras y bancarias.
La decisión del plenario del GAFI, confirmada por tres fuentes, terminó de darle forma al documento más crítico sobre un Estado miembro del grupo desde su creación, en 1989, ya que otros países que figuran dentro de su peor lista, la "negra" (es el caso de Irán), no lo integran.
El ministro de Justicia, Julio Alak, admitió en un comunicado que la Argentina "ha ingresado en un procedimiento de revisión y ha recibido recomendaciones para fortalecer urgentemente el sistema de control y sanción de lavado".
El informe resultó mucho más duro de lo previsto por los funcionarios argentinos, que habían viajado a París -donde el plenario debatirá hasta hoy- con la esperanza de morigerar algunos de sus contenidos más negativos. Pero lejos de mejorar algunas calificaciones, el GAFI ratificó todas las notas de la misión de expertos internacionales que visitaros el país entre 2009 y principios de 2010. Incluso empeoró una de las evaluaciones.
Reciente asilo político otorgado al guerrillero Galvarino Apablaza se tomo como prueba de la discutible cooperación de Argentina en la lucha contra el terrorismo internacional
El reclamo "involucra a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los gobiernos provinciales, los entes reguladores y al sistema financiero público y privado", según reconoció Alak.
Durante el debate en París del "caso argentino", la discusión abordó incluso ejes inesperados para la Casa Rosada. Entre otros, se aludió al reciente asilo político otorgado al guerrillero Galvarino Apablaza como "prueba de la discutible cooperación de la Argentina en la lucha contra el terrorismo internacional", otro eje bajo la órbita del GAFI.
"Los argentinos se hundieron solos", graficó una fuente. "La decisión del asilo fue muy criticada porque resultó poco inteligente. Al menos podrían haber esperado dos o tres semanas más y comunicarla después del plenario del GAFI", argumentó.
En el informe final sobre la Argentina, que podría difundirse hoy, se alude a otro frente abierto de la clase política y empresaria local: la corrupción. Apoyado en informes de organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la evaluación para Argentina remarca la impunidad existente en este tipo de delitos.
Tras la aprobación del reporte, el debate en París pasó a centrarse sobre qué medidas adoptar con la Argentina, con dos vertientes. La primera, someter sin más demoras al país al Grupo de Revisión de Cooperación Internacional ("ICRG", en inglés) que podía desembocar en breve en su ingreso en la "lista gris".
La segunda opción -la que terminó por aprobarse-, consistió en darle plazo hasta febrero próximo para que el Estado argentino demuestre su voluntad de cambio y, si no, someterlo entonces a ese proceso más intenso y duro de revisión del ICRG.
"Con urgencia"
A cambio de adoptar el camino más largo, sin embargo, el coordinador nacional de la Argentina ante el GAFI, Alejandro Strega, aceptó que se envíe una carta a Buenos Aires -en rigor, un emplazamiento formal para ese proceso de revisión-, para que el Gobierno ajuste "con urgencia" el sistema local a las 49 recomendaciones del Grupo.
Ese acoplamiento de la Argentina a las exigencias del GAFI, sin embargo, representará un desafío mayúsculo para el país. Entre otros motivos, porque deberían negociarse y aprobarse en el Congreso varios proyectos de ley, por ejemplo, de reorganización de la polémica Unidad de Información Financiera (UIF).
Tanto Strega como el actual titular de la UIF, José Sbattella, sólo obtuvieron un pequeño logro: al analizar el cumplimiento de la "recomendación 29". La misión estimó que la UIF carece de facultades legales para llevar adelante inspecciones. Ante el planteo de que eso podría sustentar las impugnaciones de bancos u otros sujetos bajo revisión, el plenario aceptó cambiarla por una expresión más ambigua, sin concluir si la Unidad cuenta con esa facultad.
El saldo final, sin embargo, resultó peor para la delegación argentina. Al llegar a París, el borrador sobre el país registraba dos recomendaciones como "cumplidas", dos "mayormente cumplidas", 22 "parcialmente cumplidas" y las 20 restantes "no cumplidas", según consta en el informe que obtuvo el periódico argentino LA NACION. Pero tras el debate, el plenario bajó la calificación en la "recomendación N° 10", que aborda la "guarda de documentación". Pasó de "mayormente cumplida" a sólo "parcialmente cumplida".
"La Argentina quedó ahora como el país con peores calificaciones entre todos los miembros del GAFI", destacó el ex coordinador nacional, Juan Félix Marteau.
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