El conflicto mapuche ya ha opacado las celebraciones del Bicentenario y puede convertirse en un dolor de cabeza permanente para el gobierno de Sebastián Piñera. Pero también amenaza con ser una dañina sombra para el legado de la Concertación.
*Patricio Navia es profesor asistente adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos de New York University y profesor de ciencia política del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Sus áreas de investigación son las leyes electorales, partidos políticos y elecciones en América Latina. Ha escrito artículos relacionados con el diseño institucional y la consolidación democrática. Ha publicado artículos en Comparative Political Studies, Journal of Democracy, Democratization y Social Science Quarterly. También tiene diversos capítulos en libros editados sobre política de Chile y América Latina. En español, ha publicado artículos en Estudios Públicos, Revista de Ciencia Política, Perspectivas, Política y Gobierno (México), y Anuario FLACSO. Es autor del libro Las grandes alamedas. El Chile post Pinochet (2004). Además, Es columnista en el diario La Tercera y la revista Capital en Chile.En la Universidad Diego Portales, enseña cursos sobre política de América Latina, sistemas electorales y sistemas de partidos y modelos formales de la ciencia política.
Es verdad que la exclusión del pueblo mapuche no es un resultado de las políticas de los gobiernos de esa coalición. Pero también es cierto que la Concertación no puede sumar a sus muchos logros el haber solucionado el problema de exclusión que afecta a un número desproporcionadamente alto de representantes de los pueblos originarios. Ya que la Concertación nunca pareció dimensionar adecuadamente el problema, ofreció soluciones insuficientes que tendían a reducir el problema a una cuestión de tierras.
Pero el uso de la ley antiterrorista contra activistas mapuches sí es un patrimonio de los gobiernos de la Concertación. En forma valiente, la presidenta del PPD, Carolina Tohá, hizo un mea culpa, presumiblemente a nombre de su partido. Pero en tanto los ex presidentes que autorizaron -explícita o tácitamente- las políticas que aplicaron la ley antiterrorista no se pronuncien, las palabras de la ex diputada seguirán siendo insuficientes.
Los ex jefes de Estado concertacionistas han guardado un inaceptable silencio respecto a las responsabilidades que les cabe a sus gobiernos.
Michel Bachelet, eventual candidata de la Concertacion en las elecciones presidenciales del 2013
Si la eventual formación de la mesa de diálogo supone reconocimientos de todos los sectores, el silencio de la más probable candidata presidencial de la Concertación en 2013 ha sido especialmente poco conducente a buscar soluciones a la crisis actual.
A mediados de la década del noventa, en una gira presidencial a Estados Unidos, al ser consultado si el conflicto indígena de Chiapas podía también aparecer en Chile, Eduardo Frei descartó que Chile tuviera ese tipo de problemas. En su primera gira presidencial a Europa, en mayo de 2006, Bachelet fue respetuosamente invitada por el escritor José Saramago a mirar a los mapuches. Pero la minimización del conflicto mapuche por parte de los gobiernos de la Concertación contribuyó a empeorar la crisis.
Porque su responsabilidad es evidente, la Concertación no saldrá inmune de esta crisis. Pero el Presidente Piñera fue electo para solucionar problemas que la Concertación no supo enfrentar.
El compartir los costos pudiera unir a la Alianza y a la Concertación en buscar una solución. Ya que la legitimidad futura de los dos principales líderes políticos, Piñera y Bachelet, está bajo amenaza, hay incentivos para colaborar. Un primer paso sería que la más probable candidata presidencial de la Concertación reemplace a los cuatro diputados en huelga de hambre como la voz de esa coalición en forjar un diálogo que permita una solución a la crisis actual.
Como el gobierno de la Alianza y la Concertación están en este barco, cuya estabilidad está amenazada por el conflicto mapuche, parece razonable esperar que los líderes de ambas coaliciones disciplinen a sus militantes y busquen una salida en conjunto. Los costos de no hacerlo son demasiado altos para toda la clase política.
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