Ignacio García - Intelligence, Defense and Security
Si hay un hilo conductor en el eje pro-bolivariano o derechamente chavista, es el pasar por sobre el estado de derecho, el marco jurídico que regula y se ha dado a si misma la sociedad. Buenos ejemplos de ello son los arrebatos procesales de Hugo Chávez en Venezuela. Basta con que el tropicalísimo dictador levante un solo dedo, para que jueces, opositores, empresarios, periodistas y todo aquel que o se ciña al marco legal o exprese una opinión contraria a su ideario revolucionario, resulte objeto no solo de amenazas cumplidas si no lo que es peor. Se activa la maquinaria gubernamental y a sola petición del gobernante, se le inventa, se le arma, se le monta y se le aplica una sanción judicial so pretexto de alguna tinterillada.
La supresión de la disidencia democrática es un axioma de los estados totalitarios. Cuba, Venezuela, Corea del Norte, China, Libia, Bolivia, Argentina, Nicaragua, Ecuador, etc. Todos ellos implementan leyes que pretendiendo salvaguardar altos intereses nacionales, no hacen más que desnudar su verdadera intención. Lograr aplastar la libertad de expresión y las libertades fundamentales del individuo consagradas en la Carta Universal de Derechos Humanos.
La cínica practica reina y se solaza en el eje bolivariano en América latina. Ayer fueron las despiadadas dictaduras militares. Hoy lo son las famélicas seudo-democracias bolivarianas.
Argentina no escapa a ello gracias al matrimonio borracho del éxtasis del poder y los petrodólares de Chávez. Los Kirchner vuelven a dar trogloditas golpes a la democracia y a los valores fundamentales que impulsaron la misma recuperación de la democracia en América latina.
Los hechos
En portada y como la noticia más relevante en sus ediciones de ayer, los periódicos argentinos Clarín y La Nación -los más importantes del país- denunciaron el inicio de una fuerte ofensiva en su contra por parte del gobierno que encabeza la Presidenta Cristina Kirchner. El conflicto se centra en la supuesta adquisición irregular por parte de las empresas periodísticas de la compañía Papel Prensa durante la dictadura militar que gobernaba el país en 1976.
Los antecedentes denunciados por los medios argentinos apuntan a que a las 19 horas de mañana, la Presidenta y sus asesores más cercanos han convocado a una reunión a la Casa Rosada donde se presentará un informe titulado "Papel Prensa, la verdad", de 400 páginas, que revela las supuestas irregularidades cometidas por los directivos de La Nación y Clarín en 1976 para quedarse con la mayoría de las acciones de la papelera. Según La Nación, el informe, paralelamente pretende anular la compra de la compañía, lo que conduciría a una extensa batalla legal.
En concreto, el documento elaborado -entre otros- por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, tiene tres ejes centrales: acusa a ejecutivos de ambos diarios de haber cometido delitos de lesa humanidad y apremios ilegítimos para forzar a los dueños de la papelera -en 1976- a vender sus acciones. La Nación asegura que el texto incluye el testimonio de la viuda de un ex propietario, quien dice haber recibido amenazas de muerte por parte del actual gerente general de Clarín, Héctor Magnetto, si no vendía su participación. Segundo, se presentan antecedentes de manejos irregulares en la administración de Papel Prensa y denuncia competencia desleal para periódicos no vinculados con La Nación y Clarín.
Lo cierto es que Papel Prensa abastece de papel a 170 periódicos en todo el país, y en su estructura de propiedad Clarín cuenta con un 49% de las acciones, mientras que La Nación tiene un 22,5% y el Estado argentino un 27,5%.
Dardos a Clarín
Comentaristas argentinos aseguraron ayer que esta nueva arremetida del gobierno va especialmente dirigida a Clarín, holding mediático con que el gobierno de Cristina Kirchner ha tenido varios roces. El último, el jueves pasado, tras la cancelación de la licencia a la proveedora de internet Fibertel, propiedad de la firma Cablevisión, controlada por el Grupo Clarín. El sábado, incluso, la Asociación Empresaria de Argentina expresó su preocupación por la poca seguridad jurídica que representaban las acciones emprendidas por el gobierno a Clarín. Ayer, fuentes citadas por La Nación aseguraron que "el objetivo de Kirchner es que Clarín tenga que dividirse y quede con menos medios".
En tanto, en sus páginas editoriales ayer el periódico argentino Clarín rechazó la medida emprendida por el gobierno y culpó directamente al ex mandatario y esposo de la actual mandataria argentina, Néstor Kirchner, como el autor intelectual de la ofensiva, quien acusa a los medios de la derrota legislativa que sufrió el oficialismo en las elecciones del año pasado.
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