Al menos cuatro altos oficiales, entre ellos un Agregado Naval en funciones en Brasil, fueron separados de sus cargos como consecuencia de una investigación judicial y otra administrativa en torno a falsas compras erogadas, pero no realizadas, u otras sobrefacturadas, para la Armada Nacional de Uruguay en los últimos años, por un volumen anual de unos cinco millones de dólares, al menos desde 2008, aunque probablemente a partir del 2001.
Meses antes, aparecieron un par de cuentas bancarias por un monto superior a 100.000 euros en el Dresdner Bank alemán, a nombre de la Fuerza y sin explicación sobre su destino final, mientras el Agregado Naval uruguayo en ese país recriminaba a algunos medios alemanes por el tenor de algunos artículo periodísticos que denunciaban el hecho.
La temática principal de la investigación, se centra, además del posible mal uso de créditos para combustible, en los recientemente resurgidos astilleros de la Armada, tanto por maquinaria adquirida y nunca arribada (banco de pruebas de motores, grúas,etc.), como compra de chapas de acero para construir barcazas, amén de cierto descontrol al respecto de las cuentas relacionadas a las misiones de paz de la ONU, anteriormente denunciado por la Auditoría Interna de la Nación, así como reclamos aún más antiguos, sobre faltante de armas o municiones. Asimismo, se investiga un monto de 200.000 dólares inicialmente destinado a la prospección de la plataforma continental, que no se habría destinado a ese fin, así como compras de lanchas Boston Whaller para usar en Haití a precios aparentemente muy superiores a los practicados aún en el mercado local uruguayo.
El caso lo sigue la Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, vía Departamento del Crimen Organizado, coordinado con Interpol, y, ya se han practicado allanamientos en dependencias navales.
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