FARIÑAS GANO UNA BATALLA, PERO SIGUE LA GUERRA

Esta semana terminó una de las huelgas de hambre más mediáticas del continente. El cubano Guillermo Fariñas había sellado su boca el 24 de febrero, tras la muerte de Orlando Zapata Tamayo, quien resistió 86 días de ayuno presionando por un mejor trato a los presos políticos de Cuba, de los cuales él formaba parte. Fariñas llevaba más de cuatro meses extendiendo la batalla, pero contra todos los pronósticos, el final fue feliz. Tras el anuncio sobre la pronta liberación de 52 presos políticos, el periodista y disidente sobrevivió y vuelve a alimentarse.

*Nicole Etchegaray

Quién sabe hasta qué punto las buenas noticias se deben a la valentía del propio Fariñas, la mediación de la Iglesia Católica, la reciente intervención española, la cantidad de personalidades que se unieron a la campaña “Yo acuso al gobierno cubano”, o en general, a la creciente presión internacional que los hermanos Castro comenzaron a percibir frente al triste estado de la disidencia en Cuba. Lo triste es que este “gesto” no cambia la situación en la isla, ni mucho menos la mirada hipócrita de grandes actores de la región.

A pesar de los lapidarios informes de numerosas organizaciones humanitarias sobre el régimen de los Castro, líderes como Lula o Michelle Bachelet, emblemas de la lucha contra la represión política en sus propios países, han dado cátedra de duplicidad cuando el abuso se perpetúa en la simbólica isla de la Revolución. Es difícil entender por qué ambos, como tantos otros líderes, no tienen problemas en pronunciarse en contra del embargo norteamericano –efectivamente, injustificable e insostenible-, pero se niegan a solidarizar con los presos de conciencia en Cuba argumentando la necesidad de respetar las leyes de estados independientes.

Como tan bien señala Rodrigo Ahumada en su blog de este mismo medio, el problema es que las leyes y el estado de derecho en un país sólo merecen respeto si tienen como centro la dignidad del ser humano y el respeto a sus derechos básicos. Como tan bien sentencia: “la persona humana es el principio, el sujeto y el fin de toda actividad política y de toda institución política, por esta razón si no hay respeto a los derechos humanos no se puede hablar de política ni tampoco de democracia”.

Cuba, a pesar de que su adhesión formal a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mantiene un sistema legal que comprobadamente vulnera derechos fundamentales, y ello justifica plenamente la intervención de todos los países adscritos a Naciones Unidas para exigir el cumplimiento de un compromiso tan básico.

El último Informe de Human Rights Watch sobre Cuba denuncia que ahí existen leyes que restringen explícitamente derechos fundamentales, mientras otras tienen una redacción intencionadamente vaga para que la interpretación de los jueces u otros funcionarios cubanos justifique el silenciamiento de toda crítica al gobierno. Eso, sin contar que de acuerdo a la Constitución de la República de Cuba los tribunales están "subordinados jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado", es decir, al Poder Ejecutivo, y que el Consejo de Estado puede dar instrucciones a los tribunales. Es decir, la independencia del poder judicial simplemente no existe.

Así es como los tribunales cubanos encarcelan, cumpliendo plenamente la ley, a activistas de derechos humanos, periodistas independientes y todo tipo de disidentes como los que hoy Raúl Castro ha decidido liberar. El Informe detalla decenas de casos, con nombre y apellido, de personas sentenciadas por “delitos penales” como participar en reuniones para debatir sobre economía o elecciones, generar informaciones periodísticas sobre acontecimientos políticos o económicos alejados de la versión oficial, dar información a reporteros internacionales o defender la liberación de los presos políticos.

Dentro de la cárcel, estos “delincuentes” (porque a muchos ni siquiera se les concede el rótulo de presos políticos o de conciencia) enfrentan una realidad difícil de imaginar. Y creo que aquí vale la pena citar textualmente el informe: “La mayoría de los presos padecen malnutrición fruto de una dieta insuficiente en las prisiones y languidecen hacinados en celdas sin una atención médica adecuada. Algunos soportan abuso físico y sexual, en general por parte de otros internos o con la aquiescencia de los guardias, o prolongados períodos en celdas de aislamiento”. Muchos de ellos, por reclamar por sus condiciones penitenciarias, han enfrentado nuevos juicios dentro de la cárcel, viendo extenderse por años sus ya largas condenas. Con este sistema de “disuasión”, resulta evidente por qué la oposición política no crece y se fortalece.

Intentando llamar la atención del mundo sobre esta injusticia es que se autoinmoló Zapata y casi lo hace Fariñas. Y al parecer, esta locura valió la pena. Pero si no cambian las leyes en Cuba, el derecho de expresarse pacíficamente seguirá siendo un delito, los presidentes de la región se seguirán fotografiando cómodamente con los Castro y, al poco andar, nuevos valientes ocuparán el lugar de los liberados.