Luego del escándalo de 2008, que implico a funcionarios del Partido Socialista en una millonario caso de sobornos mientras ocupaban altos cargos en la repartición publica, la nueva licitación del Registro Civil del Gobierno de Chile, tenía que ser impecable, pero los participantes no están conformes. Hay US$ 300 millones en juego para la fabricación de cédulas y pasaportes que nadie está dispuesto a perder. Dos empresas ya reclamaron al Tribunal de Contratación Pública y otras estudian impugnar la eventual adjudicación a la española Indra, que ya obtuvo la máxima calificación. En una declaración judicial, Andrés Contardo, quien fue condenado como doble asesor del Registro Civil y TATA, ya había involucrado a Indra en irregularidades.
Andrés Contardo durante el juicio por caso soborno en que salio el nombre de INDRA
De no mediar algún imprevisto de última hora, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá adjudicar la millonaria licitación de los nuevos carnés de identidad y pasaportes a la empresa Indra Sistemas Chile, que pertenece a la matriz española INDRA. La firma de origen español ponderó los mayores puntajes en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dejando en el camino a la alemana Bundesdruckerei y la francesa Sagem Securité, que quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Otras dos competidoras, Sice y Sonda, fueron eliminados del proceso final al reprobar aspectos técnicos, mientras que Siemens y Coasín habían sido descalificadas en etapas anteriores.
Indra se adjudicaría así un contrato por cerca de US$300 millones después de un accidentado proceso de licitación iniciado en la administración de Guillermo Arenas, actualmente encausado por la justicia chilena. El ex director del Registro Civil está acusado de haber cometido diversos delitos vinculados a éste y otros contratos en curso durante su gestión, duarnte el gobierno de la coalición de centro-izquierda liderada por el Partido Socialista bajo la presidencia de Michel bachelet. A tanto llego el poder del presidente de la tienda socialista, Camilo escalona, que en las investigaciones se constato que un cuñado de escalona que llego a Chile de vacaciones por espacio de dos meses, durante su permanencia en el país recibio un generosos sueldo mensual de unos US$1.300 dolares. La secretaria personal de Escalona, Karina Talkan recibia una cantidad similar por una "asesoría" en la repartición pública. El único problema fue que en la investigación, tanto el cuñado del presidente del partidos socialista como su secretaria personal, nunca fueron vistos o entregaron informes, trabajos o estudios para el registro Cuvil.
La fiscalía lo llevará a juicio en los próximos meses y pide 16 años de cárcel para Arenas y otros tantos para funcionarios públicos y ejecutivos de la empresa informática TATA, que también pretendía la licitación de las cédulas y pasaportes.
Fue precisamente en medio de esa investigación de la fiscalía Centro Norte que uno de los principales involucrados en el caso, el asesor informático Andrés Contardo, dio cuenta de las irregularidades que se gestaron en torno a esta última licitación.
En su última declaración a fiscalía, fechada el 27 de octubre de 2009, Contardo testificó haber asistido a una reunión en las oficinas del Registro Civil, donde el socialista Guillermo Arenas, su antiguo director, le anunció que el negocio estaba arreglado previamente en favor de la española Indra.
“Lo que me dejó entrever Guillermo Arenas es que "esta decisión de adjudicar a Indra venía ordenada de afuera, lo que yo entiendo es que venía del Ministerio de Defensa." A la fecha de grave imputación el ministro de Defensa era Francisco Vidal Salinas, perteneciente al centro-izquierda PPD.
"Con Guillermo Arenas nos reunimos varias veces con la gente de Indra, me refiero a un uruguayo de nombre Eric, cuyo apellido no recuerdo. Nos reunimos con él varias veces en el Hotel Sheraton”, dijo Contardo en su última declaración. Tras ésta, llegó a un acuerdo con la fiscalía para ser llevado a juicio abreviado, donde recibió una condena de tres años y un día y otra de 542 días.
En ese mismo testimonio, el asesor informático también dio cuenta de los lobistas y amigos de Arenas que pretendieron influir en este negocio, mencionando al ex diputado Jorge Schaulsohn y al ex ministro de Justicia, Isidro Solís, todos pertenecientes la coalición política de Bachelet. Entre los operadores en favor de la firma española lanzó el nombre del ex oficial de Carabineros Segundo Joaquín Mora, a quien identificó como “el lobista de Indra”. Ninguno de los tres, así como tampoco el uruguayo Eric mencionado por Contardo –cuyo nombre coinciden con un ejecutivo de Indra– fue imputado formalmente por la fiscalía, hasta ahora.
Durante la investigación Contardo jamás involucró a los ejecutivos de TATA, la empresa para la que prestaba servicios al tiempo que asesoraba al Registro Civil en materias de licitaciones públicas. Esto, pese a que una de las dos condenas que recibió por revelación de secreto con grave daño a la causa pública tuvo relación con el traspaso a TATA de información de las pautas con que se definiría el negocio de las cédulas de identidad y pasaportes.
Boletas de garantía cuestionadas
Una vez que CIPER dio a conocer las anomalías en la licitación sobre tecnología e informática que favoreció a TATA, investigación periodística que significó la salida de Arenas y su directiva y el inicio de las indagaciones del Ministerio Público, las nuevas autoridades del Registro Civil decidieron volver a revisar las dos principales licitaciones del servicio. La primera, sobre plataforma informática, comunicaciones y tecnología, tiene un valor cercano a los US$80 millones y aún está en curso. La segunda, sobre cédulas y pasaportes, es la que está en su etapa final. Los puntajes ya fueron asignados y sólo falta que se adjudique, lo que debiera ocurrir en los próximos días.
El proceso ha tenido varios retrasos y dificultades. A las irregularidades detectadas en la gestión de Arenas, se sumó la reclamación de la española Indra contra cinco de los siete participantes por incumplimientos en la entrega de boletas de garantía. Esto estancó el avance de la licitación hasta octubre del año pasado, cuando el Tribunal de Contratación Pública rechazó los argumentos de la empresa.
Dicho tribunal mantiene otros dos reclamos pendientes desde abril pasado contra el Registro Civil por la misma licitación. Siemens cuestionó el haber sido marginado por el retraso en la entrega de antecedentes, mientras que Coasin objeta su descalificación por problemas en la boleta de garantía.
Y ahora que Indra figura con los mayores puntajes, otras empresas que participaron en la licitación planean impugnar el proceso tanto ante el mismo Tribunal de Contratación Pública como ante Contraloría. Fuentes de la industria informática aseveran que se intentará recusar a la firma española por la tardanza en la renovación de la última boleta de garantía, cuyo valor es de US$500 mil, lo que estaría reñido con las bases. También podrían cuestionar algunos aspectos de la evaluación técnica.
El director del Registro Civil, Christian Behm, ha defendido el proceso de licitación que se ha llevado a cabo bajo su gestión. Argumenta que sólo para la evaluación de la parte técnica han tomado parte cerca de 25 expertos, cuya labor ha sido auditado por la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica, DICTUC.
De confirmarse la adjudicación a Indra, lo que parece muy probable en vista de que los puntajes ya están asignados, la empresa española tendría un nuevo contrato en el país. De acuerdo a la información de su página web, Indra ha prestado servicios en Chile en áreas como puertos, ferrocarriles y tráfico terrestre y aéreo. Se trata de una multinacional tecnológica de grandes proporciones, con presencia también en el rubro de la defensa. Desde ese ámbito, el ministerio de defensa, se habría generado la "recomendación" a Arenas de privilegiar a española INDRA.
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