Analistas financieros advierten que el país “se encamina a un colapso económico que no podrá ser evitado sólo con el repunte de los precios petroleros”
En un especial de Economía analistas instaron al Gobierno a cambiar el rumbo, por considerar que el camino actual “conduce a un fracaso económico, a la pobreza y a la pérdida de libertades”. El profesor y economista José Guerra considera que lo que ocurre en Guayana con las empresas básicas, “es una muestra de lo que ocurre en todo el país”. Según señala el periodista del Correo del Caroní, Damián Prat, el 65% de la producción de las empresas básicas ha decaído como “consecuencia de un estatismo salvaje iniciado en mayo de 2008”. Por su parte, el economista José Luis Alcocer, critica que lo primero que hizo el ministro de Industrias Básicas y Minería, luego de la estatización, fue poner de directivos a “sus compañeros de Miranda”. Para el economista Guerra, la contracción de la economía no fue provocada por factores externos sino más bien por la errática conducción del país por un gobierno que impulsa la estatización de los medios de producción y acosa a la propiedad privada. Excluyendo el paro petrolero de 2002, la actual crisis financiera es la peor en 30 años, donde no se trata sólo de un caída en la actividad económica, sino de un asunto de mayor profundidad; “se destruye la capacidad productiva que afecta el crecimiento a largo plazo de la economía y sus posibilidades de generar empleo”. Guerra critica que ese “desmantelamiento del aparato productivo” ha producido que se acentúe aún más la recesión, mientras que otros países de Latinoamérica “ya estaán saliendo de la crisis y reemprendieron el camino del crecimiento”.
Explica que la crisis no es generada por factores externos sino por “distorsiones internas generadas por un presidente que favorece la estatización de los medios de producción y el acoso a la propiedad privada”.
En el especial, también se indica que el aparato productivo del país ha perdido fuerza, a causa de “expropiaciones, invasiones de fincas, controles de toda índole, corrupción generalizada e ineficacia en todos los estratos del poder”.
Y es que según cifras suministradas por los gremios vinculados a la producción agrícola y a bienes raíces, desde 1999 “se han registrado más de 22.000 invasiones de fincas rurales y urbanas. Sólo en Caracas, existen 800 inmuebles invadidos, entre galpones, oficinas y apartamentos”. “Hoy , el modelo del siglo XXI sigue creando grandes pérdidas patrimoniales a los venezolanos que han invertido en fincas o terrenos urbanos y rurales”, manifiesta Vicente Brito, ex presidente de Fedecámaras.
Todos los factores mencionados se tradujeron en que el PIB venezolanos cayera un 5,8% en el cuarto trimestre de 2009, mientras que en el tercero la contracción fue de 4,6%.
Otro punto grave en la balanza, es la notable disminución de la inversión privada nacional e internacional, lo que significa que no habrá recuperación “pese a los cientos de miles de millones de dólares que han ingresado por la venta del petróleo” desde hace 11 años.
Todo sumado al retroceso que se ha experimentado en los servicios públicos; principalmente en pueblos y ciudades del interior del país.
“La profunda crisis eléctrica podría agravar la situación económica durante años, acentuando la caída de las exportaciones de combustibles y prolongando el racionamiento de luz impuesto hace unos meses”, reza en el artículo.
Además, Venezuela cuenta con el índice inflacionario más alto de América Latina en 2009, de 24%, sin contacta el actual alza de precios de varios productos regulados.
Uno de las medidas más radicales y problemáticas del Gobierno ha sido la expropaición de hectáreas con la justificación de “recuperar tierras ociosas”. El gobierno de Chávez ha expropiado desde el 2005 más de 2,5 millones de hectáreas y ha promovido cooperativas que debido a problemas de ineficiencia y corrupción no han logrado superar la producción del sector privado. Las importaciones han aumentado en un 108% y sólo un 46% del mercado es cubierto por producción nacional
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