LA INSOLIDARIDAD DE LOS GOBIERNOS

Pensar en la posibilidad de que existan relaciones entre agentes de gobiernos como el venezolano o el ecuatoriano con la banda de narcoterroristas de las FARC no deja de ser tan increíble como inaceptable, aunque existan suficientes evidencias como para intuir que este despropósito internacional es más que cierto.

*Víctor Hugo Malagón es economista, especialista en política y relaciones internacionales, y profesor universitario.

Los colombianos sabemos que frente al rechazo generalizado y unánime de la ciudadanía hacia los terroristas, ellos han realizado enormes, y a veces efectivos, esfuerzos por desplegar una agresiva diplomacia internacional mostrándose a sí mismos como “revolucionarios”, “insurgentes”, “defensores de los pobres” y “adalides de la justicia social”, por eso cuentan con una red de aliados estratégicos regados por todo el mundo, convencidos de las bondades de la “insurgencia del siglo XXI”. De ahí que hace poco tiempo se estrenara en el cine Gaumont de la Ciudad de Buenos Aires el documental “Las FARC, Insurgencia del Siglo XXI”. Lo que no nos queda muy claro es por qué este largometraje fue realizado por una asociación de “Documentalistas Argentinos” (DOCA) con el apoyo de recursos públicos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la República Argentina (INCAA). Es increíble que ahora también instancias del gobierno argentino usen los recursos tributados por los ciudadanos del hermano país para “auspiciar” un material que en definitiva se constituye en apología de la organización criminal que más daño le ha hecho a mi país. La misma sociedad civil argentina rechaza que su gobierno resulte auspiciando propaganda proselitista de una banda narcoterrorista que tiene bien poco de la pretendida y romántica visión de rebeldes bolivarianos. Por eso valientes grupos de ciudadanos argentinos han elevado recursos jurídicos ante la justicia de ese país para intentar impedir que “continúe la tendenciosa propaganda exaltando las actividades de las FARC, ya que la exhibición de material cinematográfico de contenido apologético delictual implica una abierta trasgresión a la ley vigente y al Tratado de lucha contra el terrorismo al que adhiriera la República Argentina”.

Increible que la solidaridad entre los pueblos aún tenga que competir contra la insolidaridad de los gobiernos.