Revés judicial para el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La Justicia suspendió la vigencia de su polémica ley de medios de comunicación por considerar que su tramitación parlamentaria y posterior aprobación no cumplió con los requisitos debidos. La oposición, impulsora de la demanda, celebró la medida. En palabras de la diputada Patricia Bullrich, con esta decisión “se acabó la prepotencia kirchnerista”.
La juez Olga Pura de Arrabal dio la razón a los legisladores que habían denunciado el atropello al que se sometió al Congreso el pasado mes septiembre. Fue entonces cuando el bloque oficialista convocó a un pleno, pese a no disponer del número de legisladores necesarios que estipula la ley. Las distintas comisiones parlamentarias afectadas advirtieron que al violarse el reglamento la ley quedaría sin efecto.
Ese fue el argumento de la diputada Silvana Giúdia de la opositora Coalición Cívica y de Pro, el partido que lidera Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires con aspiraciones a presidir el Gobierno. Aquellos sucesos más irregularidades de distintas naturaleza desembocaron en una serie de demandas judiciales.
En rigor el fallo que suspende la ley se produjo el 21 de diciembre, en vísperas de Navidad. Ese día la magistrada Pura de Arrabal dispuso la suspensión de la norma en toda Argentina pero la orden no podía ejecutarse hasta que el Gobierno no estuviera notificado, hecho que no se produjo, deliberadamente, hasta ayer. Luis Leiva, abogado del diputado que presentó la denuncia, Enrique Luis Thomas, confirmó a Clarín que ahora sí, “está suspendida la vigencia de la ley de medios”. No obstante se da por descartado que el Gobierno, que hizo de esa ley causa propia, apelará la medida.
El arco opositor y buena parte de los empresas de comunicación no sólo cuestionan la forma en la que se aprobó la ley sino el fondo. En distintos ámbitos se apunta –también hay causas judiciales pendientes- la inconstitucionalidad de una norma que sufrió más de cien modificaciones y que en Argentina señalan como un traje a medida hecho por el Gobierno para ahogar al grupo Clarín.
La ley, aprobada en octubre del pasado año, no permite a las compañías tener cable y televisión abierta en simultáneo, impone la adjudicación de licencias a las empresas cada dos años, no respeta las otorgadas que vencen dentro de diez, se reserva un número indefinido para organizaciones civiles, obliga a las cadenas a distribuir una producción nacional por encima del 60 por ciento y permite únicamente a los medios estatales tener una señal de alcance territorial pleno. De aplicarse a pies juntillas esta medida, se consagra la política impulsada de los países miembros de la iniciativa chavista, ALBA, de controlar y suprimir finalmente a los medios de información suprimiendo la libertad de expresión e información.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario