Ante las finanzas que siguen sin cuadrarle, la Presidenta argentina, Cristina Fernández, tiene un nuevo y polémico salvavidas económico: el Banco Central (BC) entregará 24.700 millones de pesos argentinos (6.365 millones de dólares) al gobierno, cifra similar a la del polémico decreto presidencial que trató de habilitar 6.569 millones de dólares provenientes de reservas monetarias para pagar deudas soberanas, según informó ayer el diario La Nación.
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Es que ante la posibilidad de que tanto el Congreso y la Justicia rechacen el decreto que en diciembre pasado estableció el Fondo del Bicentenario para el pago de deudas soberanas de este año, este nuevo monto viene a ser una nueva "caja chica" a la cual echar mano.
La posibilidad de que el BC transfiera las ganancias fue reconocida por el propio ministro de Economía, Amado Boudou, quien defendió la legitimidad de este movimiento en declaraciones al periódico argentino. La instauración del fondo y la posterior destitución del titular del BC, Martín Redrado, por negarse a emplear reservas para el pago de la deuda, desató un fuerte conflicto, con derivaciones judiciales, que se prolongó durante más de un mes. Si es que tanto la justicia como el Congreso -que retoma sus sesiones en marzo- niegan el uso de las reservas, el gobierno K utilizará esta nueva partida para el pago de deudas, señaló La Nación. Es más, fuentes cercanas al ministro Boudou reconocieron al diario que el dinero será transferido "independientemente de la suerte que corra el Fondo del Bicentenario". "Cuando está en juego el ahorro de todos los argentinos, que son las reservas de todo un país, me parece que lo más sensato y democrático es que sea el Poder Legislativo el que defina mediante una ley el uso de esas reservas. El Parlamento Nacional es la institución por excelencia que fusiona todas las opiniones y corrientes del país, por eso es la más idónea", indica el analista argentino Carlos Germano. Sin embargo, Germano está consciente de que, al revisar el comportamiento del actual gobierno de Cristina Fernández, y el de la anterior administración de su esposo, Néstor Kirchner, la consulta parlamentaria se ve bien lejana. "Lamentablemente si uno se acoge a la historia, me parece que el gobierno va a seguir implementando lo que se vino imponiendo en los últimos años, un autoritarismo económico con pocas consultas y escasa presencia de la opinión del Legislativo".
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