TERRORISMO: ASI SE VIVE LA GUERRA CONTRA LAS FARC EN CAQUETÁ, COLOMBIA

Las Farc siguen influyendo en la vida cotidiana de mucha gente en este departamento, cuyo gobernador fue asesinado el pasado 21 de diciembre. La Fuerza Pública, en su afán por llevar el orden, está cometiendo errores que afectan a la población.

*Semana.com.

Muchas personas están corriendo peligro de muerte en Caquetá. El caso de Luis Francisco Cuéllar, el gobernador de este departamento que mataron presuntamente las Farc, no puede verse como un atroz hecho aislado, sino que refleja la grave situación que se vive allí por culpa de la guerra.

A pesar de que el gobierno ha dedicado millonarios esfuerzos para atacar militarmente a las Farc en esa zona, la guerrilla sigue influyendo y controlando la vida cotidiana de mucha gente.

Hacia el norte del Caquetá operan los frentes 49, llamado también ‘Manuel Cepeda Vargas’, y el 15, conocido como ‘José Ignacio Mora’. En el suroriente están los frentes 14, que se conoce como ‘Yarí’, el interfrente del Caguán y las columnas móviles Teófilo Forero y Yesid Ortiz.

Ese control de la vida cotidiana que están haciendo las Farc en Caquetá llega restringir cosas que hoy son tan comunes, como el uso y porte de celulares. La guerrilla les ha quitado los aparatos a caciques indígenas del pueblo Coreguaje, líderes y profesores de zonas rurales del municipio de Milán. Como si no bastara, les ha ordenado a las autoridades indígenas que les decomisen los celulares a los habitantes de sus resguardos.

Incluso, hombres armados que pertenecían a las Farc llegaron una vez al resguardo Hericha, de Milán, les quitaron los celulares al profesor y al cacique, los interrogaron y después les dispararon alrededor de sus cuerpos. No los mataron, pero sí quedó evidente la amenaza.

A lo largo de los últimos meses, los guerrilleros han permitido que tengan y usen celulares algunos líderes y profesores, pero mantienen la prohibición a las demás personas.

El comercio no se escapa del control que quieren hacer estos hombres violentos. A veces deciden a quién se le puede vender y a quién no. Eso ocurrió, por ejemplo, en enero de 2008, cuando el frente 15 les ordenó a campesinos de los municipios de Solano y Milán que no vendieran sus cosechas en la base militar de Tres Esquinas ni en un sitio conocido como San Antonio de Getucha. Quien desacatara la orden sería tomado como colaborador de la Fuerza Pública. Sería declarado objetivo militar.

En su intento por convertirse en amos y señores del departamento, las Farc quieren enterarse de todo. Cuando algún grupo hace una reunión, van y preguntan qué fue lo que se dijo en ella. Impiden muchas veces el tránsito desde las zonas rurales hacia los cascos urbanos de los pueblos para que la gente no vaya a hablar con la Fuerza Pública. Si sospechan que alguien tuvo contacto con policías o solados, lo hacen salir corriendo de su casa y dejarlo todo sin poder regresar. Además, tienen civiles como informantes contándoles qué pasa en los barrios donde se alojan los desplazados en Florencia, la capital.

Políticos y funcionarios en peligro

Fuera de ese dominio que los guerrilleros quieren ejercer sobre la gente, están influyendo en las decisiones políticas. En épocas electorales, las Farc les dicen a los votantes a quién deben elegir y los políticos electos y los funcionarios suelen ser víctimas de sus ataques. Semana.com pudo documentar varios casos.

Días previos a las elecciones regionales y locales del 28 de octubre de 2007, un grupo de guerrilleros de las Farc entró al resguardo indígena Agua Negra, en Milán, y pasó por las casas revisando qué políticos aparecían en los afiches pegados en las paredes.

En la tercera semana de ese octubre, las Farc reunieron a campesinos de ese municipio y les dijeron que sí podían votar. La condición era que no eligieran al candidato a la alcaldía John Eduarth Monje, que era hermano de Juan Carlos Monje, un paramilitar que después de desmovilizarse conformó un nuevo grupo armado que llamó ‘Águilas Negras’.

En 2006, el ejército mató en un combate a Juan Carlos y el grupo se desintegró. Pese a la advertencia de las Farc, John Eduarth fue elegido, pero tuvo que renunciar después, cuando la guerrilla lo secuestró siendo alcalde.

Los indígenas coreguajes de ese municipio viven serios apuros por cuenta de la guerrilla. El 28 de enero de 2008, un grupo de hombres entró al resguardo Gorgonia. Iban buscando al entonces coordinador de asuntos indígenas de la alcaldía. El funcionario no estaba en ese lugar y le alcanzaron a avisar que los guerrilleros lo estaban esperando. Le tocó irse a vivir a Florencia.

Y los concejales son otro blanco frecuente de la guerrilla. A Elser María Endo, presidenta del concejo del municipio de El Doncello, la mataron el 15 de marzo de 2008. Se presume que fueron las Farc. En este municipio, el alcalde y los concejales han sido víctimas de constantes amenazas de muerte. A veces, los guerrilleros van hasta las casas de los concejales a buscarlos para amenazarlos o reciben mensajes, como el que le llegó a su celular al concejal John Fredy Salazar el 23 de junio de ese año. En el texto decía que lo iban a matar a él y a todos sus compañeros.

Al poco tiempo, los concejales del municipio de Puerto Rico tuvieron que dejar sus casas e irse a vivir a Florencia. Sus vidas estaban en peligro. Personas que se identificaron como integrantes de las Farc se encargaron de sembrarles el miedo, incluso después de haber salido del municipio.

El 5 de abril de ese año, sonó el teléfono del entonces presidente del Concejo de ese municipio, Jesús Alirio Muñoz. El hombre que le habló le hizo reclamos porque, supuestamente, Muñoz estaba entregándole información a la Fuerza Pública y le dijo que algunos de sus hombres lo iban a buscar para arreglar las cosas. Al mes, los guerrilleros se instalaron en su finca.

En la misma semana en que Muñoz recibió esa llamada, un hombre desconocido empezó a perseguir al concejal José Cuéllar por las calles de Florencia. El 10 de abril, sonó el teléfono del concejal y le advirtieron que ya sabían bien por dónde se movía. Lo tenían ubicado de nuevo pese a haber dejado su casa y todo lo que tenía en Puerto Rico.

El terror apareció con fuerza otra vez a las 9 de la noche del 7 de junio, cuando tres encapuchados llegaron a la casa de la concejal Jaidy Medina y preguntaron por ella. En esa misma semana, el concejal Aníbal Buendía encontró en la puerta de su casa unas balas. Meses después recibió llamadas y mensajes de texto en su celular amenazándolo de muerte. En la parte urbana de Puerto Rico, al concejal John Fredy Rodríguez lo empezaron a perserguir dos hombres que fueron capturados. Están investigando si pertenecen a las Farc. En agosto, el concejal Julio Casas tuvo que abandonar el país. Lo iban a matar. Para octubre, una persona que dijo que pertenecía a la columna móvil Teófilo Forero volvió a amenazar a varios concejales.

El 4 de julio de 2008, tres personas le dijeron a un pariente del concejal Adan Aranda, de San Vicente del Caguán, que la familia entera debía irse del pueblo. Si desobedecían la orden, mataban al político. Toda la familia se desplazó. Por esos días, al concejal Aurelio Murcia lo llamaron para decirle que si se reunía con el gobernador, como lo tenía programado, lo mataban también.

Lo normal es que la protección que se les brinda estas víctimas sea insuficiente. Si un grupo de hombres armados pudo entrar a la casa del gobernador y llevárselo como lo hicieron el 21 de diciembre, ¿qué garantías tienen estos concejales?

Todo esto lo ha venido haciendo la guerrilla, mientras la Fuerza Pública la combate. Las Farc se resisten, entre otras maneras, fortaleciendo su presencia en los cascos urbanos de los pueblos, muchas veces, contratando bandas externas a esa guerrilla para que atenten contra políticos y funcionarios de las alcaldías. De esta manera, las Farc están implementando lo que llaman ‘plan pistola’, y eso lo tienen ya muy claro las autoridades del departamento.

Pocas oportunidades

El gobierno ha intentado llegar al Caquetá brindando seguridad con la Fuerza Pública y con programas de Acción Social, como Familias en Acción. Pero las Farc les han prohibido a los campesinos que se vinculen a ellos porque creen que quien haga parte de esos programas se vuelve informante.

Esta coerción es más grave si se tiene en cuenta que hay partes donde la misma guerrilla ha prohibido las actividades productivas tradicionales. En los resguardos de los indígenas coreguaje impidieron que la gente pesque de noche, como solía hacerlo, y no los dejan cazar. Quien lo haga, tiene que pagar una multa o hacer trabajos pesados para la guerrilla.

Eso genera desabastecimientos y, como no hay posibilidades de conseguir empleo, la solución que muchos encuentran es sembrar cultivos ilícitos. El negocio del narcotráfico está controlado por la guerrilla, pero han ido apareciendo grupos de paramilitares que, según la Fuerza Pública, tienen interés solamente en el negocio de las drogas. Entonces se han generado choques entre los grupos ilegales. Los paramilitares, incluso, han cometido atropellos contra personas que califican como colaboradoras a la guerrilla.

La manera de atacar el narcotráfico ha sido, principalmente, con fumigaciones aéreas. A menudo, los químicos dañan otros cultivos de alimentos que los campesinos consumen a diario, como ha ocurrido en varios caseríos de Milán.

Soldados en las casas y escuelas

Por tierra, las tropas del ejército patrullan constantemente, pero esto también ha ocasionado problemas para los campesinos.

En el resguardo Agua Negra, del municipio de Milán, la guerrilla ha señalado a los líderes de ser los responsables de la llegada de los militares y eso puede acarrear castigos y muerte.

Otras veces, son los mismos soldados los que se toman atribuciones que no deben y terminan afectando a la población. En la zona petrolera se encargan de brindar seguridad las Brigadas Móviles 6 y 9, la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) y las Brigadas 1 y 3.

En su afán por contrarrestar la presencia de los guerrilleros, los militares han hecho censos, han acampado en escuelas y en las casas de la gente. Lo grave de que los soldados estén tan cerca de los civiles es que es muy posible que los combates con la guerrilla ocurran teniendo personas inocentes en la mitad del fuego cruzado. Semana.com pudo conocer varios casos.

En un sitio conocido como Los Pozos, en San Vicente del Caguán, los militares hicieron empadronamientos de los habitantes. Ellos no pueden pedirle a la gente que se registre, ni tomar sus huellas, ni sus firmas, ni sus datos. Sin embargo, lo han hecho, según testimonios de líderes en la zona.

A veces, han ocupado escuelas, cosa que tampoco deben hacer porque ponen en peligro la vida de los estudiantes y los profesores. Un ejemplo ocurrió el 24 de julio de 2008, cuando varios soldados acamparon en la escuela de la vereda Bocanas del Chigüiro, de San Vicente del Caguán. Los muchachos sintieron temor y no fueron a estudiar porque, además, los militares hicieron un allanamiento en el sitio sin orden judicial alguna.En julio de 2008, el ejército fue atacado por las Farc. Estuvieron en riesgo las vidas de casi 140 niños que recibían clases en la escuela de la vereda La Cristalina porque los militares se habían alojado en ella. Estaban allí cuando los hostigaron los guerrilleros.

Una suerte similar corrieron casi 50 muchachos de la escuela Las Brisas en la vereda El Morrocoy un mes más tarde y por las mismas razones: se armó un combate cercar del sitio.

En la vereda Platanillo, también de San Vicente del Caguán, los militares se instalaron sin permiso de nadie en las casas de la gente y no son pocas las quejas contra soldados que se roban la comida de los campesinos.

La vereda Los Picachos es un sitio donde históricamente ha estado la columna móvil Teófilo Forero. El ejército, en su misión de combatirla, se ha enfrentado con ella. Pero en varios lugares ha sido muy cerca de la población civil. En septiembre de 2008, mientras se alojaban cerca de las viviendas de la gente, un grupo de militares fue atacado por las Farc.

Y desde el aire, han disparado ráfagas sobre las veredas Miravalle y La Campana, también en San Vicente del Caguán. La lluvia de balas pone en riesgo la vida de cualquiera.

Como si fuera poco, algunos líderes han denunciado que los soldados, en sus labores de inteligencia, acuden a desmovilizados de la guerrilla que señalan a quienes supuestamente le colaboran a las Farc. Eso ha incrementado el miedo porque no siempre el señalado es un colaborador y algunos se han negado a obedecerle a la guerrilla para no convertirse en sospechosos. Entonces las Farc implementan castigos. Mucha gente ha huido por eso.

Todas estas cosas que están ocurriendo en Caquetá han hecho que la guerra se vuelva parte del paisaje. Vivir tan cerca de ella hace que los niños se vuelvan presa fácil del reclutamiento porque ven una opción de vida en los grupos armados, que a la vez utilizan artimañas para incorporarlos en sus filas.

Las Farc los engañan prometiéndoles dinero, uso de celulares, estatus. A menudo, los muchachos, con ganas de ser reconocidos y de tener poder, terminan yéndose con ellos y viviendo una vida que lo único que hace es perpetuar la barbarie.