Hugo Chávez ordenó este viernes la intervención de Banorte, la octava entidad bancaria que se desploma en los últimos 15 días en Venezuela por «insolvencia», según la versión oficial. Es sólo una más, con Chávez empeñado en el control progresivo de la banca.
La ola de intervenciones comenzó con cuatro pequeñas entidades: Confederado, Canarias, Banpro y Bolívar, cuyo dueño, el empresario asturiano-caraqueño Ricardo Fernández Barrueco, se encuentra detenido por presunta estafa en la adquisición y manejo de estos bancos.
La voracidad de Chávez engulló esta semana con tres entidades más: Central, Baninvest y Real. El dueño del Real, Arné Chacón, hermano del ministro de Ciencia y Tecnología, Jesse Chacón, ambos compañeros de armas de Chávez y de la segunda intentona golpista que tuvo lugar en Caracas el 27 de noviembre de 1992. El ya ex ministro Chacón tuvo que renunciar a su cargo para allanar la investigación contra su hermano.
Devolución de depósitos
La intervención de los ocho bancos, ha afectado a más de 600.000 ahorrantes. El gobierno ha dado garantías para la devolución solo de los depósitos y hasta 25.000 bolívares (unos 10.000 dólares) durante los próximos 30 días.
En un intento por mejorar su popularidad mermada, Chávez ha sorprendido tomando medidas drásticas contra algunos de los banqueros y empresarios que han colaborado con él a lo largo de estos once años de gestión. Así, ha ordenado confiscar 50 empresas de Fernández Barrueco, especialmente las del sector agroalimentario, pesca y transporte, que pasan al sector público. También ha ordenado detener al presidente de la comisión Nacional de Valores, Antonio Márquez, y a treinta socios y directivos del Banco Canarias por autorizar su venta.
También ha arremetido contra el banquero Eligio Cedeño, tachándolo de «bandido» porque escapó este viernes cuando se dirigía a una audiencia en los tribunales. Y ha llamado «bandida» a la juez María de Lourdes Affiuni, ordenado su detención y la de todos los funcionarios, aun los simples administrativos y empleados menores del tribunal en que ejercía, al mas puro estilo de las purgas comunistas stalinistas. La razón esgrimida para tal medida, a juicio del ministerio publico, fue por permitir a Cedeño que sea juzgado en libertad. La defensa de la ahora detenida y procesada jueza Afiunni argumenta que solo se aplico la ley.
Las últimas decisiones del mandatario han sumido a los venezolanos en la mayor incertidumbre e inseguridad jurídica. No se sabe a ciencia cierta si el plan de intervenciones «por las estafas cometidas», que según informes oficiales las conocía Chávez desde hace más de un año, desembocará en una nacionalización de la banca privada.
Hay cuatro bancos grandes, entre ellos el Provincial -del español BBVA-, que controlan el 40 % de los depósitos, y 16 entidades pequeñas que se pelean por el 7 %. La banca pública, también denominada «la banca de Chávez» por el economista y ex director del Instituto de Comercio Exterior, Maxim Ross, posee ya en Venezuela más de un 53 % de los depósitos.
Ross dijo al periodico ABC, que la intervención de los ocho bancos «es apenas un primer paso del control que ejerce Chávez sobre el sistema bancario y monetario del país», tanto interno como externo. Se traduce en un montante global de 230.000 millones de dólares, que el presidente «maneja a su antojo sin ningún tipo de supervisión ni auditoría».
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