PARADA MILITAR BICENTENARIO EJERCITO DE CHILE 2010

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martes, 22 de diciembre de 2009

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2010: LAS FARC Y EL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

El Partido Comunista de Chile debe entender que no puede estar dentro y fuera del sistema a la vez. Promover paros ilegales y ser, a lo menos, ambiguo frente a la violencia, ya sea en Colombia o en La Araucanía, no se condice con participar activamente en la institucionalidad.


La acusación en Colombia contra un militante del Partido Comunista de Chile hace exigible que éste dé explicaciones acerca de sus vinculaciones con la guerrilla de las Farc. También debe llamar la atención de los sectores políticos que han decidido aliarse electoralmente con el PC y de los personeros que, incluso, han sostenido que dicha colectividad podría llegar a ocupar ministerios en un eventual nuevo gobierno de la Concertación. 
Como informó la Unidad Nacional contra el Terrorismo de la Fiscalía General de Colombia ha abierto una investigación criminal contra el chileno -integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales del PC- por el supuesto delito de "concierto para delinquir". Se trata de un ilícito que en ese país puede acarrear condenas de hasta 18 años.
Según la indagatoria colombiana, el militante del PC chileno habría servido de nexo con Raúl Reyes, ex segundo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), a quien visitó en febrero de 2008, días antes de que éste muriera en un bombardeo en Ecuador. A Reyes, el chileno le habría pedido ayuda para entrenar a un grupo de mapuches ligados a la Comunidad Arauco Malleco (CAM), grupo que ha recurrido a prácticas terroristas en La Araucanía. 
Aunque las investigaciones judiciales en Chile no han demostrado la existencia de vínculos operativos entre las Farc y activistas chilenos, sí está acreditado que al menos ocho comuneros indígenas viajaron a Colombia entre 2004 y 2007, y existen fundadas sospechas de que allí recibieron instrucción en un campo guerrillero. 
La explicación entregada el año pasado por el presidente del Partido Comunista, acerca de que la supuesta vinculación entre su colectividad y las Farc corresponde a un "montaje del servicio de inteligencia colombiano", no es convincente ni suficiente. No se entiende qué razón podría tener dicho servicio en vincular al PC chileno en actividades como las reseñadas. Más oportuno sería que la dirigencia de esta agrupación fijara de una vez una línea clara que condene la violencia y el recurso a prácticas terroristas como las que utilizan las Farc y la CAM. 
El Partido Comunista ha decidido entrar en una alianza electoral con la Concertación para la segunda vuelta presidencial, algo que ya había realizado en las municipales de 2008. Aunque sin dejar de lado su histórico alegato contra lo que llama la "exclusión", la actitud del PC lo inserta dentro de la lógica del sistema binominal, obligándolo a entrar en alianzas para tener real opción de acceder a escaños en el Congreso, al igual que han hecho otros partidos con similar caudal de votos, como el PRSD.

Sin embargo, el PC debe entender que no puede estar dentro y fuera del sistema a la vez. Promover paros ilegales (como el reciente del Colegio de Profesores, cuyo presidente es militante comunista) y ser, a lo menos, ambiguo frente a la violencia, ya sea en Colombia o en La Araucanía, no se condice con participar activamente en la institucionalidad. Si aspira a ser un actor respetado por los electores, el Partido Comunista debe comenzar por actuar dentro de la institucionalidad y desarrollar su actividad de acuerdo a los cauces que define la ley. Si la institucionalidad le es incómoda, debe intentar reformarla construyendo mayorías, no forzando situaciones a través de la presión o una actitud poco definida frente a la violencia. 
Al mismo tiempo, es deber de los actuales socios electorales del PC exigir a éste una conducta institucional adecuada. La vocación de poder de los partidos de la Concertación no debe llevarlos a condonar la actitud equívoca del PC en cuestiones que son claves para mantener una convivencia social sana. El gobierno y el oficialismo deben demandar del PC una conducta acorde con las normas que rigen la vida democrática. Esto es requisito para todos los actores de nuestra sociedad, y no hay razón alguna para que no lo sea con el Partido Comunista.

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