El gobierno de Hugo Chávez además de incumplir las convenciones colectivas y atrasarse en sus compromisos laborales ha utilizado a efectivos militares para contenerlo y sometio a dirigentes sindicales a procesos judiciales
El gobierno venezolano enfrentó en 2009 un panorama conflictivo en el estratégico sector de industrias básicas y petróleo por las reiteradas protestas de trabajadores, que reclamaron mejoras laborales, despidos masivos, mayores inversiones y afirmaron que se criminaliza a su movimiento sindical.
Trabajadores del aluminio, del acero y del hierro, agrupados en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que agrupa a 15 grandes empresas, protestaron contra el "abandono" y la falta de recursos, lo que puso de manifiesto un conflicto entre el mundo sindical y el gobierno, que se autodefine "del pueblo y los trabajadores".
"La conflictividad es alta. Desde que se inició este año las protestas han sido constantes. Y el próximo año, que es de elecciones, vamos a continuar", aseguró José Luis Morocoima, responsable sindical de Bauxilum, una de las grandes empresas públicas del aluminio, refiriéndose a los comicios legislativos de septiembre de 2010.
Las protestas en Carbonorca, Venalum, Bauxilum y Alcasa (las cuatro grandes empresas públicas del aluminio) y en la siderúrgica Sidor, nacionalizada en 2008, se intensificaron a final de año.
De poco sirvió el ofrecimiento de 280 millones de dólares en recursos y un aumento de las inversiones por 1.220 millones de dólares anunciados por el ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz. Ambas declaraciones anunciadas por Chávez y su ministro nunca se concretaron.
Según los sindicalistas, además de incumplir las convenciones colectivas y atrasarse en sus compromisos, incluidos los sueldos, el gobierno de Hugo Chávez también ha criminalizado su movimiento, utilizando a efectivos de la Guardia Nacional para contenerlo y sometiendo a dirigentes a procesos judiciales.
Como telón de fondo de estas protestas que afectaron a diversos sectores está la crisis financiera internacional, que hizo caer el precio del petróleo, generador del 90% de las divisas en Venezuela.
El gobierno redujo las divisas que concede a los importadores en medio de un férreo control de cambio. Esta situación afectó seriamente a la hasta ahora próspera industria automotriz, que se vio obligada a suspender importaciones de autopartes ya que no disponía de dólares para comprar.
Las protestas laborales en este sector fueron abundantes. En algunos casos, como el de la empresa MMC Automotriz, que ensambla Mitsubishi y Hyundai, el gobierno tuvo que mediar para evitar su cierre.
Según Morocoima, en 2009 se vio "una arremetida" contra el movimiento obrero. "Hay un intento del gobierno por eliminar la interlocución de los dirigentes sindicales", sustituyéndola por grupos afines que son verdaderos "brazos políticos", afirma.
En agosto, Chávez anunció el lanzamiento del Plan Socialista Guayana 2019, que tiene el objetivo de formar una gran corporación con las empresas del aluminio, el hierro y el acero.
"No se han hecho las inversiones necesarias que hemos pedido, hay pasivos laborales que aún no se pagan, las cuotas sindicales están retenidas, no podemos realizar actividades. Hay crisis económica y violaciones a los derechos de los trabajadores", declaró Juan Goméz, secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la CVG.
"Esto se agudizará el próximo año, pues la crisis continúa", advirtió.
Las cuatro empresas estatales del aluminio producen un total de 700.000 toneladas al año, pero según fuentes sindicales están operando al 50% de su capacidad y requieren inversiones por unos 5.500 millones de dólares.
En el estratégico sector petrolero también se registraron choques entre el gobierno y los trabajadores, quienes actualmente debaten un nuevo contrato colectivo en el seno de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), donde el sindicato está dominado por el 'chavismo'.
Las protestas estuvieron motivadas principalmente por la anexión de unos 8.500 trabajadores de empresas de servicios tras una nacionalización decretada en mayo de 2009.
El gobierno de Chávez "ha estrangulado" el sistema de protección social, sobre todo en educación y salud, aseguró Morocoima.
Trabajadores del aluminio, del acero y del hierro, agrupados en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que agrupa a 15 grandes empresas, protestaron contra el "abandono" y la falta de recursos, lo que puso de manifiesto un conflicto entre el mundo sindical y el gobierno, que se autodefine "del pueblo y los trabajadores".
"La conflictividad es alta. Desde que se inició este año las protestas han sido constantes. Y el próximo año, que es de elecciones, vamos a continuar", aseguró José Luis Morocoima, responsable sindical de Bauxilum, una de las grandes empresas públicas del aluminio, refiriéndose a los comicios legislativos de septiembre de 2010.
Las protestas en Carbonorca, Venalum, Bauxilum y Alcasa (las cuatro grandes empresas públicas del aluminio) y en la siderúrgica Sidor, nacionalizada en 2008, se intensificaron a final de año.
De poco sirvió el ofrecimiento de 280 millones de dólares en recursos y un aumento de las inversiones por 1.220 millones de dólares anunciados por el ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz. Ambas declaraciones anunciadas por Chávez y su ministro nunca se concretaron.
Según los sindicalistas, además de incumplir las convenciones colectivas y atrasarse en sus compromisos, incluidos los sueldos, el gobierno de Hugo Chávez también ha criminalizado su movimiento, utilizando a efectivos de la Guardia Nacional para contenerlo y sometiendo a dirigentes a procesos judiciales.
Como telón de fondo de estas protestas que afectaron a diversos sectores está la crisis financiera internacional, que hizo caer el precio del petróleo, generador del 90% de las divisas en Venezuela.
El gobierno redujo las divisas que concede a los importadores en medio de un férreo control de cambio. Esta situación afectó seriamente a la hasta ahora próspera industria automotriz, que se vio obligada a suspender importaciones de autopartes ya que no disponía de dólares para comprar.
Las protestas laborales en este sector fueron abundantes. En algunos casos, como el de la empresa MMC Automotriz, que ensambla Mitsubishi y Hyundai, el gobierno tuvo que mediar para evitar su cierre.
Según Morocoima, en 2009 se vio "una arremetida" contra el movimiento obrero. "Hay un intento del gobierno por eliminar la interlocución de los dirigentes sindicales", sustituyéndola por grupos afines que son verdaderos "brazos políticos", afirma.
En agosto, Chávez anunció el lanzamiento del Plan Socialista Guayana 2019, que tiene el objetivo de formar una gran corporación con las empresas del aluminio, el hierro y el acero.
"No se han hecho las inversiones necesarias que hemos pedido, hay pasivos laborales que aún no se pagan, las cuotas sindicales están retenidas, no podemos realizar actividades. Hay crisis económica y violaciones a los derechos de los trabajadores", declaró Juan Goméz, secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la CVG.
"Esto se agudizará el próximo año, pues la crisis continúa", advirtió.
Las cuatro empresas estatales del aluminio producen un total de 700.000 toneladas al año, pero según fuentes sindicales están operando al 50% de su capacidad y requieren inversiones por unos 5.500 millones de dólares.
En el estratégico sector petrolero también se registraron choques entre el gobierno y los trabajadores, quienes actualmente debaten un nuevo contrato colectivo en el seno de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), donde el sindicato está dominado por el 'chavismo'.
Las protestas estuvieron motivadas principalmente por la anexión de unos 8.500 trabajadores de empresas de servicios tras una nacionalización decretada en mayo de 2009.
El gobierno de Chávez "ha estrangulado" el sistema de protección social, sobre todo en educación y salud, aseguró Morocoima.
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